El retraso del fondo de recuperación de la UE amenaza con lastrar más la salida de la crisis

Para poder dar forma al plan "más ambicioso y transcendental de la historia económica de España", según Pedro Sánchez, el Gobierno cuenta con el fondo anticrisis europeo. Un instrumento dotado con 800.000 millones de euros y que busca sacar del atolladero a los países cuyas economías más sufren los estragos de la pandemia. Este será uno de los temas que ocupará a los responsables de Economía y Hacienda este viernes, en la reunión primero de los ministros de Finanzas de la Eurozona (el Eurogrupo), y, luego, de toda la UE (Ecofin), en medio de la preocupación por el retraso en la puesta e marcha del fondo de recuperación.

El Ejecutivo de Sánchez se aferra a su plan de recuperación con uñas y dientes como solución a la mejoría de la economía española. En las últimas semanas se ha visto obligado a recortar la previsión de crecimiento para 2021 en 3,3 puntos y espera que el desembolso del fondo europeo inyecte un poco de adrenalina a la economía española, después de los altibajos de las últimas semanas en la campaña de vacunación.

El equipo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, estima que parte de este recorte se debe al retraso en la llegada de los fondos europeos. Un proceso que se dilató en la fase de negociación, por la vinculación del desembolso al respeto al Estado de derecho, que Hungría y Polonia decidieron bloquear, pero también en la fase de aprobación, que requiere que todos los Estados miembros aprueben la decisión de recursos propios para que Bruselas acuda a los mercados de deuda.

Bruselas ha presentado este miércoles los detalles de la estrategia de financiación con la que espera captar de los mercados de deuda 800.000 millones de euros (en el plan original eran 750.000 millones de euros) para hacer frente al fondo de recuperación. Para ello prevé obtener 150.000 millones de euros anuales hasta 2016, convirtiendo al Ejecutivo comunitario en uno de los mayores emisores de deuda denominada en euros.

El comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, ha sido el encargado de presentar los detalles del plan. Para que sea una realidad, los 27 Estados miembros deben ratificar la legislación necesaria para la emisión de deuda. Por el momento tan sólo han hecho los deberes 17 socios y falta que hagan lo propio Alemania, Estonia, Hungría, Austria, Finlandia, Rumanía, Países Bajos, Irlanda y Lituania. En el caso de Berlín, el proceso está paralizado por una demanda del Tribunal Constitucional.

El bloqueo por parte del Tribunal Constitucional alemán mantiene a las capitales en vilo, ya que la decisión judicial podría retrasarse hasta tres meses. Ante la posibilidad de que eso ocurra, varios miembros del Banco Central Europeo (BCE) han insistido en la importancia de evitar un retraso. Ha sido el caso de Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, que declaró a la revista alemana Der Spiegel el viernes pasado que el retraso en el desembolso de los fondos "sería un desastre".

"El hecho de que el fondo y los programas de ayuda nacionales vayan a provocar un aumento significativo de los niveles de deuda nacionales no es un problema, siempre que el gasto impulse el crecimiento económico sostenible", explicó Schnabel. Una actitud muy diferente a la que mantuvo el organismo durante la crisis del euro.

Sin embargo, el comisario Hahn se muestra positivo y cree que es realista que los gobiernos que aprueben los planes nacionales de reformas e inversiones pronto empiecen a recibir sus anticipos en julio. El resto, previsiblemente, recibirá la inyección a partir de septiembre.

Para cumplir con este plazo y que Bruselas pueda realizar la primera emisión de deuda en julio, los 27 deben de haber completado el proceso de ratificación en junio. De lo contrario, tendrá que esperar al primer día del siguiente mes, por lo que habrá retrasos en los desembolsos.

Con el objetivo de no retrasar más los tiempos, el comisario ha aprovechado para apremiar a las capitales: "pido a los Estados miembros que no han ratificado la Decisión de Recursos Propios que aceleren el proceso". "Por supuesto, respetamos todas las disposiciones constitucionales y seguimos confiando en que el procedimiento sea finalizado a tiempo para que podamos empezar el programa de emisiones como estaba previsto", ha añadido, en referencia a Berlín.

Y es que, en este punto, cada gobierno debe de presentar su plan de reformas, que la Comisión Europea deberá de validar a posteriori, para recibir los desembolsos. Además, Bruselas será la encargada de realizar un seguimiento y comprobar que se están cumpliendo los planes, con la capacidad de cerrar el grifo si un país no cumple con los objetivos a los que se ha comprometido.

