Desde su eclosión, el Movimiento 15-M ha articulado sus actuaciones a través del principio de la desobediencia civil no violenta. Sus integrantes, por ejemplo, nunca han pedido autorización para manifestar en calles y plazas su descontento con el sistema político y económico. Pero algunos de ellos, 'varias decenas', según fuentes del movimiento, ya han comenzado a sufrir las represalias de estas acciones en forma de sanción económica.

Este es el caso de Laura (nombre ficticio), que recibió hace unos días una notificación en la que la Delegación del Gobierno en Madrid le informa de que debe hacer frente a una multa de 300 euros. Se le acusa de 'desobedecer el mandato de la autoridad o de sus agentes' durante un acto celebrado el pasado septiembre en las inmediaciones de la Bolsa de Madrid y en el que docentes, activistas e intelectuales alertaron en varias ponencias sobre la necesidad de regular los mercados financieros y limitar su influencia sobre la vida política.

Laura afirma que 'nunca' desobedeció a los agentes que le pidieron la documentación y declara que incluso llegaron a asegurarle que su identificación no conllevaría una sanción. Esta joven dice que se limitó a participar en un 'acto formativo' en la calle, por lo que considera que la multa es un 'atropello a los derechos fundamentales'.

Participantes del 15-M declaran que estas multas y cómo afrontarlas es una cuestión que 'preocupa' dentro del movimiento. Tanto es así que en la asamblea general de la Puerta del Sol se ha llegado a hablar de la creación de una 'caja única' para hacer frente a los pagos 'de forma colectiva'. No obstante, fuentes internas admiten que llegar a un acuerdo será 'complicado' porque hay mucha gente reacia a mezclar dinero y 15-M o que se niega a pagar las multas.

Aunque no hay nada cerrado y parece que no vaya a llegarse a un acuerdo en el corto plazo, se maneja la posibilidad de recaudar fondos a través de internet o mediante la realización de algún evento.