La subida de los tipos asfixia a pymes y autónomos, que tienen que pagar más de 18.000 millones anuales en intereses

A las empresas y los autónomos cada vez les cuesta más devolver el dinero que han pedido prestado. Les cuesta, concretamente, el doble que hace un año. Y va a costarles mucho más a medio y largo plazo vista la brecha que la banca está abriendo entre la Tasa Anual Equivalente (TAE), que indica el precio real del dinero, y el nivel oficial de los tipos de interés.

Este último se encuentra en el 4,5% desde el día 20, una semana después de que el Banco Central Europeo (BCE) le aplicara la décima subida en apenas un año sin plantearse que sus decisiones están poniendo a prueba la solvencia de las economías familiares, empresariales y estatales, al mismo tiempo que se revelan ineficaces para sujetar la inflación tanto en Europa como en España.

Sin embargo, el precio real del dinero, el que pagan empresas y consumidores, se encuentra hace ya tiempo por encima de ese nivel. Según los datos del Banco de España, las entidades financieras estaban aplicando ya en julio un TAE del 6,31% para los créditos de hasta 250.000 euros, que son los más frecuentes entre las pymes, del 4,97% para los que superan el millón y del 5,15% para los que se encuentran entre esos dos niveles.

Es decir, que el coste real del dinero con el que se financian las empresas era ya en julio (último dato disponible) entre casi medio y cerca de dos puntos superior al oficial.

Esto es consecuencia de la suma de los intereses reales y las cargas financieras que los bancos incluyen en sus contratos, como es el caso de las comisiones y de los seguros de caución ante eventuales impagos y que actúan como factor restrictivo.

Esos registros del 4,97% al 6,31% de hace casi tres meses, que se situaban en el 3,96% y el 9,21% para hipotecas y créditos de consumo, reflejan el interés medio de las operaciones, lo que indica que las hay menos gravosas pero, también, más caras.

Como consecuencia de esas subidas, los intereses medios que genera la deuda de las unidades productivas y comerciales del país, que se sitúa en 472.147 millones de euros, se ha duplicado con creces en un año al pasar del 1,88% al 3,86%. Y eso ha disparado la factura de los intereses hasta los 18.224 millones de euros anuales, el doble de los 9.103 de un año antes.

Esa diferencia, de 9.121 millones de euros, provoca un trasvase de las cuentas de resultados de las empresas y los autónomos a las de las entidades financieras por obra y gracia de las subidas de los tipos oficiales del interés del dinero.

Estas subidas se han convertido, en realidad, en un segundo vector de estrés financiero para esas unidades productivas junto con una inflación que sigue en niveles elevados y que impacta directamente en sus costes de producción.

El empleo, el consumo, la inflación y los recortes

"El escenario de mayor incertidumbre que se anticipaba ha llevado a ciertas empresas a acumular liquidez como medida de precaución y a ser más cautas con la gestión de su deuda", explican fuentes de Cepyme. Estas anotan que "también los mayores tipos de interés hacen que las empresas se cuiden más de pedir sólo las cantidades que necesiten".

"La financiación es más cara y hay reticencia a pagar intereses cuando la necesidad de crédito es menor porque la situación de caja es mejor", apunta Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Abad observa, "más que una reducción del crédito, un estancamiento en la financiación de pymes y autónomos" ante "una situación en la que no es tan necesario endeudarse en algunos sectores" por la mejora del consumo, estrechamente vinculada con la buena marcha del empleo.

Eduardo Abad (UPTA): "Más que una reducción del crédito, hay un estancamiento en la financiación de pymes y autónomos"

A falta de lo que puedan indicar los datos desagregados del PIB, los de unidades productivas y empleo que publica el Ministerio de Trabajo recogen aumentos en uno de los dos indicadores en 18 de los 20 sectores que computa, con la industria extractiva y las actividades internacionales como únicas excepciones en las que caen los dos.

