Los trabajadores pierden un 12% de poder adquisitivo desde 2008 y los empresarios se cierran a subidas salariales

Los salarios de los trabajadores españoles valen, como media, doce puntos menos de lo que valían en 2008 como consecuencia de la concatenación y superposición de crisis económicas, medidas de devaluación salarial y una inflación desconocida en tres décadas.

A esos factores se les suman ahora el gripado de la negociación colectiva y la cerrazón de las empresas y las organizaciones patronales a revisar los sueldos de los trabajadores, una posición en la que se están enrocando pese a la evidente aceleración de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y a los riesgos que eso entraña para el principal componente de la economía española, que es el consumo privado.

El resultado de esa combinación de elementos ha hecho que la merma del poder de compra de los salarios supere el 12% en esos catorce años, lo que vendría a equivaler en términos de valor real a la pérdida de casi dos de las catorce nóminas en las que normalmente se distribuye un salario anual o de cerca de una y media cuando se reparte en doce mensualidades.

Entre 2008 y 2020, los salarios por realizar el mismo trabajo acumularon una pérdida de poder adquisitivo "del 6,4%, una vez descontada la inflación", según indica una estimación de CCOO basada en el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), que indica cómo en ese periodo los sueldos mejoraron más de cinco puntos en la industria manufacturera y el comercio para hacerlo en menos de un punto y medio en la construcción y congelarse en la banca, mientras la inflación avanzaba trece puntos.

"Se agrava la fuerte devaluación salarial por realizar el mismo trabajo (...) una vez descontada la inflación", señalaba hace unas semanas CCOO, que ya advertía de que "es de prever que con las fuertes subidas de la inflación de 2021 y 2022 esta pérdida de poder adquisitivo y sus consecuencias negativas tanto a nivel de los hogares (empobrecimiento) como a nivel macroeconómico (caída del consumo, de la actividad y aumento del endeudamiento) vayan a más".

Y eso es, efectivamente, lo que ha ocurrido: tras la ligera ganancia de poder adquisitivo de 2020, la pérdida de valor real de los salarios alcanzó un 1,33% el año pasado y un 6,73% en lo que va de este: la caída es de 6,17 puntos si se tienen en cuenta los tres años y de 8,02 si solo se computan los últimos veinte meses, que incluyen la ‘tregua’ de cuatro décimas que pronostica el IPC adelantado de agosto.

"A partir de 2008 hubo una devaluación salarial provocada por la crisis y por una regulación laboral creada para incrementar esa devaluación", explica Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO, que recuerda cómo la actual tendencia al alza de la inflación "tiene un origen en la energía, pero también en la elevación de los márgenes empresariales, especialmente en sectores como la industria manufacturera, la banca y algunos alimentos".

"Lo que hay que hacer es una devaluación de los márgenes empresariales para que el poder de compra no se hunda", señala, ya que "eso nos llevaría a una situación de estanflación, con caídas de la actividad y del consumo mientras los precios siguen subiendo. Hay que quebrar esa espiral inflacionista de segunda ronda".

En este sentido, aboga por una limitación de los precios de la energía y de una bolsa de productos y servicios básicos, algo que a día de hoy Gobierno y/o comunidades autónomas vienen aplicando a medicamentos y productos sanitarios, viviendas de protección oficial, energías renovables, agua desalada, gas ciudad, bombona de butano y revisión de los alquileres de viviendas y de locales comerciales, amén de los de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y test de antígenos.

Los riesgos para que esa estanflación (neologismo resultante de mezclar "estancamiento" e "inflación") llegue a darse siguen existiendo. De hecho,

el retroceso de cuatro décimas en el IPC interanual que el INE pronosticaba este martes para el cierre del mes de agosto convive con la previsión de otro aumento, este de tres décimas, en la inflación subyacente, que se elevaría hasta el 6,4% y que, "de confirmarse, sería la más alta desde enero de 1993", recuerda el INE.

