El funcionario instructor del procedimiento de oficio abierto por la Junta de Andalucía sobre las subvenciones concedidas a UGT-A plantea en las conclusiones que ha remitido este martes al Gabinete Jurídico la nulidad de dos ayudas concedidas al sindicato por valor de 1,8 millones de euros vinculadas a programas de información y asesoramiento sobre actividad sindical y negociación colectiva.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que el instructor argumenta la nulidad de estas ayudas 'en que se ha pedido documentación justificativa y no se ha entregado por parte de la central sindical'. Las dos ayudas se concedieron para sendos programas de acción sindical y de negociación colectiva.

A partir de las conclusiones iniciales del instructor, el Gabinete Jurídico debe elaborar un nuevo informe, que será remitido a UGT-A para que formule alegaciones y con posterioridad al Consejo Consultivo, donde se valore si existen o no elementos para acometer 'alguna acción más' además de la vía administrativa 'que sigue su curso', ha explicado Vázquez.

Vázquez ha señalado que UGT deberá dar explicaciones sobre la destrucción de1.756 archivos

Según el portavoz, con el informe del funcionario instructor la Junta está 'cumpliendo con los plazos y actuando con rigor, con todas las garantías para que se llegue hasta el final de la investigación y con total transparencia', lo que, a su juicio, demuestra que es 'proactiva en el esclarecimiento de los hechos'.

En este sentido, ha anunciado que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha pedido la comparecencia parlamentaria a petición propia para informar sobre las conclusiones del informe del funcionario instructor y la marcha de la investigación interna abierta sobre las ayudas a UGT-A.

Una vez que el gabinete jurídico ha recibido esas conclusiones del instructor, tendrá que analizarlas y presentar un informe, que se remitirá en un segundo trámite de audiencia al sindicato para que conozca cuál es el resultado, con la opinión del gabinete jurídico. A partir de ahí, el instructor realizará un informe que elevará al Consejo Consultivo, el cual hará un dictamen 'dando la razón o no a la petición' que se hace por parte de la instrucción de la Junta.

Ha indicado que el gabinete jurídico debe ser el que diga a la Junta si hay que tomar algún tipo de acción más (de índole jurídica), además del procedimiento administrativo que está abierto y sigue su curso, toda vez que se está analizando un total de 17 expedientes sobre ayudas a UGT-A (los dos que tienen conclusiones del instructor y otros 15 que están en diferentes fases), con una suma global de 7,5 millones de euros. Ha precisado que esa no tiene por qué ser la cantidad cuya devolución se solicite finalmente.

Según ha explicado, ha indicado que en función de las resoluciones de la instrucción (una comisión integrada por funcionarios) y del Consejo Consultivo, se dictaminará qué parte de esas ayudas concedidas ha sido bien usada en términos de legalidad y qué parte no lo ha sido y tiene que ser devuelta.

'Como administración queremos que se esclarezcan los hechos', ha indicado el portavoz

En cuanto a la información que se ha conocido este martes de que la dirección de UGT en Andalucía denunciará ante el juzgado la destrucción de 1.756 archivos informáticos en un 'borrado interno' dentro del sindicato entre los meses de enero y junio, Vázquez se ha limitado a señalar que tendrá que ser el sindicato el que dé explicaciones sobre ese borrado y ha confiado en que ese hecho 'no perjudique el trámite de investigación, porque sería contraproducente' para conseguir aclarar completamente los hechos y para la propia defensa del sindicato.

'Nosotros como administración lo que queremos es que se esclarezcan los hechos', según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, quien ha valorado que UGT-A haya expresado que esté dispuesto a devolver a la Junta el dinero de unos maletines que adquirió y que supuestamente fueron falsificados en Asia. Vázquez ha indicado que si el sindicato da ese paso voluntariamente, mejor, porque pondrá de manifiesto su voluntad de colaborar en la resolución de la investigación que está abierta.

Preguntado sobre qué ha fallado para que la administración no detectara lo que estaba ocurriendo, Vázquez ha manifestado que la Junta ha obrado en todo momento de buena fe y recibió en su día una documentación del sindicato validada, con su CIF, y unas facturas 'originales' conformes a la ley. En este sentido, ha recalcado que la tramitación se ajustó perfectamente al procedimiento, si bien se ha conocido a posteriori, a través de informaciones que se han publicado en medios de comunicación, que pudo haber algún tipo de irregularidad por la existencia de facturas falsas.

'La Junta no puede perseguir lo que no existe', ha señalado Vázquez

'Pero la documentación acreditativa que se presentó para la justificación era la que demandaba la ley y recibió la validación por parte de los órganos administrativos competentes', según ha explicado Vázquez, quien ha expresado que era 'imposible' detectar una irregularidad 'si la factura era correcta'.

En cuanto a si la Junta se plantea hacer revisión general de ayudas que se conceden, ha querido dejar claro que la Junta va a estar vigilante siempre para que haya un uso decente y honesto del dinero público, si bien ha indicado que una revisión general de todas las ayudas sería 'poner en duda' no solo a la organización a las que se le conceden, sino también a todo el dispositivo administrativo, que ha trabajado con una documentación legal. 'La Junta tiene que actuar donde ve que hay un caso que sea perseguible y no puede perseguir lo que no existe', ha señalado Miguel Ángel Vázquez.

Respecto al hecho de que el PP-A haya solicitado la comparecencia del secretario general de UGT, Cándido Méndez, en el Parlamento, el portavoz ha indicado que esa es una decisión que corresponde adoptar a la Cámara, si bien ha estimado que 'no es necesaria' dicha comparecencia. En su opinión, lo único que pretende el PP-A es hacer 'ruido para sacar rédito electoral', en lugar de sumarse a la Junta para esclarecer los hechos.

Ha lamentado que el Partido Popular no sea tan exigente consigo mismo como con los demás, recordando que ha vetado en el Parlamento 37 peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el caso Bárcenas o Gürtel.