CIUDAD DE MÉXICO.- El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica ha logrado frenar un intento de México por cobrarle 30.000 millones de pesos en impuestos (1.400 millones de dólares, ó 1.309 millones de euros) y está en negociaciones con la autoridad impositiva para resolver más de 20 auditorías abiertas, dijeron fuentes cercanas al caso.

La auditoría, que Telefónica logró detener y que fue abierta en 2013, señaló que la empresa no reportó la totalidad de sus ingresos en su declaración de impuestos de 2007. Basándose en ella, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una estimación preliminar por alrededor de 30.000 millones de pesos, dijeron dos de las fuentes.

Pero con la mediación de Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, toda la cuenta impositiva fue desechada y la auditoría cerró a finales del 2015, dijeron tres de las fuentes.

La estimación preliminar, que equivaldría a alrededor de 90% de los ingresos de Telefónica en 2015, se produjo después de que la compañía redujera su carga tributaria a través de la fusión de algunas de sus subsidiarias en México, lo que provocó la reacción de las autoridades impositivas, indicaron las fuentes.

Telefónica es una de las compañías que fusionaron filiales en México para generar pérdidas en el periodo previo a 2014, cuando hubo un cambio de reglas que obligaron a las empresas a comenzar a pagar el impuesto diferido, señalaron.

Telefónica está negociando con el SAT al menos dos docenas de auditorías abiertas sobre sus disposiciones impositivas en México, dijeron dos de las fuentes.

A través de un correo electrónico, Telefónica confirmó que las autoridades condujeron una auditoría de su declaración de impuestos de 2007, que fue entonces cerrada después de que se demostrara que la compañía actuó correctamente. "Es un procedimiento normal para todas las empresas, y es precisamente la facultad del SAT revisar el correcto cumplimiento de la legislación fiscal vigente," dijo. Telefónica "está cooperando y colaborando estrechamente con la autoridad para entregar toda la documentación e información necesaria".

Para Telefónica, las auditorías son el último de una serie de dolores de cabeza en México, donde la compañía española ha luchado por convertirse en un actor importante tras una reforma al sector en 2013, que no ha logrado disminuir el predominio de América Móvil, del magnate Carlos Slim. Tras 17 años en México, Telefónica tiene 25 millones de usuarios de telefonía móvil, comparado con los 72 millones de la firma de Slim.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Jose María Álvarez Pallete, dijo en octubre que la compañía no estaba satisfecha con su situación en México y estaba trabajando en alternativas para la operación, que representa menos del 4% de sus ingresos globales.

El acuerdo de 2015 fue un revés para los agresivos esfuerzos de México por impulsar su recaudación de impuestos que, como porcentaje de su PIB, es el más débil de los 35 miembros de la OCDE. Bajo presión debido a una disminución de sus ingresos petroleros, México ha tratado de recabar más impuestos en otros sectores, aumentando la recaudación en un 60% en 2015 comparado con 2012, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Piedras en el camino para Telefónica México

Las batallas de Telefónica con el SAT tienen sus raíces en la entrada de la compañía española a México en 2000, cuando adquirió cuatro operadores de telefonía móvil de Motorola por alrededor de 1.800 millones de dólares. Además, en 2002 amplió su red invirtiendo cerca de 1.300 millones de dólares en deuda y capital por una participación controladora en Pegaso PCS, un operador local de telefonía móvil.

Telefónica comenzó a consolidar sus ganancias mexicanas unos años más tarde, dijo una fuente, aprovechando las reglas que permiten a las empresas reducir su carga tributaria en el corto plazo aplicando pérdidas de una filial a sus ingresos totales. En 2013, México cambió sus reglas de consolidación y pidió a las firmas que comenzaran a pagar impuestos diferidos.

Telefónica enfrentaba grandes cuentas debido al cambio de reglas, dijo una fuente, pero en diciembre de 2013 recibió la aprobación del regulador mexicano de telecomunicaciones para vender las cuatro filiales que había adquirido de Motorola a Pegaso PCS, que también controlaba, de acuerdo con documentos de la empresa. Eso permitió a la compañía declarar una pérdida en las ventas, reduciendo su carga de impuestos, pero generando la ira del SAT, dijeron tres fuentes.

Los estados financieros de Telefónica muestran que la compañía pagó 47 millones de euros en impuestos en 2013 en México, sin especificar el tipo de impuesto. Después de la fusión de diciembre de 2013, el SAT propuso una observación preliminar de alrededor de 30.000 millones de pesos para Telefónica sobre la base de la auditoría.

Telefónica llevó el asunto ante Prodecon, que actúa como intermediario entre el SAT y un contribuyente auditado. El resultado fue un "acuerdo conclusivo" que permitió cerrar la auditoría a finales de 2015, dijeron las fuentes.