Las potencias occidentales abandonan la economía afgana a su suerte

La salida del último soldado estadounidense en Afganistán, a la caída de la noche del pasado 30 de agosto, y la inmediata toma del control del Aeropuerto Hamid Karzai de Kabul –el primer jefe del Estado bajo jurisdicción de la OTAN–, por parte del movimiento talibán, no sólo fue el inicio del desmantelamiento de la presencia militar americana en el país más convulso de las últimas décadas. Pese a que los aproximadamente 2.500 efectivos del Pentágono proporcionaban una cobertura a la inteligencia y el ejército afgano que se desmoronó como un castillo de naipes con la afluencia masiva de ciudadanos, delegados extranjeros y personal militar occidental en los alrededores del complejo aeronáutico de la capital. O que la justificación de Joe Biden – de su antecesor, Donald Trump– de que el apoyo armado norteamericano en Afganistán ya no suponía un necesario dique de contención contra la seguridad nacional estadounidense, que chocaba de frente con una realidad abrupta: la muerte de 13 soldados americanos de entre los más de 170 fallecidos por los potentes ataques contra el aeropuerto decretados –y asumidos– por el Estado Islámico. La maniobra geoestratégica de EEUU, tan anunciada como sorprendente en su triste ejecución, también encierra una honda preocupación por el serio riesgo de quiebra y colapso de la economía del país. Ahora, en manos talibanes. Por primera vez en veinte años. Y lo que resulta aún peor. Con una preocupante amenaza de irrupción de una crisis humanitaria en toda regla.

Un fantasma que ya ha dejado sus primeros retazos. Vestigios de tiempos pasados, pero no tan lejanos. Porque desde el 15 de agosto, cuando los grupos talibanes se hicieron con las principales ciudades afganas, el sistema bancario del país ha entrado en hibernación. Largas colas de gente se apelmazaban en sus sucursales, la mayor parte de ellas, cerradas, sin posibilidad alguna de dispensar dinero en efectivo.

Con la limitación del acceso a liquidez monetaria, la desesperación social ha ido en aumento, explican varios corresponsales de BBC. En una economía sumamente frágil. Por su elevadísima dependencia de la ayuda internacional. Una de las más intensas del planeta, según el Banco Mundial, que otorga esta condición a cualquier nación cuyos fondos de cooperación internacional remitidos a sus autoridades monetarias superen el 10% del PIB. Y en el caso de Afganistán, alcanza el 43% de su economía.

Con la llegada al poder de los talibanes, algunas potencias occidentales, como EEUU o Alemania, han suspendido sus ayudas oficiales al país. De igual manera que el FMI ha interrumpido sus líneas crediticias. De forma que el DAB, su banco central, ha sellado sus cámaras acorazadas de reservas internacionales, cifradas por el entramado multilateral, en unos 9.000 millones de dólares, la mayoría bajo control y supervisión del Tesoro americano. Antes de la huida de su gobernador, Ajmal Ahmady, en un avión oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el mismo día en el que los talibanes ocuparon en Kabul su aeropuerto. No sin antes admitir y advertir de que esas reservas y "los activos de liquidez de la institución, en bonos del Tesoro americano y lingotes de oro en el exterior, estaban a buen recaudo y bajo los estándares de inversión internacionales". Hasta el punto de recalcar que los fondos accesibles a los talibanes "tan solo representan entre un 0,1% y un 0,2% del total del stock de divisas internacionales; no más".

"Cualquier activo que el banco central afgano tiene en EEUU no será entregado bajo ningún concepto al gobierno talibán"

Un cerrojo de doble llave. Porque en Washington se han encargado de corroborar este impedimento. "Cualquier activo que el banco central afgano tiene en EEUU no será entregado bajo ningún concepto al gobierno talibán", alertan desde la Administración Biden. Ahmady fue aún más allá en sus declaraciones. En declaraciones a Financial Times, reconoce y avanza la caótica situación económica de su país que, sin embargo, en manos talibanes, "podría conseguir los suficientes recursos a través de ingresos ilegales en el sector de la minería, de la producción de opio y la revitalización del negocio de la heroína, o de rutas comerciales bajo su control". Estas fuentes –incide el hasta ahora gobernador–, han estado detrás de "sus múltiples campañas de insurgencia", aunque no sean adecuadas para que un gobierno funcional opere con una cierta normalidad. Sobre todo si, como parece, el éxodo masivo también hace estragos.

