Albert Royo (Barcelona, 1977) estuvo al frente del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, entre 2013 y 2017, cuando fue cesado con la aplicación del artículo 155. Por su gestión al frente del organismo se enfrenta a diferentes causas judiciales y este miércoles era, del total de 34 investigados por el Tribunal de Cuentas, el que tenía que depositar la fianza más elevada: 3,6 millones de euros. A pesar de que la Generalitat anunció la creación de un fondo para avalar a los investigados, las dudas sobre su aplicación y si el tribunal lo aceptará los sumergen en la "incertidumbre": "Estamos contentos porque vemos cómo después de tres años la Generalitat se pone delante en la defensa de servidores públicos, pero no sabemos si el Tribunal de Cuentas aceptará esta solución parcial".

El Diplocat, consorcio de la Generalitat participado por una cuarentena de instituciones públicas y privadas, se dedica a la proyección internacional de Catalunya. Royo, politólogo y diplomático, denuncia que entre 2013 y 2015 el trabajo hecho se considera legal, mientras que en 2016 y en 2017, el Tribunal de Cuentas afirma que "el 75% de la actividad era inconstitucional". Por la promoción del independentismo y el referéndum del 1-O en el extranjero, pide 5,4 millones de euros a 34 altos cargos de los governs de Artur Mas y Carles Puigdemont. En conversación telefónica con Público, Royo habla sobre las diferentes causas que tiene abiertas, por las cuales ya sufrió un embargo, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la necesidad de reformarlo mientras no se logre una amnistía y el trabajo hecho en la internacionalización del conflicto.

Este miércoles expiraba el plazo para depositar las fianzas en el Tribunal de Cuentas. Sus defensas pidieron la ampliación, pero no se les concedió. ¿Le sorprendió?

No, porque parece que es una respuesta habitual del Tribunal de Cuentas, como mínimo en lo que hace referencia [a las causas] donde hay implicados catalanes. No dan nunca ningún tipo de prórroga, aunque te pidan cinco millones de euros y tengas que hacer virguerías para conseguirlos y ponerlos a disposición. Aunque los tengas no es sencillo, y no los tenemos. Hay una falta de humanidad o no sé de qué, pero ganas de hacer daño.

Después de decir que no, el Govern ha rectificado y sí los avalará a través del Institut Català de Finances. ¿Cómo ha vivido este proceso, desde el anuncio de creación del fondo, las dudas sobre si los avalarían, y esta decisión final?

Todos juntos lo vivimos con incertidumbre. Este fondo creo que es una buena solución, como mínimo para ganar tiempo y encontrar una solución al problema de fondo, pero no sé si será aceptado. Hay incertidumbre. Estamos contentos porque vemos que el Govern da la cara por sus servidores públicos, igual que lo hace por los Mossos. Por ejemplo, el Govern se presenta como acusación particular cuando hay un juicio con un agente como denunciante. Estas 34 personas estamos siendo enjuiciadas y se nos pide una barbaridad que se suma a los 4,1 millones de euros ya afianzados, por haber hecho el trabajo por el cual se nos contrató. Para trabajar por la Generalitat, o en este caso, para un organismo participado por la Generalitat.

Es decir, por un lado estamos contentos porque vemos cómo después de tres años la Generalitat se pone delante en la defensa de servidores públicos, de la otra, lo miramos con incertidumbre porque no sabemos si el Tribunal de Cuentas aceptará esta solución parcial. Y en todo caso nos ofrecen un crédito que tendremos que devolver con intereses, que quede claro. Cuando haya sentencia firme, si es condenatoria, tienes que poner tú el dinero. Es una solución temporal para intentar ganar tiempo y tratar de encontrar una solución al fondo de la cuestión.

¿Y cuál sería esta solución de fondo?

Para mí, sería acabar con la represión que estamos viviendo en Catalunya desde hace tres años. 900 personas están todavía esperando juicio en relación al Procés. La solución sería una amnistía para acabar con toda esta persecución judicial. Una amnistía beneficiaría a los presos a quienes se ha dado una amnistía parcial después de cuatro años de prisión, también a los que están en el exilio, y a las personas que están esperando ser juzgadas por la presunta organización del referéndum o por participar en manifestaciones.

