El escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid estalló ayer con gran virulencia con la dimisión del director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón, y el despido fulminante de su ex esposa Yolanda Laviana, hasta ayer secretaria del presidente deTelemadrid, Manuel Soriano.

Gamón, que presentó su renuncia al consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, está imputado por malversación de fondos en la supuesta trama de espionaje del Gobierno regional al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Yolanda Laviana está destrozada por el cese y piensa recurrir

El lunes pasado, su ex mujer, Yolanda Laviana, afirmó en una entrevista en El País que Gamón investigaba desde 2006 a Prada y que iba transmitiendo todos sus movimientos a Ignacio González, vicepresidente autonómico. También contó que cuando Granados pasó a ser su jefe directo, Gamón se alegró de la designación porque, de ese modo, iba tener 'carta blanca' para actuar.

La renuncia de Gamón, según mantienen fuentes del Ejecutivo autonómico se debe 'a motivos personales'. Tras conocer las declaraciones de Laviana, Esperanza Aguirre dijo que pensaba pedir todas las explicaciones 'necesarias' para comprobar si lo que decía era verdad, y señaló que era importante enmarcar estas palabras en un divorcio 'muy difícil'. La presidenta madrileña aceptará hoy en el Consejo de Gobierno el cese de Gamón.

Los que le rodean aseguran que este estaba dispuesto a soportar 'la presión profesional' pero que le parecía desmedido que se trasladase hasta el terreno personal. 'Le parece tremendo que los temas privados salten a los medios', señalaban desde la Comunidad.

El PSOE pide a Aguirre que 'asuma su responsabilidad política'

Las alusiones de Aguirre a la separación de la pareja han causado estupefacción y dolor en la que llegó a ser su secretaria como presidenta del Senado, cargo que tambiéndesempeñó para Juan José Lucas, otro peso pesado del PP. Fuentes próximas a Laviana explicaron ayer que estaba destrozada por el cese, que recurrirá, específicamente por las alusiones públicas a su divorcio.

En torno al mediodía, el subdirector general de Telemadrid, Ángel Martín, se personó en su despacho acompañado por el jefe de Recursos Humanos.

Fuentes conocedoras de la conversación explican que ambos estuvieron al menos media hora charlando de asuntos sin trascendencia. Hasta que le espetaron: 'Ser secretaria del presidente [de Telemadrid] es incompatible con hacer declaraciones públicas a un periódico como El País'. Luego le emplazaron a recoger sus cosas y marcharse. El Comité de Empresa reconoció a Público que se había enterado por los medios de comunicación y que no tenían ningún tipo de 'comunicación con ella'.

'Es un cargo discreto y de confianza. Lógicamente, tras su entrevista, había dejado de serlo', señalan fuentes del PP de Madrid. En el partido todos dan por hecho que Aguirre está detrás de las dos salidas. Algunos dirigentes conservadores destacan que la situación era ya 'insostenible' y que, con ello, ha querido evitar más problemas. Algunos recuerdan que con el caso Gürtel echó a varios imputados. Pero, lo cierto es que este es el primer cese del caso de los espías, donde hay varios imputados más.

Para Gamón fue ayer un día negro. El jefe de Seguridad se había presentado a los exámenes para ser inspector jefe en julio del año pasado. Ayer se conocieron las notas. Fuentes policiales cuentan que había suspedido, informa Pedro Águeda.

Las reacciones no se hicieron esperar. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que todo lo ocurrido 'demuestra que hubo espionaje político' y que Aguirre 'debe asumir sus responsabilidades políticas', en vez de reducirlo a un 'lío familiar'.

'El despido de la señora Laviana tras testificar públicamente que hubo espionaje pone de manifiesto el absoluto control de Telemadrid por parte de la presidenta y la dimisión presentada por Gamón significa un sálvese quien pueda en un asunto en el que Aguirre tendría que haber tomado decisiones hace mucho', denunció en un comunicado el PSOE.

Menéndez insistió en que el espionaje político se ha realizado con cargo a fondos públicos y que ha sido llevado a cabo por trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid. El PSOE quiere que Laviana comparezca como testigo en la causa.

El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, también criticó que la presidenta madrileña quisiera presentar como 'un culebrón venezolano' y vender como 'un problema de pareja', cuando lo que hay es un 'problema de fondo en el PP'.

Gordo señaló que Aguirre había vuelto a actuar 'como otras veces', al igual que con la salida del consejero de Sanidad, Juan José Güemes: un 'cese inmediato' y ahora a Gamón le queda el 'papelón' de decir que lo ha querido él.

Cesado en julio de 2008

El ex policía Sergio Gamón fue cesado como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid tres semanas después de que supuestamente sustrajera un ordenador del despacho de Juan Carlos Fernández, número dos del ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada, a quien Aguirre había pagado con su cese por el apoyo brindado a Mariano Rajoy tras su segunda derrota electoral.

Se revela el espionaje

En enero de 2009, ‘El País' publica que antiguos miembros de Policía y Guardia Civil, contratados en la Consejería de Interior de Francisco Granados, realizan labores de espionaje para su jefe. El consejero lo niega, pero informaciones posteriores detallan seguimientos a Prada y al número dos del Ayuntamiento, Manuel Cobo, durante la tormenta interna que vivió el PP tras las generales.

El PP ignora la trama

La mayoría del PP en la Asamblea de Madrid permite cerrar la comisión de investigación abierta en su momento exculpando al Gobierno de Madrid. Rajoy había ordenado una investigación interna que se cerró en poco tiempo y no ofreció ningún resultado. A pesar de ello, el caso acaba en un juzgado de Madrid.

Cuatro imputados

El juez imputa en julio de 2009 a tres ex guardias civiles y al propio Gamón, que ejercía como su jefe. Este había sido recolocado por Aguirre en un puesto sin atribuciones por el que cobraba 90.000 euros anuales.