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El paraguayo vota; el uruguayo, no

Las elecciones municipales de mayo abren por primera vez las urnas a unos 350.000 ciudadanos extracomunitarios.

 

ÁNGEL MUNÁRRIZ

En España pueden votar los paraguayos, pero no los uruguayos. Pueden acudir a las urnas los de la UE y los de Nueva Zelanda, pero no los de China, Marruecos o Argentina. El criterio es claro: aquí puede votar un extranjero con residencia legal y no en todas las convocatorias sólo si el español puede hacerlo en su país. Es decir, si es comunitario o de uno de los diez países con los que España tiene firmado un acuerdo de reciprocidad [ver infografía], aunque a estos últimos también se les exige cinco años de residencia legal.

El último informe de 2010 de la Secretaría de Estado e Inmigración recoge que en España había, el 30 de septiembre, 4,73 millones de inmigrantes regulares. De ellos, 1,47 tienen derecho al voto en las municipales del 22 de mayo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE): 1,12 por ser comunitarios y 350.000 por ser de países cuyos gobiernos tienen pactos de reciprocidad. Quedan 3,26 millones, entre mayores y menores de edad.

El no europeo sólo puede votar aquí si el español puede hacerlo en su país

Ni el INE ni Trabajo tienen exploraciones sobre cuántos de estos 3,26 millones cumplen los requisitos que se les exigiría para votar de ser españoles. No hay cifra oficial de cuántos se quedan fuera sólo por su país de origen, pese a ser mayores de edad y tener todo en regla. Las 51 ONG de la plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s denuncian que la cifra se acerca a los dos millones. Ello supondría que casi dos millones de mayores de edad en regla no pueden ejercer el sufragio bien porque su país de origen no tiene un acuerdo con España o porque, aunque sus países tienen acuerdo, llevan menos de un lustro viviendo legalmente aquí. El resto pierde el derecho por minoría de edad o problemas administrativos.

Las municipales del 22 de mayo marcará un hito. Además de los ciudadanos de la UE, que ya tienen derecho al sufragio activo (votar) y pasivo (ser votado) en europeas y locales, accederán por primera vez a las urnas 350.000 extranjeros de los diez países no comunitarios con los que España tiene acuerdos de reciprocidad. Luego sólo podrán votar los que hayan tramitado su inscripción en el censo. El plazo, que en principio terminaba el 15 de enero, fue ampliado ante la escasez de inscripciones y las dudas de los ayuntamientos y acabó el 25.

El INE asegura que en breve se conocerá el número de inscritos. 'Tememos que 300.000 se queden fuera. Ha habido mucha desinformación y trabas burocráticas', afirma Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge y miembro de Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, que pide abrir el sufragio a todos los legales en todas las elecciones.

'Ser ciudadano no es sólo votar', recalca el sociólogo Albert Balada

Los acuerdos de reciprocidad están sujetos a criterios coyunturales. 'España está abierta a firmar con todos', aseguran desde Exteriores. Araguás opina que el factor diplomático acaba pesando: 'Para dos ciudadanos en igualdad de circunstancias, tener derecho al voto dependerá del país de origen y sus relaciones con España. No nos parece justo'.

Hay negociaciones en marcha para el acuerdo con Argentina y Venezuela, entre otros países. Pero será difícil alcanzarlo con Marruecos (758.900 legales en España), China (152.853) y la mayoría de países africanos, que suman casi un millón. 'Votar sería bueno para nuestro sentimiento de pertenencia', cree David Tan, que trabaja en Madrid en una organización para la integración de los chinos. Ignacio Urquizu, doctor europeo en Sociología, añade: 'Si pagan impuestos, lo lógico es que elijan quién los gestiona, ¿no?'.

Albert Balada, sociólogo y politólogo, subraya que ser ciudadano no es sólo votar. 'Es también optar a unos servicios, por ejemplo', afirma. Balada recalca que la demanda del derecho al voto entre los inmigrantes en España es todavía débil: 'Muchos, pudiendo optar a nacionalizarse, ni siquiera lo hacen'.

El chileno Víctor Sáez, presidente de la Federación de Inmigrantes, que agrupa a 87 asociaciones, celebra que se estén dando 'pequeños pasos'. Pero advierte: 'A medida que se quisiera ir incorporando a esos dos millones que ahora se quedan fuera, la derecha reaccionará'.

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