Más allá de esto, habría que hacer una reforma del Tribunal de Cuentas. Es un organismo que existe en otros países europeos pero no impone sanciones, sino que evalúa el correcto funcionamiento de las instituciones. Da consejos, no impone sanciones. Se le llama tribunal pero no lo es ni está formado por jueces, está formado por expolíticos de los dos principales partidos españoles, especialmente el PP, y tiene una mayoría conservadora. Es un tribunal totalmente politizado. En el caso de Ana Botella se condonó una deuda de 22 millones de euros. Se perdonan entre ellos pero cuando es para servidores públicos catalanes no hay ningún tipo de condonación. Son dos maneras de solucionar esto: mientras no llega la amnistía, hay que reformar el Tribunal de Cuentas. Es bastante clamoroso. Tiene un funcionamiento totalmente politizado y su cúpula está fuera de mandato. La minoría catalana somos la cabeza de turco, hay barra libre a la hora de castigar a los funcionarios catalanes. Es lo que estamos viendo.

¿Qué trabajo hacía el Diplocat?

Trabajábamos en la proyección internacional de Catalunya, en temas sociales, políticos, culturales… Esto lo hacen todas las comunidades autónomas. Lo que hacíamos era legítimo, lo aprobó el Parlament, y totalmente legal. El patronato estaba formado por 40 instituciones públicas y privadas. Se nos acusa de malversación y se nos abre un caso en el Tribunal de Cuentas, mientras en el resto de España se pueden hacer este tipo de trabajos. Se nos imponen fianzas draconianas. Ahora se nos piden 5,4 millones de euros pero ya se nos pidieron 4,1 por el supuesto gasto relacionado con la organización del 1-O. Es una cifra que también nos pidieron en el juzgado número 13, en este caso, un caso penal. Hay una duplicidad de fianzas bajo los mismos conceptos.

¿Se trata de causas diferentes?

No está claro. Todo es por la internacionalización del Procés. El mismo texto que sirve para reclamarnos 4,1 millones de euros sirve para reclamar ahora esta nueva causa, que está en el Tribunal de Cuentas. También tenemos una causa por la vía penal en el juzgado número 18. Hay una doble sanción, también por la vía penal.

En el caso del Tribunal de Cuentas, no te aceptan ni la presunción de inocencia, te cobran por adelantado. Si en tres años te declaran inocente, habrás vivido tres años embargado. En nuestro caso, por el trabajo que hacíamos en el Diplocat, que con el mismo tipo de actividades, entre el 2013 y el 2015 se consideran cosas totalmente legales y el 2016 y el 2017, ilegales.

¿Les advirtieron?

No vi ningún requerimiento de un tribunal durante los años al frente del Diplocat. Ninguna denuncia por el trabajo que estábamos haciendo. Ningún aviso que estábamos transgrediendo el Estatut. Nos ha venido a posteriori. ¿Cómo lo podíamos saber, que estábamos haciendo una cosa que ahora se considera inconstitucional? Lo hacíamos a la luz del día, salíamos en los medios. Tres años después, el Tribunal de Cuentas hace una relectura del Estatut, revisando a la baja el único capítulo que no fue retocado con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Está entrando a considerar si aquello que hacíamos era constitucional o no, y considera que el 75% de la actividad era inconstitucional y superaba nuestras competencias. Que lo tienes que pagar de tu bolsillo. Y abre un procedimiento penal. ¿El Tribunal de Cuentas tiene que decidir esto? Es inaudito. Estoy atónito de que se pueda producir este abuso y no haya ninguna institución que vele por los ciudadanos. Es una sensación de indefensión total y absoluta. Una desproporción y un abuso. Estas 34 personas tenemos un problema muy gordo, pero el Estado también. Es el propio Estado el que tendría que reformular qué es y que hace el Tribunal de Cuentas, cómo funciona y qué composición tiene. No se garantizan los derechos básicos de las personas consideradas disidencia política y esto es un problema para el propio Estado y para los ciudadanos.

Volviendo a las otras causas que tiene abiertas. ¿Cuáles son?

