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15 detenidos en una operación contra la plataforma de apoyo a presos de ETA

Según Interior, se ha ordenado el registro y precinto de las sedes de Herrira en Bilbao, Vitoria, Hernani y Pamplona; el cierre de perfiles en redes sociales y el bloqueo de sus cuentas bancarias

AGENCIAS

Las fuerzas de seguridad han detenido a dieciocho personas de Herrira, organización 'sucesora de las ilegales Gestoras pro Amnistía y Askatasuna', ha explicado hoy en Ávila el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha calificado este grupo de 'tentáculo de ETA'.

Fuentes de la lucha antiterrorista han señalado que entre los detenidos figuran dos de los dirigentes de Herrira, Roberto Noval e Ibon Meñika, quienes han actuado como portavoces de esta asociación ante los medios de comunicación en varias ocasiones. Meñika además fue condenado como dirigente de organización juvenil ilegalizada Jarrai por un delito de asociación ilícita en el 'macrojuicio' que se celebró en 2005 en la Audiencia Nacional.

Según informa Naiz, el portal digital del diario Gara, varios testigos presenciales han confirmado también la detención de Ekain Zubizarreta en Andoain, de Imanol Karrera en Pamplona, de Amaia Esnal en Donostia y de Eneko Ibarguren en Azpeitia.

El titular de Interior ha comentado que 'de momento no se prevén más detenciones', tras la puesta a disposición judicial de dieciocho personas que constituyen 'la práctica totalidad de la llamada dirección nacional de Herrira'. No obstante, ha añadido que la operación 'seguirá abierta' hasta que concluyan los registros a las sedes y 'de acuerdo con los autos judiciales se procederá a su cierre cautelar', al mismo tiempo que al 'cese cautelar de toda actividad de Herrira'.

Además de los registros de sus sedes, también se ha procedido a bloquear sus cuentas bancarias, así como al cese cautelar, 'a expensas de lo que diga la autoridad judicial', de todas las actividades de Herrira. Igualmente, se han borrado los perfiles de que disponía tanto en Twitter -32- como en Facebook -más de 120-, además de las más de treinta páginas web que tenían en marcha esta organización.

El ministro ha lanzado un mensaje 'claro' de que la política del Gobierno es que 'no va negociar con ETA', y que va a seguir actuando 'hasta que ETA se disuelva y deje de ser lo que ha sido durante tantos años, una pesadilla para los vascos, navarros y el conjunto de los españoles'. 'El Estado de derecho no está en suspenso y el Gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA. No basta con el cese definitivo de su actividad terrorista, sino que al cese de su actividad terrorista debe seguir la disolución', ha agregado el ministro.

Ha insistido en que, desde su nacimiento a principios de 2012, esta organización es 'la heredera, la sucesora de las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, tanto desde el punto de vista orgánico, funcional, en medios como objetivos'. Ha añadido que se trata 'claramente' del 'tentáculo que vincula ETA con el llamado colectivo de presos vascos, etarras'.

Por su parte, Herrira ha denunciado que, con las detenciones y registros, la intención del Estado es 'criminalizar' toda actividad que el colectivo de apoyo a los presos de ETA desarrolla 'en favor del proceso de paz'.

'Herrira hace su trabajo lo hace en favor del proceso de paz'

Asimismo, ha considerado que el hecho de haber realizado esta operación 'en vísperas' de la decisión que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasurgo debe tomar sobre la denominada 'doctrina Parot', 'demuestra la voluntad y la negatividad del Estado español ante el proceso de paz'. 'Herrira nació hace año y medio, y desde entonces, ha sabido presentar sus reivindicaciones tanto en Euskal Herria como en Europa, se ha hecho un sitio y su dinámica la lleva a cabo con amplitud y trabaja en favor de los derechos de los presos y refugiados vascos. Su trabajo lo hace en favor del proceso de paz', ha asegurado.

De similar manera se ha pronunciado el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, que ha tachado de 'provocación del Gobierno y auténtico disparate jurídico y político' la operación policial. A su juicio, la actuación de la Guardia Civil 'sólo se puede entender desde la intencionalidad de reabrir problemas que no existen, alimentar la idea de que el País Vasco sigue existiendo un grave problema y con ello ocultar los verdaderos, los que sufre el país'.

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