TaxisLos taxistas vuelven a la calle para hacer frente a "la privatización del transporte" aprobada por la Comunidad de Madrid

Un numeroso grupo de taxistas ha vuelto a manifestarse por las calles del centro de Madrid para reivindicar que continúan su lucha contra "la privatización encubierta del transporte", una "pelea" que seguirá viva pese al rechazo del Gobierno regional a regular de forma inmediata a la VTC.

A las 18 horas ha arrancado la manifestación que discurrirá de Atocha a la Plaza de Cibeles bajo una cabecera con la pancarta El taxi exige regulación de la VTC, una protesta que se produce tras la desconvocatoria de la huelga indefinida del sector y que cuenta con el apoyo de una treintena de colectivos.

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Junto a los ya clásicos pitos y petardos que caracterizan a las manifestaciones de los taxistas, se han podido ver carteles como Casado, el taxi no perdona, Contra los Monopolios y otros lemas en favor, por ejemplo, de las pensiones públicas.

A ello se han unido consignas de los manifestantes al grito de La lucha está en la calle y no en el parlamento. En Cibeles se ha procedido a la lectura de un manifiesto "en contra de la uberización de los servicios públicos y contra la privatización, la precariedad, la marginación y la pobreza".

El portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Fúnez, ha explicado a los medios de comunicación que el taxi sigue con sus reivindicaciones para denunciar la "privatización encubierta de los servicios públicos", como a su juicio le ha tocado ahora a este sector y en el pasado se intentó con la educación y la sanidad.

En este sentido, ha asegurado que el taxi no va a permitir los intentos de "destruir un sector" compuesto mayoritariamente por autónomos en favor de las "multinacionales y las empresas giratorias".

Fúnez ha asegurado que pese a la desconvocatoria de la huelga sin haber logrado sus principales objetivos, como la regulación de la VTC, el taxi "no ha perdido" dado que han sido capaces de "levantar las alfombras" para que se pueda oler esa "porquería" que destilan determinados partidos políticos.

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha acudido a la marcha para mostrar su apoyo al colectivo, dado que su formación defienden los servicios públicos y a la "clase trabajadora".

En este sentido, ha comentado que las administraciones tienen que colaborar para preservar este servicio público frente a las empresas trasnacionales y ha añadido que los "patriotas" son los que apuestan precisamente por ello.

De hecho, ha acusado a PP, Cs y Vox (formaciones que convocan mañana una concentración en Colón frente a la política del Gobierno en Catalula) de "querer vender el país a pedazos".

Taxis de segunda

A su vez, el coordinador de Élite Taxi Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, ha comentado también a los medios que hay una estrategia de "desmantelamiento" de los servicios públicos y que el taxi es "uno más" de esa dinámica, provocada por el "neoliberalismo".

Tras indicar que las plataformas Cabify y Uber han "desaparecido de Barcelona", Álvarez ha indicado que tiene una sensación "agridulce" pues la ciudad condal ahora "está limpia" mientras que en la capital "se le cae el alma al cielo" por la proliferación de VTC.

"Esto es política", ha apuntado para recalcar que se debe "seguir en la calle y luchando", puesto que hay formaciones que ostentan "mucha banderita" pero al final "están engañando a la gente".

El coordinador de Élite Taxi Barcelona ha recalcado que las comunidades deben definir la precontratación temporal de la VTC y luego las ciudades marcar las características que deben tener según las características del municipio, como ha ocurrido en la ciudad condal.

Así ha ocurrido en Catalunya, País Vasco, Baleares o Comunidad Valenciana mientras que Madrid es ahora la "única" que no ha querido regular este aspecto, aunque en Andalucía están pendientes de una reunión para aclarar si siguen la línea de la región o legislan la VTC.

Esta disparidad de criterios, a su juicio, requiere que el Gobierno central intervenga para establecer un "marco estatal mínimo" y no permitir que en España haya "taxis de primera y de segunda".