“Era un clamor social” (Jueces para la Democracia, JpD); “Lo que teníamos no bastaba” (Asociación Profesional de la Magistratura, APM); “Había una laguna legal” (Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, AJFV)... Fue al poco tiempo de hacerla pública los ministros de Justicia e Interior cuando las asociaciones judiciales dieron la bienvenida al unísono a la propuesta del Gobierno de reformar el Código Penal con medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes.

La acogida, sin embargo, vino matizada por los portavoces de las tres asociaciones, que coincidieron al pedir prudencia a la hora de abordar el proyecto del Ejecutivo. “Estas medidas, extraordinariamente positivas, completarán el sistema de justicia del que hoy disponemos y configurarán un marco legal más refinado y perfecto —sostiene el portavoz de la APM, Antonio García—.

Pero habrá que ajustarse escrupulosamente a la Constitución y los derechos fundamentales; recoger todo aquello razonable, sereno y prudente que reclama la ciudadanía”, pues García reconoce que, en ocasiones, la tragedia y el dolor provocados por delitos como el terrorismo o la pederastia derivan en reclamaciones sociales imposibles de asumir por un “Estado de Derecho maduro”. “Necesitamos un Derecho Penal proporcional a la gravedad de los hechos”, concluye.

Desde JpD, Ignacio Espinosa entiende la necesidad de poner coto a los “fallos del sistema” judicial que se han ido evidenciando desde la última reforma del Código Penal. “Son medidas positivas que tratarán de llenar la laguna legal existente para delitos tan graves”, explica Espinosa refiriéndose a las llamadas “medidas postdelictuales’’ (impuestas después del cumplimiento de la condena cuando existe riesgo de reincidencia).

El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados confía en la “suma cautela” de los responsables de aplicar las propuestas concretas de la reforma prevista por el Ejecutivo, como la polémica castración química, aunque subraya que ésta es “voluntaria” y eso la exime de cualquier atisbo de autoritarismo.

Precisamente, en la individualidad de la aplicación de estas medidas, es decir, “el caso de cada persona es diferente y así debe ser estudiado”, insiste el portavoz de la AJFV. Lorenzo del Río cree que la iniciativa del Gobierno es, “en principio, razonable, aunque dependerá de cómo se regule”. Del Río cree que la legislación deber ir acompañada de los medios, “memoria económica incluida, y la pendiente modernización de la justicia”.