Las propuestas del Gobierno no garantizan las pensiones más allá de 2017
Financiar de golpe las de viudedad y orfandad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es inviable si no se suben los impuestos o se aplican más recortes. Mientras tanto, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agota por una política de empleo que fomenta la precariedad y no permite un aumento suficiente de los ingresos por cotizaciones.
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MADRID.- El inicio del debate sobre la reforma del sistema de pensiones, en el seno de la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo, ha obligado al Gobierno a poner sus cartas encima de la mesa.
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En concreto, se refirió a las bonificaciones en las cuotas de las que se benefician los autónomos y los empresarios que crean empleo y a las pensiones de viudedad y orfandad, que pasarían a ser cubiertas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social sólo se puede contar ya hasta finales del año próximo
Ante semejante realidad, Báñez matizó posteriormente, en declaraciones a la prensa, que los cambios en la financiación del sistema deben ser progresivos, lo que casa mal con la urgente necesidad de atajar un desfase que en 2016 rondará los 18.000 millones de euros, como ha reconocido el propio Gobierno a las autoridades europeas. Con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, además, sólo se puede contar ya hasta finales del año próximo, pues en ese momento se habrá consumido el dinero que aún guarda.
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Ahora mismo, en la hucha de las pensiones quedan unos 25.000 millones de euros, bastante menos de la mitad de los 66.000 millones que había cuando Mariano Rajoy llegó al poder tras las elecciones generales de noviembre de 2011.
Teniendo en cuenta que el desfase de la Seguridad Social ronda los 9.000 millones de euros por semestre, el sistema necesitaría unos 27.000 millones en lo que queda de 2016 y todo 2017; es decir, 2.000 más, en números redondos, de lo que a día de hoy hay en la hucha. Esa cifra coincide casi exactamente con el ahorro que supondría endosar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las bonificaciones sociales, que asciende a los 1.900 millones de euros anuales. ¿Pero qué pasaría después?