Wall Street Journal se hacía eco hace unas fechas de un fenómeno inaudito. Los propietarios de inmuebles de Kabul ofrecían a sus inquilinos alquiler gratuito con tal de que sus pisos no cayeran en manos talibanes, ante las ocupaciones de viviendas vacías. Mientras se contraen súbitamente las remesas internacionales. Los envíos de dinero de exiliados afganos a sus familias –que supone otro 4% del PIB nacional– se han parado de forma fulminante, alerta el Banco Mundial en otro de los países más dependientes de estas entregas desde el exterior.

Mientras, las transferencias monetarias resultan cada vez más difíciles. Compañías como Western Union o Money Gram han congelado sus servicios en el país apuntan desde la BBC, citando fuentes corporativas de ambas firmas, desde las que se asegura que restablecerán los canales de pago una vez "comprueben la viabilidad y certificación de sus operaciones". La salida de las tropas americanas acaba con la alta dependencia afgana de las donaciones internacionales y de las remesas de divisas desde el exterior, que aportan el 43% y el 4% al PIB del país.

Vestigios de colapso de la economía

La alta volatilidad política –con un conflicto abierto e incierto entre talibanes y el Daesh–, el cierre de bancos, la debilidad de la moneda afgana y la casi imposibilidad de retirar dólares también tiene traslación a los gastos de familias; en especial, del gas, cuyo precio se ha disparado, aunque del mismo modo se constatan las primeras dificultades de compra de móviles.

"Ha llegado un momento en el que la divisa de uso corriente en el país carece de valor alguno", explica Fawaz Gerges, un profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics (LSE). Por lo que "los niveles de confianza en la economía afgana se han desplomado". Y es la segunda vez en tres años que el PIB entra en números rojos. En medio de un repunte de la inseguridad, altas cotas de pobreza y fragilidad del sistema sanitario, debilitado aún más por la Covid-19. A su juicio la toma del poder por parte de los talibanes "ha exacerbado la crisis que ya existía, en múltiples dimensiones" hasta crear una especie de "tormenta perfecta" que puede desembocar con suma facilidad y rapidez en una "catastrófica crisis humanitaria como la de Siria o Yemen".

En parecidos términos se manifiesta Alex Zerden en Atlantic Council, un think tank sin ánimo de lucro que investiga las políticas exteriores estadounidense y europea. Zerden fundó Capitol Peak Strategies, una fintech de activos digitales con amplia expansión en mercados emergentes y en desarrollo y ha participado en delegaciones del Tesoro americano en Afganistán desde 2018. En su opinión, los esfuerzos para acabar con las finanzas ilícitas, las aportaciones al terrorismo y las evasiones fiscales y de lavado de capitales o para frenar el narcotráfico de opio o la corrupción han quedado en saco roto. Después de que "las donaciones internacionales hayan contribuido con el 75% del presupuesto a una economía asolada por cuarenta años de guerras". Sin que, en este tiempo, a tenor del diagnóstico del Banco Mundial y el FMI, la actividad sumergida haya reducido significativamente su aportación a la producción nacional, a las exportaciones o al empleo. "La mayoría de la población afgana empleada en el sector privado está asociada a las ventas de heroína, la minería ilegal o al contrabando".

Y sus grandes vecinos –Pakistán e Irán– no han contribuido precisamente a su erradicación, explica Zerden. "Lamentablemente, la llegada de los talibanes tampoco invita al optimismo". Ni en términos de seguridad regional, ni sobre la esperanza de regularización y legalización de la economía afgana. Ni de trasferencia industrial o de estabilidad financiera. Y deja en cuestión la aportación de los 83.000 millones de dólares que la Casa Blanca ha utilizado en apoyo de las fuerzas gubernamentales afganas ahora derrocadas por unos talibanes que han revitalizado ya su alianza con Al Qaeda.

