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El Tribunal Supremo confirma la multa de 8,6 millones a ACS por el cártel de las construcciones modulares

El alto tribunal rechaza el recurso presentado por la empresa de Florentino Pérez. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró en su momento acreditadas las prácticas anticompetitivas desarrolladas por siete empresas. 

El logo de la constructora ACS, a la entrada de su sede en Madrid.
El logo de la constructora ACS, a la entrada de su sede en Madrid. CEDIDA/ACS

Facua Consumidores en Acción informa de que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación que ACS presentó contra la multa de 8,6 millones de euros que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su filial Dragados por la formación de un cártel junto a otras seis empresas en el sector de las construcciones modulares

El grupo presidido por Florentino Pérez tendrá así que pagar la sanción impuesta por la Comisión en 2015 por una infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. En total fueron sancionadas siete empresas con un total de 9,3 millones de euros, de la que la multa más alta, 8,6 millones, fue para Dragados.

Algeco recibió la segunda mayor sanción, por 1,59 millones, pero no le fue impuesta por acogerse al programa de clemencia. Las otras cinco compañías multadas fueron ABC Arquitectura Modular, filial de Agro Inmobiliaria, con 144.241 euros; Alquibalat (461.847 euros, que se vieron reducidos en un 30% por el programa de clemencia), Alquileres Barceló Sáez (43.487 euros), Arlan (90.475 euros) y Renta de Maquinaria, subsidiaria de Calem (340.868 euros). 

La CNMC consideró acreditadas las prácticas anticompetitivas desarrolladas por las siete empresas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes para el suministro, venta y /o alquiler de construcciones modulares, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados. Estas conductas se desarrollaron en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Galicia, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Catalunya.

En 2021 la Audiencia Nacional ya había rechazado un recurso que las empresas presentaron en 2016 contra la resolución de Competencia. Posteriormente, Dragados anunció el recurso de casación que ahora el Supremo ha decidido inadmitir.

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