Tengo procesos penales abiertos en dos tribunales, más este en el Tribunal de Cuentas que ha venido segmentado en dos fases. La primera, vinculada a gastos del 1-O, y la segunda, por la acción exterior. Hay conceptos repetidos y nos encontramos con una indefensión total y absoluta. Estamos hablando de profesionales que han trabajado conforme a las reglas que había, que hay ahora. Se nos está aplicando la legislación anticorrupción cuando no somos corruptos, solo porque es la más rigurosa.

¿Y en qué punto se encuentran estas causas?

La causa del juzgado número 13 afecta a funcionarios, altos cargos, empresarios… personas varias relacionadas presuntamente con la organización del referéndum. La instrucción todavía está abierta. Se abrió en febrero de 2017 como una causa totalmente prospectiva: buscaban un delito sin saber cuál. Al final nos acusaron de malversación y hay 40 personas en esta causa.

La otra que tengo abierta es a resultas de este informe del Tribunal de Cuentas. Un informe reclamado a una Comisión mixta del Congreso y el Senado. Este informe lo pasan a Fiscalía, y se abre la causa en el juzgado penal número 18. Afecta a una docena de personas más. Es una estrategia de lawfare [guerra judicial] de manual. Busca la autocensura de los trabajadores públicos catalanes y condicionar la política catalana desde un punto de partida totalmente antidemocrático.

Es sorprendente que un conflicto de competencias, que existen a menudo en modelos federales, no se trate como un contencioso–administrativo sino como un caso penal. Es una represión desenfrenada. Yo me creí que en la España democrática se podía hablar de todo mientras fuera de forma pacífica. Lo que me ha demostrado los últimos años es que no es así, que no se puede hablar de todo y que los servidores públicos tienen que tener cuidado, se tienen que autocensurar. Es el mensaje que nos pasa el Tribunal de Cuentas. No sé como yo podía prever que lo que yo hacía, que era legal, dejara de serlo.

Esta autocensura de los funcionarios, ¿se ha conseguido?

Creo que hoy en día hay mucho miedo dentro de la Administración pública catalana. Me consta. Es el objetivo de esta represión: dejar de participar en política, y en el caso de los funcionarios, que se lo piensen muchísimo antes de ejecutar nada. No sé si esto es coherente con un Estado democrático y de derecho.

Explicó que pondría su casa como aval para la fianza. Con el fondo del Govern, ¿será necesario?

Lo tendrá que decir el Tribunal de Cuentas, si acepta este aval. No está en mis manos.

Ya lo han embargado por las otras causas que tiene abiertas. En aquel momento consiguió levantar los embargos gracias a las aportaciones de la Caixa de Solidaritat. ¿Cree que ahora puede volver a funcionar?

Al final muchas veces es la única opción que queda, la solidaridad de la ciudadanía. Hasta ahora ha funcionado. Cualquier tipo de conflicto así, o cuenta con una caja de resistencia o la parte débil tiene todas las de perder. Tiene un coste altísimo para muchísimas personas. No es solo el coste de la sentencia final, es todo el proceso. Es desgastador psicológicamente.

Hace un mes, desde los indultos, que se habla de la apertura de una nueva etapa en cuanto al diálogo entre Catalunya y el Estado. ¿Confía en que hay una voluntad real de avanzar hacia la resolución del conflicto?

No sé si se trata de voluntad. Diría que ha habido mensajes desde el exterior pidiendo al Gobierno español que desescale y encuentre una solución política con Catalunya. El informe aprobado por el Consejo de Europa es un ejemplo de ello. No sé si por convicción, pero sí hay una tendencia a tratar de devolver las cosas a ahí de donde no hubieran tenido que salirse nunca, del canal de la política. Estos nuevos indultos parciales no solucionan el conflicto, los nueve presos eran la punta del iceberg. Hay 900 personas esperando juicio, y muchas represaliadas por el camino. Hay mucho trabajo por hacer para devolver las cosas a la política y dejar a los jueces tranquilos, para que hagan su trabajo.

En cuanto al relato internacional, ¿cree que Catalunya lo ha ganado?

Probablemente estas ganas de castigar tan severamente a personas que tienen que ver con la proyección internacional son porque la batalla sobre el relato internacional del caso catalán, del Procés, es probablemente la única que el Estado español no ha ganado. Nos lo están haciendo pagar de una forma muy dura.