Estas señales de alta tensión geopolítica y económico-financiera están detrás, según Zerden, de la precipitada retirada de ayuda al gobierno oficial afgano, por parte del Congreso americano, dentro de las partidas del presupuesto de 2021, entre las que se incluían más de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Seguridad de las Fuerzas en Afganistán, además de otras donaciones civiles más modestas. Así como la cancelación de los más 370 millones de dólares aprobados en el FMI a Kabul hasta 2024; al margen de los casi 430 millones a los que equivalen los Derechos Especiales de Giro en curso de esta misma institución a modo de activos financieros. Para Zerden, la Administración Biden debe asegurarse de que el Tesoro cumpla con su intención de impedir nuevas entregas monetarias a los talibanes, congelando sus reservas internacionales.

Imponer, a través de su diplomacia política y diplomática, sanciones económicas e impulsar, en sentido contrario, asistencia mundial –con cooperación multilateral y de otros aliados– de ayuda a la población y vigilar estrechamente los lazos de los talibanes con Al Qaeda en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista y hacia Pakistán e irán para impedir la instauración de una economía ilícita. Un planteamiento que ya está en la mesa negociadora del G-7, donde se estudian medidas diplomáticas, políticas y económicas contra los talibanes tal y como ha admitido el premier británico, Boris Johnson, su presidente semestral. Aunque sin desestimar fondos.

Algo que Adam Tooze, en Foreign Policy, considera una reacción cosmética, que tilda de equivocación, porque la influencia occidental en el país dependerá en el futuro de que la cooperación monetaria siga fluyendo. Pese a que disminuya la intensidad de los flujos. Porque en caso de colapso de una economía de 19.800 millones de dólares –en 2020, según los cálculos del FMI–, con un déficit de entre el 25% y el 30% del PIB y sus importaciones excediendo en cuatro veces sus ventas al exterior, de tan sólo 1.700 millones de dólares, y de una esperada inculcación de libertades y derechos civiles por parte de los talibanes, el peligro de suspensión de pagos del país está al acecho.

"Occidente ha abandonado a su suerte a Afganistán", explica Tooze. Y ahora, el país, desde posiciones talibanes, dejará de operar con "una economía mitad civil y mitad militar", que iba corrigiendo, gradualmente, las actividades ilícitas, aclara Tooze, profesor británico de la Universidad de Columbia e historiador económico. Si las potencias europeas y EEUU quieren mantener un mínimo pulso vital en Afganistán, deben considerar, al menos, "una escasa afluencia dineraria" con el país. "Sería esencial" para tratar de preservar los niveles educativos y la creciente expectativa de vida de los últimos veinte años.

También su incipiente industria y su disposición al consumo, con tasas de gasto eléctrico y de ventas de automóviles en aumentos anuales hasta la salida de las tropas estadounidenses, recuerda Tooze. O la paulatina intersección del negocio del opio en la sociedad que, en 2019, y según Naciones Unidas, proporcionó a sus granjeros entre 1.200 y 2.100 millones de dólares. No siempre con fines ilícitos. Aunque haya contribuido a la capacidad adquisitiva de familias y a la financiación de hogares. Para Tooze, la no aportación de fondos occidentales deja vía libre a las líneas crediticias de sus vecinos; en especial, Pakistán e Irán. Pero también de China. Todos ellos, potencias nucleares y no precisamente socios geoestratégicos de Washington. Y sumamente interesados en aportar ayuda para abordar la malnutrición derivada de la pandemia y del actual cambio de régimen o para afrontar los daños de una sequía persistente que ha destruido el 40% de la cosecha de cereales de este año y ha añadido 3,4 millones de personas en situación de elevada vulnerabilidad.