Para conseguir el dinero, el Ejecutivo comunitario emitirá bonos con distintos vencimientos de entre 3 y 30 años, así como letras con vencimientos inferiores al año, subastas u operaciones sindicadas. Además, cada seis meses deberán de presentar los planes de financiamiento a los inversores, que incluye el programa de emisiones de bonos verdes que podrían llegar a los 250.000 millones de euros.

El calendario inicial preveía que los Estados miembros dispusieran de la prefinanciación del 13% del fondo este verano, un posible segundo desembolso a finales de año y el resto llegara a lo largo de 2022. Sin embargo, con la situación actual, es más realista que los Estados miembros puedan acceder este año a la prefinanciación, que en el caso español rondaría los 18.000 millones de euros.

Otro de los temas clave y que podrían suponer una demora mayor o menor de los desembolsos son los planes nacionales de reforma e inversión. Y es que las capitales todavía no han enviado a la Comisión Europea sus planes, en los que especifiquen para qué van a usar el dinero europeo, dónde y cómo lo van a utilizar, y con qué objetivo. España es uno de los países que más avanzado lleva el plan, que el presidente Sánchez ha defendido estos días en el Congreso, y que enviará, como muy tarde, el 30 de abril a Bruselas.

Propuesta española

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podría ser el mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de nuestro país. Según los cálculos, a España le corresponden 140.000 millones de euros de los 800.000 millones del fondo anticrisis europeo. De esta cantidad, 72.000 millones en inyección directa y el resto en préstamos.

A diferencia de la crisis de 2008, en esta ocasión Bruselas no ha pedido austeridad. Ha dejado en standby los índices de endeudamiento y déficit y ha dado carta blanca a los países a endeudarse. Eso sí, deben de cumplir varios requisitos. Entre ellos, apostar por la transición ecológica y digital. Siguiendo estas indicaciones, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido destinar dentro de su plan un 39% de la inversión a la transición ecológica, un 29% a la transición digital, un 10% a educación y formación y un 7% a I+D+i.

El Plan de Recuperación contempla 20 reformas, aunque el grueso de las inversiones irán a parar a diez de ellas. Estas son: ley de cambio climático, nuevo sistema energético, hoja de ruta del hidrogeno renovable, adaptación de infraestructuras verdes, ley de aguas y depuración, modernización de la política agrícola y pesquera, política de residuos, estrategia de movilidad sostenible, reforma de sistema nacional de ciencia e investigación y una nueva política de vivienda.

Tal y como ha explicado el presidente, la agenda de reformas se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en las recomendaciones específicas a España dentro del Semestre Europeo en 2019 y 2020. Así, ha insistido en que es el momento adecuado para realizar "las reformas económicas tantas veces aplazadas", en ámbitos de energía, enseñanza o mercado laboral.

Mientras Sánchez defendía el plan en el Congreso, la vicepresidenta Nadia Calviño hacía lo propio con los agentes sociales. Ambos han intentado explicar las 212 medidas que han proyectado, 110 inversiones y 102 reformas. Las medidas que corresponderían al dinero que tiene asignado España, y que con parte- 27.000 millones de euros- el Ejecutivo ya contó para aprobar los Presupuestos Generales.

Algunos de los partidos que apoyaron al Gobierno para la aprobación de los presupuestos, este miércoles no parecían muy conformes con la propuesta del plan. El portavoz de Compromis en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido que los fondos "lleguen a la economía real, que no sean acaparados mayormente por los grandes grupos. Y, en definitiva, que escuchen, dialoguen y consensuen".

El líder de Más País, Iñigo Errejón, por su parte, ha indicado que la "principal tarea del gobierno no es anunciar más más cosas, sino salvar la distancia entre aquello que discutimos aquí y las preocupaciones y angustias de la ciudadanía en el día a día". Así, el líder del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que "sinceramente, la sensación de mucha gente y en muchos ámbitos es de una hidra de mil cabezas, y corremos el riesgo de que la gente no se aclare".

Insolvencia y moneda digital

Este viernes los ministros y ministras de Economía y Hacienda también mantendrán un debate sobre los marcos de insolvencia basados en un estudio de la Comisión Europea. Para Bruselas, contar con un marco eficaz y eficiente es clave para lograr una recuperación más rápida, un crecimiento más sólido y una mayor integración financiera dentro de la zona euro en el futuro.

La idea de contar con el euro como moneda digital será otro de los temas encima de la mesa. La creación de un instrumento rápido y seguro para los pagos diarios, que podría suponer la digitalización de la economía europea y que los ministros analizarán a partir de un informe del BCE.