Un correo persigue al actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, porque compromete su posición al vincularlo con el asesoramiento que recibieron fondos buitre norteamericanos para actuar de manera concertada, presuntamente, y tomar el control de la casa de apuestas Codere sin lanzar una OPA (Oferta Pública de Acciones).

El correo, fechado el 18 de enero de 2018, ha sido entregado a la propia CNMV por los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, fundadores de la casa de apuestas que fueron desplazado en esta operación.

En este mensaje sensible, el nuevo presidente de Codere, Norman Sorensen, informa a los consejeros controlados por el fondo norteamericano Silver Point Capital de la reunión en apariencia protocolaria que ha mantenido con Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Sorensen revela en el correo que Albella "sabe" que el despacho Linklaters está ayudando a a Silver Point Capital y a los consejeros controlados por este fondo en la toma del poder en Codere que se acababa de producir.

"Sebastián knows LL/Víctor are helping us", comenta Sorensen en alusión al conocimiento de Albella de la asesoría de Linklaters y al hecho de que el abogado de este despacho Víctor Manchado les ayudara en la operación.

Se da la circunstancia de que Sebastián Albella fue presidente del despacho Linklaters hasta noviembre de 2016, cuando fue nombrado presidente de la CNMV por el Gobierno de Mariano Rajoy. Albella participó además en la reestructuración de la deuda de Codere (2014- 2015) que convirtió a los fondos acreedores en accionistas.

Este correo de Sorensen figura en un listado de correos internos de Silver Point Capital relacionados con la operación de Codere y al que ha tenido acceso los Martínez Sampedro por autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) después de un litigio interpuesto para conocerlos (denominado 'Discovery').

Fuentes oficiales de la CNMV siempre han sostenido que Albella se abstiene de los asuntos concernientes a Codere, aunque no revelan el contenido de la reunión en apariencia protocolaria mantenida por Sorensen, a petición de la empresa.

La CNMV mantiene un expediente abierto a raíz de la denuncia interpuesta por los Sampedro el 26 de febrero de 2019 por el asalto a la compañía por parte de los fondos norteamericanos de manera supuestamente concertada y sin lanzar una OPA. Nada se sabe de la evolución de esta investigación.

Cruce de correos comprometidos

El listado de correos probatorios fue entregado el pasado 22 de julio por los Sampedro a la CNMV, órgano supervisor que tiene la capacidad legal para requerirlos e investigarlos si quisiera (no así los accionistas, que sólo han tenido acceso a resúmenes de los mensajes).

Entre ellos se encuentran diversos mensajes de diciembre de 2017 -en pleno asalto a Codere- entre Sorensen y un abogado de Linklaters, así como correos de Sorensen dirigidos a los consejeros controlados por Silver Point Capital con copia a los abogados de Linklaters Manchado, Esteban Arza y Ricardo Pérez.

Denuncia contra el presidente de Codere

Los Martínez Sampedro han denunciado a Norman Sorensen, presidente de Codere, ante la CNMV en un escrito fechado el 24 de agosto y al que ha tenido acceso Público.

En él, aportan al órgano supervisor las respuestas escritas que han recibido de Sorensen a sus 15 preguntas planteadas en la Junta de Accionistas del pasado 24 de julio "en la medida de que no son ciertas o son engañosas", tal y como acreditan los documentos aportados en el expediente entre ellos los correos comprometedores obtenidos de EEUU.

Así, denuncian en particular el que Sorensen desmienta a los accionistas la intervención del despacho Linklaters, como asesores de Silver Point Capital, en la elaboración del plan de acción para tomar el control de Codere.

En su respuesta, Sorensen sostiene que no fue asesorado por Linklaters en 2017, sino que este despacho, como representantes de Silver Point Capital, proporcionó "cierta información y asesoramiento de naturaleza regulatoria" que los consejeros de este fondo compartieron con Sorensen "quien decidió independientemente utilizarlo" para preparar las reuniones donde se cesó a José Antonio Martínez Sampedro.

Pero el cruce de correos conocidos gracias al proceso norteamericano prueban, a juicio de los Martínez Sampedro, que Linklaters "diseñó la operación y dirigió el asalto a Codere", según fuentes de estos accionistas.

En la denuncia ante la CNMV también se expone que Sorensen únicamente reconoce que mantuvo con Albella una reunión "de cortesía y buen gobierno" tras ser designado presidente de Codere "y no tuvo por objeto ni hubo referencia alguna a ningún asesoramiento de Linklaters".

Por el contrario, la denuncia sostiene que la documentación obtenida en EEUU y entregada a la CNMV "muestran la falsedad en la que ha incurrido" Sorensen.

De la revisión de esta documentación y de los correos confidenciales, los denunciantes concluyen que Sorensen se comunicó con los abogados de Linklaters en diciembre de 2017 "pidiendo y recibiendo asesoramiento" en la toma del poder de Codere por parte de Silver Point Capital "acordado previamente con los consejeros independientes", y que informó a los consejeros controlados por este fondo que Albella conocía que Linklaters les estaba asesorando.

Además, también se revela que Sorensen compartió con Manchado, abogado de Linklaters, "el resultado de su entrevista" con el presidente de la CNMV "lo que incluyó su preocupación por las actuaciones legales ante la toma de control de Codere" que pudieran ser iniciadas por los Sampedro.

Más de 7 millones de euros en litigios

Sorensen niega en su respuesta a los accionistas que Codere haya abonado "ninguna factura de honorarios" de abogados para el asesoramiento en la toma de control de la casa de apuestas, operación que también desmiente que haya existido.

Sin embargo, Codere gastó 7,2 millones de euros en 2018 en concepto de "gastos no recurrentes" que figuran en la información financiera como "litigios y asesores legales". En el año 2019, estas facturas bajaron a 1,5 millones.

De los 7,2 millones gastados en 2018, destacan los casi 4 millones de euros pagados por Codere a los despachos Boies Schiller Flexner y Jones Day para oponerse al proceso de 'Discovery' y al arbitraje que solicitaron sus accionistas fundadores.

Los fundadores de la multinacional Codere acusan a Silver Point (con el 23% de las acciones) de actuar de manera conjunta con Abrams y M&G (con el 8,72% y el 13,61% del capital, respectivamente).

Juntos alcanzaban el 45,33% del capital. Y superaban, por lo tanto, la barrera del 30% a partir del cual estaban obligados a lanzar la OPA por el total de los títulos de Codere, como establece la ley de opas. Pero no ocurrió así y tampoco solicitaron una dispensa a la CNMV.