La inflación subyacente excluye la variación de precios de la energía, tanto de la eléctrica (sube) como de la de fuentes fósiles (baja), y de los alimentos sin elaborar (suben), lo que la sitúa como un claro indicador de cómo el encarecimiento de esos componentes se está trasladando a lo largo de las cadenas productivas y comerciales, con especial incidencia en un sector básico como la alimentación y en otros dos como la restauración y los paquetes turísticos que tienen en verano la época de mayor actividad.

"El efecto de segunda ronda que muestra la subyacente tiene su origen en el mantenimiento y aumento de los márgenes de beneficios, mientras que los salarios negociados solo crecen el 1,7% de media entre los que tienen pactada una subida (66%) y los que no (34%)", explicaba Martín en un hilo de Twitter, en el que anotaba que "esto incrementa el riesgo de hundimiento del consumo y de recesión. Que la subyacente se afiance es, asimismo, el principal peligro de enquistamiento de la inflación y de que se desencadene una espiral de precios".

En esta tesitura, los sindicatos insisten en la necesidad de cerrar en la Mesa de Diálogo Social un pacto de rentas que, a base de subidas salariales considerables pero inferiores a la inflación y de una reducción de los desmesurados márgenes empresariales para embridar el alza de precios, permita aplacar las tendencias autodestructivas que comienzan a consolidarse en la economía española, una receta similar a la que está permitiendo a Japón, donde el salario mínimo va a registrar una subida récord del 3,3%, mantener la inflación en el 2,6%.

Sin embargo, en la parte empresarial no están por la labor, algo que ha llevado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a afearle a la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) su rigidez en la oposición a negociar ese pacto, a desbloquear la negociación de convenios colectivos y a avalar una nueva subida del SMI, algo que aboca al país a un escenario de conflictividad social en los próximos meses.

La segunda patronal del país, Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), se alineaba este martes en una posición similar a la de CEOE cuando reclamaba "analizar con prudencia la evolución de los salarios para evitar los efectos de segunda ronda" porque "las alzas de precios se están generalizando", "será más difícil reconducir la inflación" y "los principales damnificados serán las empresas más vulnerables y los trabajadores".

"Los salarios no se deben desvincular totalmente de la productividad si se quieren evitar consecuencias todavía más preocupantes en el largo plazo", añadía.

Uno de cada siete trabajadores era pobre antes de la espiral de precios

Esos posicionamientos se dan en un país en el que ya en 2020, tras el primer y más duro año de la pandemia y antes de que los precios comenzaran a dispararse, uno de cada siete trabajadores (14%) subsistía con rentas inferiores al umbral de la pobreza, situación en la que también se encontraban dos de cada cinco parados (41%) y uno de cada ocho jubilados (13%) según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

En los veinte meses siguientes los precios han subido trece puntos en términos de media del IPC (12,1% sobre el acumulado del año) y los sueldos, según los datos del Ministerio de Trabajo, lo han hecho en su conjunto un 1,72% en 2021 y un 1,78% de enero a agosto de 2021, lo que apunta a que esos registros de trabajadores pobres están creciendo.

Paralelamente, la evolución de salarios y de precios entraña una situación que, de obvia, parece haberse esfumado del debate público sobre el asunto: si, por un medio u otro, la inflación acaba cayendo a los niveles inferiores al 2% interanual que se marca el BCE como objetivo (Banco Central Europeo) eso significará que las tasaciones de los productos se encarecerán a un menor ritmo que el actual pero, en cualquier caso, las subidas iniciales se habrán consolidado y llenar la cesta de la compra requerirá un esfuerzo notablemente mayor que hace unos meses; es decir, que el precio de lo que costaba cien en agosto de 2021 y ahora cuesta 110 seguirá aumentando, aunque menos, si esas alzas se consolidan, o se congelará provisionalmente en 110 en el mejor de los casos.