Un coche Mini Cooper y viajes a Andorra e Ibiza. Estos son los obsequios que, según el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, recibió la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), de mano del constructor Enrique Ortiz a cambio de diseñarle a medida el mapa urbanístico de la ciudad. El informe del fiscal está fechado el 17 de junio y pide la imputación para Castedo por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno.

Esta acusación coloca a la primera edil en el epicentro del caso Brugal, un escándalo de corrupción con numerosas ramificaciones que afectan a la gestión provincial de la basura y a la ordenación urbanística de Alicante. Por ahora son un centenar los imputados, entre ellos el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mano derecha, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como también los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Fue la propia Castedo quien dio ayer a conocer el informe del fiscal en una rueda de prensa convocada minutos antes y en la que no aceptó preguntas 'por consejo' de sus 'asesores y abogados'. La primera edil negó haber favorecido a ningún constructor y tildó de 'retahíla de despropósitos' los regalos que, según el fiscal, 'son coincidentes en el tiempo con las distintas gestiones efectuadas en favor de Enrique Ortiz en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)'.

El dossier señala que Castedo pidió al constructor que obsequiara con un turismo Mini Cooper a una persona de su confianza. 'No existió tal regalo', apostilló la alcaldesa, al tiempo que empuñó 'facturas' que, según su versión, demuestran que compró este vehículo y corrió con 'los gastos derivados de los servicios de una gestoría y su tramitación ante la Jefatura de Tráfico'. Otra de las 'dádivas' que apunta el informe es la de dos viajes a Andorra, en 2008 y 2009, y uno en yate con familiares a Ibiza durante el verano de 2009. Castedo reconoció haber realizado las tres travesías, aunque sólo acreditó con recibos las estancias en Andorra. Unas facturas a las que tampoco tuvieron acceso los periodistas 'por tratarse de asuntos personales', justificó.

Pero la alcaldesa de Alicante no sólo recibió regalos, según el informe. También medió ante Ortiz para que ocupara en sus empresas a gente de su confianza. Algo que la alcaldesa no sólo reconoció, sino que también defendió y anunció que no dejaría de hacerlo. 'A la alcaldía llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo no sólo en las empresas de Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo', subrayó.

El nombre de Sonia Castedo apareció en 2008 en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Es ahí donde se desgajan los presuntos delitos que salpicarían a la primera edil. El primero de ellos se refiere a un supuesto trasvase de información privilegiada a Ortiz sobre el PGOU de Alicante en julio de 2008, cuando Castedo desempeñaba el cargo de concejala de Urbanismo a las órdenes Luis Díaz Alperi. Según el informe del fiscal, Castedo le proporcionó a Ortiz el plano del plan general antes de que se publicase.

En segundo lugar, el informe del fiscal relata 'diseños a la medida de Ortiz' en relación a los índices de edificabilidad de determinadas zonas. Finalmente, Briones también denuncia que Castedo aceptó que su departamento de Urbanismo ayudara al constructor en la remodelación y recalificación -posteriormente frustradas- del Rico Pérez, estadio donde juega el Hércules, el club del que es máximo accionista el promotor alicantino.

Castedo, arropada en todo momento por su equipo, rechazó las tesis del fiscal, aunque reconoció las relaciones con Ortiz, pese a que no consiguió 'nada de lo que pidió, ya que no hubo trato de favor a Ortiz ni a empresario alguno'. La primera edil interpretó el informe como 'un intento de hacer ruido y despertar el morbo mediático' para afectar a su 'imagen'. 'No es un asunto judicial, es el comienzo de la campaña electoral', apostilló.