El escándalo de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica vivió ayer un nuevo capítulo en España, con la imputación de dos religiosos de la orden de los Franciscanos de la Cruz Blanca. En esta ocasión, se trata de presuntos abusos sexuales y malos tratos a varios menores discapacitados de la Casa de San Francisco de Asís, un centro que la congregación gestiona en Córdoba.
Los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad andaluza se remontan al pasado 7 de octubre, cuando la policía recibió un escrito anónimo que denunciaba abusos sexuales a un interno por parte de un colaborador externo. Esta persona, un aspirante a entrar en la orden, fue detenida y permanece en la prisión de Córdoba.
El fiscal pide para este hombre seis años de cárcel por abusos sexuales cometidos contra un interno que padece un 86% de retraso. La congregación, que supo de los hechos con anterioridad a la denuncia y había adoptado medidas internas, ha pagado 5.000 euros a la familia de la víctima en concepto de indemnización, según fuentes de la orden.
La investigación no se detuvo en este caso. Ayer se levantó el secreto del sumario, que confirmó la gravedad de los hechos. La investigación imputa a otros dos religiosos de los Franciscanos de la Cruz Blanca, muy conocida en Andalucía por su trabajo con los colectivos más desfavorecidos. Uno de los responsables de esta orden es el popular padre Pateras, que desde Algeciras (Cádiz) trabaja para la integración de los inmigrantes que cruzan el Estrecho.
Los dos franciscanos declararon ayer ante el juez. Uno de ellos es Manuel Ortiz, conocido como padre Manolo, responsable del centro, a quien se acusa de un delito de abusos sexuales y otro de maltrato habitual. El otro religioso, de quien sólo se conocen sus iniciales, F. G., ha sido imputado por abusos sexuales. Fuentes judiciales consultadas por Público prevén que un tercer religioso podría ser llamado a declarar en los próximos días.
Tras declarar durante media hora, el juez puso a ambos en libertad con cargos y decretó, como medida cautelar, que no puedan acercarse al centro o comunicarse con los trabajadores o residentes del mismo. En la actualidad, la Casa de San Francisco de Asís acoge a 50 pacientes.
Al conocerse los hechos, el Obispado de Córdoba emitió un comunicado en el que aseguraba haber 'actuado en el ámbito de su competencia, buscando siempre el bien de las víctimas y tomando las medidas pertinentes para esclarecer la responsabilidad a que hubiere lugar'.
Del mismo modo, la diócesis se ha puesto a disposición de la Justicia para esclarecer el caso. Su portavoz, Juan José Jiménez, aclaró posteriormente que la fiscalía les había informado sobre la investigación hace un mes y que, desde entonces, habían colaborado 'plenamente'.
Por otro lado, y según informa Efe, los trabajadores del centro se mostraron sorprendidos por la imputación de los dos religiosos. Una limpiadora explicó que Manuel Ortiz es una persona que ha hecho mucho por los internos discapacitados. Tras asegurar que el centro funciona con normalidad, la mujer insistió en que nunca notó nada extraño.
Por otra parte, vecinos de la zona mostraron su admiración por la orden religiosa y la labor que desarrollan en el cuidado de enfermos, al tiempo que sostuvieron que nunca presenciaron ningún incidente de este tipo.
El caso del fraile carmelita de Castellón que fue apartado por su comunidad al llegar una denuncia de supuestos abusos sexuales a un monaguillo parece dar la vuelta por momentos, para mayor disgusto de los feligreses. Hace pocos días, el religioso negó 'categóricamente' las acusaciones, e informó de que las medidas cautelares adoptadas por la orden fueron suspendidas tres días después de ser dictadas.
Algunos de los padres cuyos hijos van a recibir la comunión a lo largo de este mes en las parroquias gestionadas por los carmelitas en Valencia han querido asegurarse de que el presunto abusador no participe en estas ceremonias. Varias familias, incluso, han llegado a cambiar a sus hijos de parroquias al no conseguir de los religiosos la total seguridad de que el carmelita denunciado no vaya a acercarse a los niños.
Especialmente preocupante es el caso de una parroquia de Valencia, donde el fraile asistió a los 12 grupos de catequesis que comulgarán por vez primera los dos últimos fines de semana de mayo.
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