La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, aprobado y en vigor desde hace ya más de tres años, se ha convertido en un elemento clave de la agenda política, aunque su calendario escapa a los partidos. El sentido del fallo puede alterar el conjunto de la agenda política por la creciente cercanía de las elecciones autonómicas y la influencia en la política nacional de los partidos catalanes.

El PP ha trasladado la batalla políticaa la composición del propio Tribunal

El Ejecutivo defiende la constitucionalidad sustancial del texto, mientras que el PP es el autor del principal recurso que pesa sobre el primero de los estatutos llamados de segunda generación, que implican una actualización del Estado de las Autonomías.

En el marco de esta confrontación política entre los dos grandes partidos, corresponde arbitrar a un tribunal capitidisminuido desde que el PP lo dinamitó con la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, el origen del bloqueo que ha impedido que se cubran vacantes y se renueve a los magistrados que ya han agotado su mandato.

Los miles de folios elaborados hasta la fecha no han permitido alcanzar un consenso suficiente dentro del Tribunal. No obstante, la impresión más extendida es que sus miembros optarán por declarar inconstitucionales algunos artículos, pero evitarán tumbar la esencia del Estatut recurriendo para ello a resoluciones interpretativas sobre los puntos más conflictivos, que no figurarían en el fallo propiamente dicho sino en los fundamentos jurídicos.

El Gobierno espera un fallo que avaleel desarrollo dela norma catalana

Una resolución de estas características daría satisfacción a las expectativas del Gobierno, que espera una sentencia que permita afirmar que el Tribunal Constitucional avala o, cuando menos, no impide el desarrollo del Estatut. Lo contrario provocaría una tormenta de consecuencias políticas imprevisibles.