Salir del entuerto sigue siendo difícil. Aunque ayer lo era menos que días atrás. PSC y ERC confían en que sus concejales en Vic (Barcelona), que son socios de gobierno del alcalde de CiU -quien hace unos días anunció que dejará de empadronar a los sin papeles-, reculen en breve.

El Govern espera que retiren su apoyo a la polémica iniciativa, que ha cosechado críticas de colectivos sociales de dentro y fuera de la ciudad, y también del Ejecutivo central. La Generalitat, que se cree en una posición 'mucho más delicada' por el papel de PSC y ERC en Vic, ha optado por no desautorizar públicamente nada ni nadie, por un silencio muy calculado.

Tanto el Gobierno catalán como los dos partidos, que han evitado censurar a sus ediles 'porque sería peor', presionan a los concejales implicados 'sin que la cuerda se rompa' con expedientes o medidas disciplinarias de cualquier tipo. Buscan alternativas que cristalicen en unos días.

Ayer, en el primer pleno municipal que se convocaba tras la decisión de Josep Maria Vila d'Abadal, que aún tiene el apoyo de los cuatro ediles socialistas y los dos republicanos, el asunto se trató a instancias de ICV, que no forma parte del equipo de gobierno de la ciudad y discrepa de la decisión. El único edil ecosocialista sí es coherente con la posición de su formación. ICV espera que PSC y ERC resuelvan rápido una situación que podría amenazar la estabilidad del tripartito de José Montilla si se extiende a otros municipios.

El consistorio vive un tenso pleno en el que sólo Anglada se siente cómodo

El ultra Josep Anglada, jefe de la oposición en Vic y líder de la xenófoba Plataforma per Catalunya, seguía jactándose ayer de cómo sus propuestas hacen mella 'en el muro' que hasta hace unos días era el equipo municipal.

Y mientras el alcalde se reafirmaba, los portavoces del PSC y ERC admitían en medio de un clima de tensión que ellos compartían la medida. Sin embargo, aclaraban que si llegan informes jurídicos 'de instancias superiores' que, en la línea de lo afirmado por el Gobierno y por el president Montilla, determinaban lo ilegal de la medida, recularán.

Fuentes de la Generalitat se aferraban al compromiso, pero aseguraban que no pueden elaborar informes sobre una pretensión sólo verbal y que aún no es un bando o una ordenanza interna en 'negro sobre blanco'. Cuando la haya, afirmaron, el gabinete jurídico del Govern dictaminará. Igual harán entidades municipalistas catalanas -que ya emitieron una recomendación de no negar empadronamientos- e incluso la Diputación de Barcelona. Y se espera que lo haga el Gobierno.

Sectores de ERC en el Govern lamentaron que el ministro Celestino Corbacho, 'que redactó la Ley de Extranjería que da alas a Vila d'Adabal', sea el más duro con el consistorio. Y es que el ayuntamiento dice que cumple los requisitos que la norma le marca. Pero obvia la Ley de Bases de Régimen Local que, según las administraciones superiores, es la que debería aplicar para no negar el padrón a nadie.

El alcalde concretará la fórmula en febrero y se disculpa ante el revuelo creado

El ministro denunció la 'ilegalidad' del consistorio, pero el portavoz municipal del PSC en Vic, Josep Burgaya, denostó a quienes con 'ligereza' juzgan qué es legal y qué no. 'Y nosotros ahora estamos convencidos de que estamos en la legalidad', zanjó.

Vila d'Abadal no pretende recular, pero sí admitió no haber explicado bien su decisión de no empadronar a los sin papeles (inicialmente pretendía también denunciarlos). Añadió que posee informes jurídicos del ayuntamiento, que no mostró, que lo avalan. Esta decisión no será firme, al menos, hasta el próximo pleno, convocado el 3 de febrero.

El edil de ERC Joan López aseguró que habrá una 'apuesta decidida' por el servicio jurídico municipal, aunque, como Burgaya, no cuestionó la prevalencia de las 'instancias superiores'.

Las reacciones se sucedían en todos los frentes, pero las que llegaban de la Generalitat, que hace un año alumbró un Pacto Nacional de Inmigración apoyado por CiU y de corte progresista, eran las más timoratas. El responsable de Inmigración, Oriol Amorós, de ERC, aseguró que 'no empadronar genera desorden'.

El Govern critica que 'los redactores de la Ley de Extranjería' carguen contra Vic

Su superior, la consellera Carme Capdevila, riñó al consistorio y admitió que la Generalitat 'tomará medidas' si Vic sigue en la idea de 'vincular el padrón a la Ley de Extranjería'. Fuentes del Govern admitían que poco puede hacer 'legalmente' la Generalitat, y recordaban que la ley ampara 'la autonomía municipal'.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no fue nada ambigua al afirmar que Vila d'Abadal debe ser 'la única persona' que considera 'legal' no empadronar sin papeles. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo votos porque la situación se reconduzca.

El tema amenaza con inocularse. El PP denunció que el conflicto es fruto de la 'errática' política de inmigración del Gobierno del PSOE. Algunos grupos municipales populares que han hecho del rechazo a los inmigrantes bandera, como el de Badalona, anunciaron ayer que querían para sus ciudades el modelo de Vic.