Aguirre sostiene que el convenio permite vigilar a personas

El PP madrileño se perdió en su estrategia en el primer día de la comisión de investigación del presunto espionaje en la Comunidad. Falló el tiro. Y quienes le arruinaron su táctica –ahí está lo chocante– no fueron los socialistas, ni IU, sino el otro PP, el del Ayuntamiento de la capital, el de Alberto Ruiz-Gallardón.

Esperanza Aguirre quería demostrar ayer, desde el arranque de la comisión, que el servicio de seguridad que hoy depende del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ya funcionaba desde 1987, desde los tiempos del Gobierno socialista de Joaquín Leguina, y que fue “potenciado” con Gallardón de presidente regional. El portavoz del PP, David Pérez, y los otros dos comisionados de su partido, Juan Soler y Pablo Casado, reiteraron que desde entonces se “vigilaba a personas”. Pérez esgrimió como prueba el convenio único para el personal laboral de la Comunidad, firmado por primera vez con los sindicatos en 1988 y ratificado en todos los posteriores.

Ninguno de los cuatro comparecientes que desfilaron por la Asamblea de Madrid –tres ex consejeros y un jefe de seguridad con Gallardón– avaló tal cosa. Todos incidieron en lo mismo: nunca se hicieron desde ese servicio, ni con Leguina ni con Gallardón, labores de contravigilancia o de escolta, ni seguimiento a personas, ni espionaje. Por una razón: la Comunidad no tiene las competencias legales. Las ostentan sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La desautorización más rotunda llegó a Pérez de parte de Pedro Calvo, hoy concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y consejero de Medio Ambiente entre 2000 y 2003. “No sé qué intentan investigar, pero me parece ridículo que intenten investigar al Gobierno de Gallardón. Es un despropósito que nos hagan comparecer a mí y al señor Carlos Mayor Oreja [su antecesor en el cargo de consejero]. Es como si en una comisión sobre lo que hizo Luis Roldán se llamara a comparecer desde el duque de Ahumada [el fundador de la Guardia Civil] a todos los directores generales hasta llegar a Roldán”. Calvo aún dijo más, visiblemente airado: “Lo importante no es la estructura y la historia de un servicio de seguridad. El problema es cuando se les encarga algo que no deben hacer y además es ilegal”.  

Pérez, Soler y Casado mantuvieron su argumentación. Se asieron al hecho de que en 1987 la Comunidad permitió a los funcionarios del servicio de seguridad llevar armas. Y, sobre todo, a los convenios laborales firmados desde 1988. En ellos, se detalla como competencias del Área de Servicios Generales “el conjunto de actividades o tareas relacionadas directamente con la información y recepción de personas y bienes; con la vigilancia de personas, locales, fincas y enseres”, pero también “la limpieza de dependencias, útiles y maquinaria” o “el lavado, planchado y arreglo de ropa”.

Es decir, las competencias genéricas. Pero cuando los convenios entran a explicitar las funciones de uno de los departamentos del Área de Servicios Generales, el de Seguridad, nada dice de la vigilancia de personas. Este diario requirió a la Comunidad el decreto de competencias del cuerpo de seguridad. En el Gobierno dijeron no encontrarlo, y que tampoco era “importante”.

En el acuerdo del Ejecutivo regional de 14 de febrero de 1985, por el que se aprobó el plan integral de seguridad en edificios e instalaciones de la Comunidad, se consigna eso, que Madrid sólo tiene “plenitud de la función legislativa en materia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, para conseguir que los mismos estén vigilados de forma continua”. De la vigilancia de personas o protección de altos cargos, ni una línea.

 

Pedro Calvo: no se hicieron reformas

Tajante hasta hacer sangre. Pedro Calvo afirmó que, en su etapa de consejero, las competencias de Seguridad que desempeñaba eran “las que tenía y tiene la Comunidad”. A saber, “vigilancia de edificios y coordinación de policías locales; ninguna otra”. Tampoco contravigilancia, vigilancia avanzada o contratación de asesores de seguridad. Sería “ilegal”. Se hicieron, “como mucho”, tareas de “apoyo” a policías o guardias civiles en actos concretos. El PP le mostró el proyecto de “profunda transformación” que quiso acometer Calvo, que incluía un sistema de protección de altos cargos. El edil explicó que perseguía “coordinar” toda la seguridad de Madrid. “No hubo reestructuración”, zanjó.

Carlos Mayor Oreja: dispositivo en Sol

Carlos Mayor Oreja asumió las competencias de Seguridad con Gallardón como presidente durante apenas un año (1999-2000). Fue igualmente explícito: el servicio de seguridad de la Consejería –“pequeño”, repitió tres veces– vigilaba “exclusivamente edificios” y se “concentraba en Sol”, sede de la Comunidad. “Las labores de contravigilancia las hacía la Policía Nacional, que para eso estaba”. Asesores, nada. Partes de seguimiento, tampoco. “Si [el PP] dice que se hizo una labor puntual de apoyo, se haría. Para eso estaba el jefe del servicio. Sólo recuerdo una vez”. PSOE e IU entendieron que con Mayor “quedan derrotadas las tesis del PP”. El popular David Pérez arguyó, en cambio, que no había “desmentido” nada.

Juan Carlos Durán: no se fichó a asesores

Juan Carlos Durán, hoy director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid y en la época de Pedro Calvo, técnico de apoyo de la Dirección General de Protección Ciudadana, se centró en negar que hubiera cualquier “reestructuración” de la unidad. “Se intentaron homogeneizar criterios”, coordinar la acción de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajaban en la Comunidad. Pablo Casado (PP) insistió en que Gallardón “impulsó y potenció extraordinariamente” el cuerpo. Durán le respondió que no pudo llevar a cabo esa reforma. Sólo llegó en su mandato (2002-2003) a resolver el “conflicto laboral” que existía. Y precisó que no contrató a ningún asesor.

Virgilio Cano: poderes de prevención

“La Comunidad no tenía ni tiene voluntad de desarrollo de una Policía autonómica, porque las competencias eran y siguen siendo prevencionistas”, subrayó Virgilio Cano, consejero de Gobernación con Leguina. Añadió que “jamás” hubo informes, partes o notas, ni contravigilancia. Recordó que en aquella época sólo disponía de escolta el presidente del Ejecutivo regional, asignado por el Ministerio del Interior. Después, ya con Gallardón, la protección se extendió a los consejeros, y siempre procedente del Gobierno central. David Pérez se agarró a los convenios de personal: “Había autorización y cobertura para la vigilancia de personas”.