Por segunda vez desde que comenzó la operación Gürtel, todos los ojos vuelven a centrarse en la alcaldesa de Valencia. Ayer, la policía judicial se personó en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para recabar documentación sobre la etapa de Rita Barberá al frente de la institución y su relación con la trama de corrupción. El requerimiento viene firmado por el juez Antonio Pedreira, encargado de instruir la rama madrileña del caso Gürtel.

La noticia llega cuando aún no se ha apagado la polémica por la filtración de una conversación en la que Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa, reconocía que enviaba bolsos Louis Vuitton a la alcaldesa. 'No nos da nada, pero tampoco nos hace nada', confesaba.

La publicación de la transcripción provocó una reacción sin precedentes del PP. A través de un comunicado, los conservadores denunciaron una conspiración del Estado para acabar con la oposición. La propia Barberá pasó en pocos días de negar los regalos a justificarlos: 'Todos los políticos reciben regalos', afirmó. Ayer, de nuevo, volvió a negar cualquier dádiva y achacó la polémica a un intento de 'ensuciar' su nombre.

Cuando la férrea defensa del PP parecía empezar a diluir los titulares, el requerimiento de Pedreira vuelve a poner a Barberá y su gestión en mitad del huracán. Concretamente, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicita a la institución todos aquellos contratos firmados entre 2000 y 2004 con la trama empresarial que dirigía Correa. Dos sociedades destacan entre ellas: Special Events y Pasadena Viajes. Según desvelaron Público y El País en mayo de este año, entre ambas facturaron más de un millón de euros a la institución.

De la Cruz podría haber recibido 30.000 euros de la red corrupta

El pago más importante fue el de la primera. Special Events cobró más de 800.000 euros por la organización de las asambleas generales de la FEMP de 1999 y 2003. Costaron 232.305 euros y 570.000 euros, respectivamente.

El encargado de firmar los contratos era Álvaro de la Cruz, secretario general de la entidad y mano derecha de Barberá durante su presidencia.

Según el diario El País, las cuentas de la red corrupta reflejan durante esos mismos años un supuesto pago de 30.000 euros a De la Cruz que sigue siendo investigado. De hecho, junto con el requerimiento de las facturas y contratos, Pedreira solicita las actas y fechas de su nombramiento y cese como secretario general de la Federación.

Pero el negocio de Correa con la FEMP no se limitaba a las asambleas. Durante la Presidencia de Barberá, Pasadena fue ganando peso hasta copar, al final de la etapa conservadora, el 30% de su presupuesto para viajes. Entre 2000 y 2003, la empresa, gestionada por otro implicado en la trama y ex dirigente el PP, Pablo Crespo, pasó a la Federación 216 facturas con un montante total de 283.000 euros.

La petición del Tribunal no encontrará resistencia en la Federación. Aunque el juez no ha impuesto ningún plazo concreto, los responsables de la institución se han fijado el viernes como día tope para entregar los documentos. Serán sólo facturas ya que, según la actual dirección, todos los contratos han desaparecido.

Sólo unas horas después de saltar la noticia el PP valenciano trató de curarse en salud y recordó que todos los contratos fueron aprobados de forma 'unánime' por una comisión que incluía a los representantes del PSOE. La propia Barberá alegó que ninguno de los documentos solicitados está relacionado directamente con su nombre. Los socialistas reconocen su presencia en los órganos de gobierno de la FEMP pero llaman la atención sobre un detalle inquietante. Según los técnicos de la federación, ninguno de los contratos aparece en las actas de las reuniones.