En el proceso más rápido que se recuerda en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz dio ayer el primer paso para poder juzgar en un plazo aproximado de dos semanas a los dos piratas somalíes apresados en aguas del Índico por su presunta participación en el secuestro del Alakrana. El magistrado dictó ayer auto de procesamiento contra Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por 36 delitos de detención ilegal y robo con violencia y uso de armas. Deja fuera la asociación ilícita, como solicitaba la defensa, lo que facilitaría una hipotética expulsión a su país de origen.

El auto, que será notificado hoy en persona a los dos procesados, descarta su 'versión exculpatoria', en la que aseguraban que ellos también fueron secuestrados por los piratas y que, como compensación por las molestias, les dieron 2.500 dólares y varios objetos. En el esquife en el que fueron detenidos el pasado 3 de octubre se intervinieron seis móviles de marineros del Alakrana, 16 bidones de combustible y utensilios de cocina con el anagrama de la Unión Europea, así como una navaja de Albacete.

Los dos detenidos llevaban los móviles de seis marineros del Alakrana

Además de estas pruebas, el auto cita los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de la Defensa, que han permitido acreditar indiciariamente la participación en el secuestro de los detenidos. Dichos documentos, que incluyen reportajes fotográficos, confirman la nacionalidad española del barco atunero y que los piratas fueron apresados a 120 millas de la costa somalí, es decir, en aguas internacionales. En cuanto a los móviles analizados, fuentes jurídicas señalaron que no aportan pruebas relevantes contra los procesados.

Pero eso no será obstáculo para que la Fiscalía solicite, cuando la Sala de lo Penal le dé traslado para ello, una pena no inferior a 219 años y medio de cárcel para cada presunto secuestrador.

Si hay condena, el Gobierno tendrá que buscar una salida política

Fuentes jurídicas señalaron que la Fiscalía entiende que los procesados cometieron 36 delitos de detención ilegal, castigados con penas de entre seis y diez años de cárcel. En el mejor de los casos solicitará seis años por cada uno de los secuestros, lo que suma 216 años de prisión. El robo con violencia y uso de armas está castigado con un mínimo de tres años y medio de prisión.

Y esta petición fiscal parece bastante alejada de una opción con la que la defensa pueda conformarse, como propugnaba el letrado de Abdu Willy. Eso significa que habrá juicio y todo dependerá de la sentencia que se dicte.

Si la Sección Cuarta de lo Penal, presidida por Ángela Murillo, absuelve por falta de pruebas a los dos piratas se acabó el problema, porque podrán volver a Somalia. Pero si les condena, como pretende la Fiscalía con una petición tan alta, todo quedará en manos del Gobierno. 'Que cada palo aguante su vela', aseguraron ayer fuentes de la Audiencia cuando se les preguntó por las posibilidades existentes.

Entre esas posibilidades se descarta la expulsión propugnada por la defensa, porque 'sería un fraude de ley', al estar prevista para los ilegales penados con un máximo de seis años de cárcel. Las otras opciones pasan por un indulto del Gobierno, que les devuelva a Somalia libres, o un convenio firmado con dicho país pese a que se duda que tenga un Gobierno real, que les permitiría cumplir en sus cárceles la condena impuesta.