En un clima de hartazgo e indignación, una multitud se echó este sábado a la calle en Sevilla para exigir a José Antonio Griñán que frene su reforma del sector público andaluz y la empiece de cero. El decreto de julio encendió un descontento que la Junta no ha logrado apagar ni con su acuerdo con CCOO y UGT, ni con su nuevo decreto de diciembre, ni con la tramitación parlamentaria en curso. Decenas de miles de personas -la mayoría trabajadores públicos y opositores- se manifestaron en su segunda exhibición de rechazo a la reforma, tras la de noviembre.

José María Herrera, portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), cifró 'entre 70.000 y 80.000' los asistentes, algo que hasta los entusiastas veían exagerado. El sindicato CSIF, una de las 14 asociaciones convocantes, dejó la cifra en 50.000. Policía local y nacional señalaron a Europa Press que habían sido 'entre 7.500 y 8.000'. No obstante, agentes que seguían la marcha a pie afirmaron haber visto 'pocas manifestaciones así' y daban por buena una cifra superior a 20.000. Datos aparte, la manifestación ofreció esas imágenes masivas de calles atestadas de gente bajo un abigarrado mar de banderas que convierten en un éxito innegable toda protesta. Y eso sin el apoyo de CCOO y UGT.

La idea de que la reforma generará 'enchufismo' ha calado muy hondo 

Hizo frío, pero lució el sol. Encabezada por un cartel que rezaba 'Por un sector público de calidad, no a la privatización', la marcha arrancó en el Palacio de San Telmo a mediodía y se disolvió frisando las tres de la tarde junto al Parlamento. Lola Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Opositores y Funcionarios, leyó allí el manifiesto consensuado, que exigía 'derogar los decretos 5 y 6 de 2010 y paralizar el actual trámite parlamentario, que consideramos un mal clon'. 'No queremos -añadía- que se fomente la administración vertical con intereses partidistas y que, a golpe de ordeno y mando, de arriba a abajo, se presione a los empleados públicos, despojados de herramientas jurídicas para ejecutar su imparcialidad'.

Según los sindicatos (CSIF, Ustea, Safja, SAT, USO...), la reforma genera incertidumbre, opacidad y discrecionalidad; compromete la independencia del trabajador, sometido a cargos medios y altos designados por criterios ajenos al mérito y la capacidad; abre la puerta a una confusión entre funcionarios y empleados sin oposición; abona el camino a la privatización... La palabra 'enchufismo' circulaba por doquier. Muchos admitían que el decreto ha sido el detonante, pero que el cabreo de la mayoría viene de atrás y no es ajeno ni al recorte de sueldo ni al deterioro general del tejido público. 'Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba', fue uno de los cánticos más coreados.

Los manifestantes quieren paralizar también el trámite parlamentario 

Las agencias públicas estaban en el centro de todas las críticas. 'Esto mete a unos recién llegados en el mismo bombo que a nosotros. ¿Y por qué lo negocian con CCOO y UGT, que no son más del 30% aquí. Se tenía que haber visto en la mesa sectorial', protestaba Carlos, de 40 años, funcionario en la Consejería de Turismo, que presumía de saberse el decreto al dedillo. Un veterano empleado público de Córdoba, que prefería no dar su nombre, protestaba: 'Me van a pasar de fijo a indefinido'. Pero eso no lo dice el decreto. 'No lo he leído' admitía, antes de empezar a porfiar de repente contra 'los políticos corruptos'.

María Teresa, de 53 años, no se manifestó cuando le bajaron el sueldo porque, como mujer de izquierdas, creía que le tocaba 'arrimar el hombro'. ¿Qué pierde ahora con el decreto? 'Yo nada. Soy funcionaria de Empleo en Granada con doble adscripción y puedo volver a depender del Estado. Es por el deterioro del servicio. Queremos independencia y no depender de los niñatos Loreal, enchufados porque ellos lo valen', explica. 'Yo soy director de una oficina de empleo en Dos Hermanas', cuenta Pedro Javier Rebollo, de 48 años y liberado sindical de CSIF. 'El próximo director entrará sin oposiciones', pronosticaba. Y añadía: 'Respecto a que estamos con el PP, digo bien claro el PP ha sido el partido que peor ha tratado a los funcionarios'.

Enrique Ogallas, de 41 años, asesor de microinformática en Córdoba, afirmaba: 'Mis posibilidades de promoción se han ido por el desagüe. Cuando coloquen a todos los amigos del PSOE, no quedará tarta para nadie'.