Junto con esos dos ramos, entre los meses de agosto de 2022 y 2023 solo cayó el número de empresas empleadoras el comercio, el sector primario y la industria manufacturera, mientras el volumen de las plantillas se reducía únicamente en la construcción, la hostelería, el trabajo doméstico y los servicios administrativos.

"Hay más empleo y eso genera oportunidades económicas para los pequeños negocios", anota Abad, quien matiza que "la carestía de la vida ha subido de una manera desproporcionada".

"Hay más capacidad de compra, pero, al mismo tiempo, buena parte de los trabajadores no son capaces por sus ingresos de asumir el encarecimiento del coste de la vida. Algo que, por otra parte, va a empeorar cuando comiencen a aplicarse los recortes de servicios públicos que ya anuncian algunas comunidades autónomas", añade.

Primeras señales de insolvencia y morosidad

Los registros del Banco de España apuntan a una reducción del crédito vivo, cuya tendencia a la baja y cuyos altibajos se producen de manera simultánea a las primeras señales de insolvencia y de morosidad en el ámbito empresarial.

Los registros del Banco de España apuntan a una reducción del crédito vivo en paralelo a las primeras señales de insolvencia y de morosidad en el ámbito empresarial

Así, los 472.147 millones de euros de deuda del tejido productivo de julio de este año, con 10.579 menos que un año antes y 12.089 que al cierre de 2021, avalan la tesis del mayor tiento en la contratación de créditos. Sin embargo, esos datos conviven con un repunte de 2.810 en la primavera que parece directamente relacionado con la necesidad de liquidez para afrontar las pagas extraordinarias.

Y no se trata, en cualquier caso, del único dato que aporta indicios sobre la falta de liquidez. Hay al menos otros dos, uno de los cuales es el nivel de récord de procedimientos monitorios en los juzgados que, con 956.254 el año pasado y 229.190 de enero a marzo, recogen las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ese volumen de demandas por impago de facturas entre particulares no se había alcanzado en toda la serie que va del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 al parón de la actividad por la pandemia en 2020, un periodo en el que la mayor marca había quedado establecida en los 895.127 de 2010.

El otro dato lo ofrecen las estadísticas de nuevas operaciones de crédito del Banco de España, que reflejan un claro aumento de los descubiertos en las cuentas bancarias y de los aplazamientos de pago vía tarjeta.

El saldo de los primeros alcanza los 61.118 millones de euros mensuales tras un aumento de casi 4.000 en un año y para estabilizarse en el entorno de los 2.000 diarios. Mientras, el segundo se consolida por encima de los 300, lo que supone otros 10 por jornada.

Proyectos e inversiones aplazados por la presión financiera

"El endurecimiento de la financiación también nos debe preocupar por sus efectos sobre las decisiones de inversión de las empresas", apuntan desde Cepyme, ya que "los mayores tipos hacen que ciertos proyectos empresariales no sean viables o generen dudas, lo cual provoca que las empresas pospongan o cancelen ciertas inversiones".

Cepyme: "El endurecimiento de la financiación también nos debe preocupar por sus efectos sobre las decisiones de inversión de las empresas"

"Esto es muy importante porque tiene un impacto negativo sobre la capacidad de crecimiento futura de la economía española", añaden.

En medios empresariales se destaca, en coincidencia con las denuncias de las entidades de usuarios de banca y de consumidores en el caso de las hipotecas, que uno de los factores que más han complicado la situación financiera de las unidades productivas ha sido lo vertiginoso de la subida, de 4,5 puntos en catorce meses y que ha impedido cualquier tipo de planificación.

Y todo apunta a que ese cuadro de tensión financiera va a mantenerse al menos durante dos años en los que, por otra parte, está por ver cómo evoluciona una inflación causada a partir de una inflamación de precios desde la oferta a la que el BCE aplica la receta tradicional para sujetar la originada por el desboque de la demanda.