El juicio contra Francisco Camps por soborno en el llamado caso de los trajes, cuya apertura ordenará más que previsiblemente el juez José Flors en abril, promete ya un otoño negro al PP. Si, como todos los datos apuntan, Flors decide sentar en el banquillo al president valenciano por un delito continuado de cohecho, la vista oral con jurado se celebrará en octubre o noviembre. Justamente en un periodo clave para el PP y Mariano Rajoy en su batalla por derribar a los socialistas y volver a la Moncloa en la primavera de 2012.

Una vez que, el 27 de enero, Flors cerró la instrucción del caso de los regalos hechos por la red Gürtel a Camps, no hay plazos estrictos. Pero sí aproximados. Y, tras el demoledor escrito de acusación presentado por la Fiscalía, el reloj corre en contra del PP. Según fuentes del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), las defensas de los cuatro imputados tendrán hasta finales de marzo para presentar sus conclusiones provisionales. Cuando las reciba, el juez debe convocar de inmediato una audiencia preliminar en la que ambas partes, acusaciones y defensas, expondrán sus respectivas posiciones en presencia de Camps y los otros tres investigados. Finalizada esa audiencia, el magistrado debe resolver en tres días. Si decreta la apertura de juicio, su decisión será inapelable. Y eso ocurrirá no más tarde de abril, en plena precampaña para las locales y autonómicas del 22 de mayo.

En ese momento, Flors dará el relevo al magistrado que vaya a presidir el juicio. Los trámites para la vista la selección de los miembros del jurado, uno de los más importantes demorarán su celebración hasta octubre como mínimo.

Si, pese a los postulados que ha mantenido en la instrucción, Flors se inclina por el archivo, las dos acusaciones -Anticorrupción y el PSOE- podrán recurrir. Pero la hipótesis de un cerrojazo judicial parece hoy inverosímil. Y lo parece a la vista de cómo se ha desarrollado la instrucción, abortada en agosto de 2009 por el entonces presidente del TSJCV y reabierta en mayo de 2010 tras una sentencia del Supremo que ya sugería la existencia de fines turbios en los regalos de trajes a Camps y subrayaba la 'opacidad' de tales dádivas.

No obstante, y también a la vista del nulo entusiasmo con que el tribunal valenciano ha afrontado desde el principio la investigación del caso Gürtel, negándose a indagar más allá de los trajes, nada puede descartarse con rotundidad. Tras el relevo de Juan Luis de la Rúa como presidente del TSJCV, el tribunal tiene previsto anunciar antes de las elecciones del 22-M si investigará o no la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

Y ese elemento complica aún más las cosas para el PP. Porque, aun a falta de nominación oficial, Camps ya ha sido confirmado por su partido para optar a un tercer mandato. Y su carrera electoral hacia las autonómicas del 22-M puede deparar al PP una gran paradoja: la de que Camps gane en las urnas pese a anunciarse su procesamiento para enfilar su mandato como el único presidente autonómico en ejercicio juzgado por soborno e investigado por financiación ilegal. En ese caso, el gran damnificado sería Rajoy, forzado a emprender la recta final hacia 2012 con la rémora de un procesado por soborno sujeto a una eventual condena.