Este viernes se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas para hablar de la financiación autonómica, para trazar la senda del déficit en los próximos años. Pero las comunidades autónomas (CCAA) están más interesadas en reclamar al Gobierno unos 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017. Una reclamación que se ha recrudecido en las últimos días: varias de ellas, gobernadas tanto por PP como PSOE, han anunciado ya que acudirán a los tribunales si no llega a una solución esta tarde. 

¿Pero qué es lo que reclaman exactamente las CCAA? ¿Por qué no se les pagado aún ese dinero? Estas son algunas de las claves del conflicto que han puesto a todos los territorios en pie de guerra.

Estas son algunas de las claves del conflicto que han puesto a todos los territorios en pie de guerra. 

¿Qué ocurrió en 2017?

El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017. El Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro en el ministerio de Hacienda, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA –denominado Suministro Inmediato de Información (SII)– que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Esto supuso que la recaudación de noviembre, que normalmente se ingresaba en el mes de diciembre, se hiciera en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.

¿Cómo afectó ese cambio normativo a las CCAA?

En momento las CCAA no se vieron afectadas porque la contabilidad nacional aplica el principio de devengo, es decir, contabiliza los ingresos cuando se genera la obligación, independientemente de cuándo se paguen. De hecho, las CCAA reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después.

Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).

¿Por qué se genera el conflicto?

El conflicto surge porque cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar 11 meses de recaudación de IVA (al haber perdido noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros. 

Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.

¿Ha habido algún intento de resolver esta situación?

Sí. El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre.

Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que de alguna manera compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año.

El rechazo de los presupuestos y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que esta medida se pusiera en marcha a tiempo, antes de que acabara 2019.

¿Por qué no reintegra el dinero el Gobierno?

El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019 ya no es posible reintegrar esas cantidades porque el plazo para cobrar ya ha vencido. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue muy clara al respecto el pasado martes tras el Consejo de ministros: "Ya estamos en 2020 y como he explicado en otras ocasiones el tema que se tenía que haber resuelto en el años 2019. No hay ninguna novedad al respecto". 

Sin embargo, la propia Montero abrió la puerta a estudiar "medidas paliativas" que aún no ha detallado. 

¿Cómo han reaccionado las comunidades autónomas?

Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas. Muchas CCAA, incluso gobernadas por los socialistas, han anunciado que recurrirán a la vía judicial para que les devuelvan el dinero.