Después de una primera parte del año al ralentí, la negociación colectiva cogió carrerilla durante el verano, impulsada en buena medida por el acuerdo de ámbito nacional alcanzado a finales de junio entre patronal y sindicatos.

En él se recomendaba una subida de los salarios en torno al 2% durante el periodo 2018-2020, más un 1% vinculado a factores como los resultados de las empresas, el aumento de la productividad o la reducción del absentismo injustificado.

La firma de ese pacto, denominado IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ha desatascado la renovación de muchos convenios, que estaban a la espera de que lo que pudiera establecer. Sólo en julio y agosto (últimos datos de los que dispone el Ministerio de Trabajo) fueron registrados 271, frente a los 475 de los seis meses anteriores. El total en lo que va de año asciende, pues, a 746, de los que 549 son de empresa y 197 de ámbito superior.

A 31 de agosto, había en vigor 2.962 convenios con efectos económicos en 2018, que afectaban a más de 7,5 millones de trabajadores. La subida salarial media pactada era del 1,65%, muy por debajo todavía de la recomendación de AENC, pero claramente por encima del 1,33% correspondiente a la misma fecha de 2017. Ese dato, además, es el mejor desde la puesta en marcha de la reforma laboral de 2012, que tuvo efectos devastadores sobre la negociación colectiva.

Las subidas salariales, como es habitual, están siendo más acentuadas en los convenios de ámbito superior a la empresa, donde los sindicatos tienen una mayor capacidad negociadora. Los convenios sectoriales y territoriales firmados entre enero y agosto reflejaban un aumento del 2,03%. Los de empresa, en cambio, se quedaron en el 1,57%, dado que los representantes de los trabajadores suelen disponer de menor fuerza, sobre todo en las medianas y pequeñas.

De todas formas, se trata de un significativo avance respecto a los convenios que, aun teniendo efectos económicos en 2018, fueron suscritos con anterioridad. La subida salarial en ese caso fue del 1,27% para los de empresa y del 1,57% para los de ámbito superior.

El temor a que el repunte de la inflación, inducido por la escalada de los precios del petróleo, merme el poder adquisitivo de los trabajadores y perjudique al consumo privado explica la decisión de los empresarios de abrir un poco la mano con los salarios.