La recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio llegará a la mesa del Consejo de Ministros la próxima semana, según fuentes gubernamentales. Tras haber pasado por el sí, no, tal vez y ya veremos, el Gobierno elevará la presión fiscal sobre los ricos haciéndoles pagar por su patrimonio. Se adelanta al programa electoral del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había anunciado un impuesto para las grandes fortunas en su programa electoral.

El Gobierno tiene tiempo para hacerlo, como dijo hace unos días el portavoz del Gobierno, José Blanco. No necesita un proyecto de ley ni la consiguiente tramitación parlamentaria; le basta aprobar un decreto que elimine la bonificación del 100% del impuesto que aprobó hace casi cuatro años y que lo suprimió en la práctica a partir de 2008.

Volver a gravar el patrimonio no sería mal recibido internamente por el Partido Popular, aunque públicamente muchos digan que este tributo no sirve para nada. Ayer, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, anunció que llevará una iniciativa al Parlamento autonómico 'para instar al Gobierno de España a recuperarlo'. Además, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, insiste en que él nunca hubiera suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio.

La recaudación de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas y ascendió en 2007 (último año que se declaró) a 2.121 millones de euros. Más de la mitad de esos ingresos se obtuvo de declarantes con bases imponibles superiores a un millón y medio de euros. El Consejo de Ministros podría decidir que el Impuesto de Patrimonio se pagara a partir de un patrimonio elevado en torno al millón de euros, con lo que anularía las principales críticas que se hacen a este impuesto en el sentido de que afecta a las clases medias y no a los ricos.

El patrimonio total declarado en el último año de vigencia del impuesto se elevó a 761.436 millones de euros, de los cuales el 70% correspondía a acciones, deuda pública o depósitos bancarios. La vivienda habitual estaba exenta hasta un valor de 150.253 euros por declarante. Tampoco tributaban los empresarios por las acciones de su compañía (bastaba tener un 5% individual o 20% familiar) si ejercía labores de dirección y cobraba al menos la mitad de sus ingresos de ella.

Zapatero tomó finalmente la decisión de suprimir el impuesto cuando un empresario le explicó por teléfono que él no pagaba nada gracias a las exenciones que tenía el tributo. Ahora dará marcha atrás a aquella decisión.