Un hombre de 53 años perdió la vida el pasado martes tras caerle una puerta metálica de grandes dimensiones mientras trabajaba en una empresa de Alboraia. Se trataba del cuarto fallecido en accidente laboral en el área metropolitana de València en menos de una semana, todos ellos en el sector secundario de la construcción y el mantenimiento.

El viernes anterior, un trabajador de 44 años moría al quedar inmovilizado entre una cesta elevadora y una viga en las obras de un nuevo supermercado en el barrio de Benimaclet de València. Tan sólo dos días antes, en una jornada trágica, fallecían dos hombres en sendos siniestros en Silla y Alfafar. El primero, de 38 años, sufrió una descarga eléctrica en un tramo en obras del trazado del AVE. El segundo, de 50 años, se precipitó desde más de diez metros de altura mientras reparaba un techo de uralita.

Números al alza

La siniestralidad laboral con resultado de muerte repunta. Según los datos arrojados en el último informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 se produjeron 59 accidentes mortales en territorio valenciano que suponen un aumento de 9 casos (18%) respecto al mismo período interanual anterior. La industria manufacturera así como el transporte y el almacenamiento son las parcelas más afectadas. Ya en el primer trimestre de 2018, el País Valenciano lideró la siniestralidad laboral mortal en el Estado, con un incremento del 57,14% respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, la agudización de la situación no repercute tan solo en la accidentabilidad mortal, sino en la siniestralidad laboral en general. En el mismo informe de INVASSAT, todos los indicadores van al alza: accidentes con baja, accidentes graves, accidentes yendo o volviendo del trabajo y población expuesta al riesgo. Son cifras, dicen los sindicatos, excesivamente técnicas y poco representativas, que escapan de algunas variables silenciosas u ocultas que atañen a las ocupaciones desreguladas, a una mayoría de autónomos o a la falsa economía colaborativa, y que harían crecer exponencialmente los números.

Sin control sobre el trabajo

“Hay una ausencia de una cultura política de defensa de la salud propia y del deber y la obligación que tienen los empresarios de cuidar la vida y la salud de los trabajadores”, razona Desiderio Martín, responsable del Gabinete de Estudios de la Confederación General del Trabajo (CGT). La pérdida de la capacidad de intervenir en el control sobre el trabajo como consecuencia de las políticas desreguladoras y muy especialmente desde la reforma laboral de 2012 ha sido detonante para llegar a esta situación. “El trabajo ha perdido su capacidad de contrapoder de los convenios colectivos y la democracia industrial.

No cuenta la opinión del trabajador, ni individual ni colectiva. Hemos perdido, desafortunadamente, el derecho a negarse a hacer un trabajo que sabemos que es pernicioso para nuestra salud porque esta negativa supone el despido automático. Hay miedo a perder el trabajo”, expresa el cegetista.

Para Hèctor Illueca, inspector de trabajo y seguridad social, el foco se sitúa sin rodeos en la relación entre precariedad y siniestralidad. “La flexibilización de los tiempos de trabajo, las extensas jornadas, los ritmos intensos… son fuentes generadoras de riesgos e incrementan la siniestralidad. Es una lacra porque no sólo comporta más facilidad de despido, sino que también implica un desempoderamiento del trabajador en la relación laboral, ya que no tiene capacidad contractual para hacer frente a prácticas laborales impuestas por la empresa que pueden ser constitutivas de riesgos”, sostiene el asimismo profesor de Derecho Laboral de la Universitat de València.

Illueca apunta la gravedad que ha supuesto la reforma laboral de 2012, la cual ha devaluado el poder sindical y la negociación colectiva. “Ha sido algo calculado, se los ha desposeído de cualquier poder, se los ha criminalizado y se los está expulsando de las empresas”, denuncia.

La prevención como trámite burocrático

¿Ha habido voluntad política para desarrollar la ley de prevención de riesgos laborales desde su aprobación en 1995? Es la pregunta que surge con un trasfondo de once trabajadores muertos a la semana en el estado español. Para Gonçal Bravo, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), han sido más de 20 años sin aplicación práctica de la ley y, además, ha constituido el marco desde el cual se ha entregado mayor poder a las mutuas de accidentes de trabajo. “La mayoría de técnicos no se sienten preparados y sienten escepticismo ante la utilidad de su trabajo; la mayoría de los que estaban preparados hace diez años ahora están en el paro o trabajando en otro sector. La revisión ha quedado convertida en un mero trámite burocrático y los pocos técnicos se ven sobrepasados. No hay formadores específicos de sector ni implicación real por parte de las organizaciones sindicales mayoritarias ni por las administraciones públicas”, expresa Bravo.

A todo ésto se le suma la disminución del cuerpo de inspectores de trabajo que se ha dado durante los últimos años a la par que los datos de los siniestros laborales se han intensificado. Illueca reconoce el déficit endémico de medios humanos y materiales que se traduce en deficiencias en la prestación del servicio. “Necesitaríamos triplicar estos medios para poder desarrollar nuestra función social con una garantía como la que merece nuestra sociedad”, indica. El inspector considera que, efectivamente, ha habido una caída en la inversión de las empresas en prevención. Un paso atrás, ya que muchas empresas enfocan la prevención como un costo y una obligación.

“Los seres humanos no son una mercancía. Nadie debiera ser lesionado por el hecho de trabajar”, concluye Martín.