La banca también se apuntó a la explotación de la infravivienda: la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza multará este próximo lunes al Grupo Unicaja con 24.000 euros por haber alquilado durante meses, e incluso años, tres trasteros del barrio de El Gancho, uno de los más desfavorecidos de la ciudad, como si fueran viviendas y a pesar de que “no reúnen condiciones de habitabilidad”.

La infracción urbanística, calificada como grave, dio lugar a un expediente que concluyó a primeros de marzo de este año, en la pasada legislatura, con la imposición de la sanción a Banco España Duero, la entidad resultante de la fusión de las castellanoleonesas Caja España y Caja Duero y luego absorbida por Unicaja.
Esta última ha presentado un recurso extraordinario de revisión contra la medida que la propuesta elevada por los técnicos al consejo de urbanismo aboga por desestimar.

Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando la comunidad de propietarios del edificio 17-21 de la calle Las Armas de Zaragoza denunció “la ocupación de los trasteros de las bodegas” por cuatro familias a las que, según la información de la que disponían, se los habían alquilado una serie de firmas vinculadas a E. L. L., un empresario local que la pasada primavera fue condenado a seis años de cárcel por estafa, insolvencia punible, fraude tributario e integración en grupo criminal por sus manejos al frente del grupo Fincas Atlanta, unas correrías por las que tendrá que pagar 6,6 millones de euros en indemnizaciones, más de uno para el consistorio y cerca de medio a Hacienda.

“Los están alquilando ilegalmente”

“De un modo u otro los titulares de los trasteros los están alquilando ilegalmente a personas que viven en ellos, los cuales no han atendido a ninguno de los requerimientos verbales que se les han hecho conminándoles a abandonar el edificio”, señalaba la denuncia de los vecinos, que dos años antes ya habían puesto en conocimiento del ayuntamiento que “en los trasteros-bodegas ubicadas en planta dé sótano -1 están viviendo personas, cuando su calificación no es de viviendas sino de trastero-bodega”.

La Policía Local logró desentrañar la maraña de empresas a través de la cual se gestionaba el alquiler de los trasteros, que en alguno de los casos ya se producía desde 2010 y que tenían rentas de 250 euros. Contaban con luz y agua corriente en todos los casos, lo que significaba que habían sido acondicionados para ser ocupados por personas.

Según la investigación, la maraña de empresas terminaba en Caja Duero, uno de cuyos responsables explicó a los agentes que la entidad se había hecho con su propiedad en los juzgados a través de una ejecución hipotecaria, aunque todavía no habían tomado posesión por estar a la espera de que la sentencia se convirtiera en firme.

Posteriormente, otra inspección, en este caso de los técnicos de Urbanismo, ratificó que “en la zona denominada Trasteros existen varias viviendas que incumplen las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Zaragoza (…) en cuanto a ventilación, iluminación, condición de pieza exterior, etcétera, y no es legalizable”, según recoge el expediente, al que ha tenido acceso Público.

Una multa de 24.000 euros

Finalmente, y casi un año después de haber ordenado a la entidad financiera que “cese el uso de vivienda y los transforme en trasteros en un mes”, Urbanismo optó por imponerle la multa de 24.000 euros, dentro de la horquilla de 6.000 a 60.000 que le ofrecía la Ley de Urbanismo de Aragón.

Unicaja ha intentado revocar la multa, que pagó poco después de serle notificada, alegando que los trasteros llevan desde 2012 a nombre de otra empresa, que ya habían estado ocupados antes de la ejecución hipotecaria y que sigue sin obtener la posesión de dos de ellos.

“Ni actualmente ni durante la ocurrencia de los hechos Ia entidad (…) puede ser responsable de dicha infracción, por no ser la persona que ha venido ocupando los citados inmuebles”, sostiene Unicaja, en un argumento en el que los técnicos municipales no ven consistencia suficiente como para aceptar su recurso.