Proyecto Muga El Gobierno avala excavar la mayor mina subterránea de España junto al principal pantano del Pirineo

El Ministerio de Industria está ultimando la concesión de los permisos para que Geoalcali, una filial de la multinacional australiana Highfield Resources, comience a excavar Mina Muga, la mayor explotación minera subterránea de España y la tercera de todo el sector, junto al pantano de Yesa, a caballo entre Aragón y Navarra: más de 1.700 hectáreas con galerías de hasta 600 metros de profundidad a apenas un kilómetro y medio del mayor embalse del Pirineo, cuya presa se apoya sobre una falla y cuyo polémico recrecimiento lleva años alentando un acalorado debate público sobre su seguridad.

Paralelamente, la Consejería de Industria del Gobierno de Aragón ha otorgado a Geoalcali un "permiso de investigación de recursos" para explorar la existencia de "sales sódicas y potásicas" en 25 cuadrículas mineras (800 hectáreas) de los términos zaragozanos de Undués de Lerda y Sos del Rey Católicolo, lo que, de salir adelante sería una ampliación de la explotación inicial de casi el 50% de extensión y por el sur,

El permiso, que llega poco antes de que Navarra y Aragón otorguen las concesiones para excavar las áreas de Goyo y Muga y completen el complejo inicial con el permiso para el paraje llamado Fronterizo, que depende del ministerio por estar a caballo de ambos territorios, incluye la prohibición de causar “cualquier afección sobre especies arbóreas de carácter forestal” y prevé una fianza, ya depositada, de 16.400 euros “para hacer frente a las labores de restauración de las áreas afectadas por la actividad extractiva”.

El proyecto completo de Mina Muga, cuya bocamina se ubicaría en Undués, abarca un total de 1.742 hectáreas divididas en nueve bloques en municipios de Aragón y Navarra a los que pueden ir sumándose otros como Muga Sur.

Dos años para cuatro sondeos de 1,2 a 2,5 kilómetros

La autorización de los sondeos, que da a Geoalcali dos años para abrir cuatro sondeos de entre 1,2 y 2,5 kilómetros de profundidad junto a Undués, a menos de cinco kilómetros de Yesa, llega un año después de que la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental de ese ministerio emitiera una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable para el proyecto, aunque en ella no se pronunció "sobre la metodología y las conclusiones del análisis de riesgos geológicos, ni sobre la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes o catástrofes naturales".

Esa omisión causó sorpresa en la zona afectada, ya que el proyecto contempla galerías de más de 600 metros de profundidad en las inmediaciones de un embalse que está siendo recrecido de 446 a 1.079 hectómetros cúbicos, lo que lo situaría como el mayor del Pirineo por delante de Canelles, y cuya seguridad lleva años provocando encendidos debates; más, desde que la DIA de la nueva presa confirmó en 2010 que se apoya sobre una falla y desde que, a partir de finales de 2012, hay constancia de que la ladera derecha registra leves movimientos.

El proyecto contempla galerías de más de 600 metros de profundidad

Geoalcali mantiene que "la actividad sísmica de la zona es muy baja" y que la explotación de la mina conlleva "un nivel bajo de peligrosidad sísmica", además de descartar "la afectación al embalse de Yesa por riesgo de subsidencia del terreno" aunque sí admite que sus trabajos, que incluyen voladuras, provocarán hundimientos del suelo de dos a ocho centímetros de profundidad en una superficie de más de 4.000 hectáreas, una extensión que duplica con creces a la de la mina.

El Instituto Geológico y Minero (IGME) mantiene que las voladuras no tendrían por qué afectar a la estabilidad de las laderas si Geoalcali recurre a ellas de manera "puntual", aunque, por otro lado, añade, "no se descarta" que en la zona puedan darse episodios de "sismicidad natural".

Fuentes de Geoalcali señalaron que la empresa aseguraron que "en ningún caso se van a utilizar voladuras" durante la explotación de la mina, al tiempo que insistían en que "Yesa y Mina Muga son dos unidades geológicamente separadas y diferenciadas" cuyas eventuales interacciones "han sido evaluadas y avaladas por las autoridades competentes".

La matriz "sigue confiando" en que cerrará la financiación

Mina Muga sería, de entrar en funcionamiento en su totalidad, la mina subterránea de mayor extensión de España y la tercera del ramo, ya que sus 1.742 hectáreas de galerías previstas solo se verían superadas por las 3.000 de la sevillana de Cobre Las Cruces y las casi 2.000 de la sevillana de Río Tinto, ambas a cielo abierto.

Geoalcali, que pretende iniciar las extracciones de potasas de Mina Muga en torno al 2023, y que ahora mismo está rehaciendo su equipo directivo, es una filial de la australiana Highfield Resources, que esta misma semana ha hecho público un informe trimestral de actividades en el que señala que "sigue confiando en asegurar el financiamiento de deuda y capital necesario para Muga", al que se refiere como "el proyecto emblemático de la compañía" y en el que prevé invertir 320 millones de euros.

Highfield no atraviesa su mejor momento, ya que sus acciones acumulan en la bolsa de Sidney una devaluación de más del 50% en lo que va de año tras haber caído otro tanto en los cuatro anteriores: las participaciones que cotizaban a 1,91 dólares australianos a principios de 2016 lo hacen hoy a 0,42, lo que ha reducido su capitalización a 138,4 millones (86 de euros).

La 'fiebre' de la minería en España

La tramitación de los permisos de Geoalcali coincide con un periodo de inusitado impulso de proyectos mineros en España, donde, entre otras iniciativas, la angloaustraliana Apollo Minerals quiere reabrir seis décadas después la mina de wolframio y oro de Aurenere, en el Pirineo de Lleida; la australiana Berkeley impulsa otra de uranio en Retortillo (Salamanca) y la chipriota Atalaya trata de reabrir la de cobre de Touro (A Coruña) mientras sigue extrayendo ese mineral en Río Tinto.

Se trata, en todos los casos, de iniciativas de empresas potentes con contestación en los territorios afectados y que, como ocurre con las dos últimas a falta de que la Generalitat se pronuncie, no siempre disponen de la bendición de las administraciones.

Estos y otros proyectos surgen, en cualquier caso, en una etapa de florecimiento de una actividad especulativa como la 'minería junior', cuyo modelo de negocio, a caballo entre la consultoría y la intermediación, consiste en localizar eventuales yacimientos y realizar las investigaciones y los sondeos previos para, una vez logradas las concesiones o mientras se encuentran en tramitación, vender los derechos a otra firma.