Fuerte dispositivo policial en torno a la sede de Les Corts en Valencia, donde hoy está previsto que se celebre la investidura de Francisco Camps como president de la Generalitat. La presencia de los agentes se debe a los hechos de este miércoles en Barcelona, donde la situación a estas horas es mucho más tranquila, sin presencia de 'indignados'. 

Al Parc de la Ciutadella han llegado a pie y con absoluta normalidad los diputados que vuelven al Parlament tras la tensa jornada de ayer, en la que muchos fueron insultados, empujados e incluso rociados con sprays, lo que obligó a Artur Mas, president de la Generalitat catalana, a llegar al edificio en helicóptero. 

Nada que ver con la situación de este jueves. A pie, en taxi o en coche oficial, los diputados han entrado desde primera hora de la mañana al recinto del parque, donde se halla el Parlament. No obstante, las personas que pretendían hoy acceder a la Ciutadella para pasear o hacer ejercicio físico no han podido entrar en el parque porque los Mossos d'Esquadra impiden por el momento el acceso al público.

Los agentes de los Mossos que custodian los accesos piden la identificación para dejar entrar a políticos, trabajadores de la cámara y periodistas, mientras otros patrullan dentro del recinto del parque, donde se encuentran aparcadas más de una docena de furgonetas de los antidisturbios.

La tensión puede trasladarse ahora a Valencia, donde se ha convocado una concentración frente a Les Corts a las 10 de la mañana. Esta convocatoria ha provocado que los accesos a la cámara estén bloqueados con vallas metálicas, de modo que la calle Navellos, por la que se accede a la puerta principal, está cortada a los peatones, que deben rodear el edificio  por las calles Franciscanos o de la Unión. El acceso secundario por la calle Libertad también permanece cortado por la Policía.

La convocatoria anima a acudir a Les Corts porque 'el imputado y reelegido president de la Generalitat, Francisco Camps, asumirá el poder de la autonomía mañana (por hoy jueves) en Les Corts'. 'La ciudadanía exige no contar con delincuentes en el órgano de gobierno que le representa', añade.