Petroleras Bruselas Las grandes petroleras gastaron 250 millones en nueve años para influir en Bruselas

251,3 millones de euros en nueve años. Es la cantidad de dinero que las cinco compañías petroleras y de gas más grandes del mundo -BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, y Total- han gastado en financiar sus oficinas en Bruselas, en las que diseñan estrategias para influir en las políticas de las instituciones comunitarias.

La cifra es parte de un informe presentado este jueves por una plataforma europea de cerca de 200 oenegés que piden que se limite el acceso de este tipo de empresas a las oficinas de la Comisión o el Parlamento Europeo.

Los firmantes denuncian que las cinco compañías aludidas "han conseguido retrasar, debilitar y sabotear la acción de la UE contra la crisis climática", y que han descafeinado los objetivos para las energías renovables, eficiencia energética y emisión de gases de efecto invernadero, a la vez que han mantenido "lucrativos" subsidios para los combustibles fósiles.

La plataforma apunta además que esas cinco compañías son responsables de un 7,4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero entre 1988 y 2015 y que hay que achacar a su trabajo de influencia parte de los 71,5 millones de euros de beneficios que obtuvieron de manera combinada BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, y Total en el último año.

Bruselas: capital de la industria de la influencia

Que las grandes compañías tengan oficinas para influir en las decisiones de Bruselas no es algo nuevo. En la capital comunitaria trabajan unas 25.000 personas en este tipo de oficinas: en grandes empresas, pero también en consultorías, oenegés, bufetes de abogados, think tanks, sindicatos y asociaciones. El problema, denuncian desde Corporate Europe Observatory, promotora del estudio, es que el presupuesto de las grandes empresas es mayor.

"Si, como miembro de la industria, tienes mucho presupuesto y mano de obra para seguir cada etapa del largo proceso legislativo, tienes gente lista para sugerir un detalle técnico o un cambio en la formulación de un párrafo de una nueva ley", explican desde CEO, a la vez que reconocen que los expertos técnicos de las empresas son necesarios aunque defienden que habría que mantenerlos fuera de la creación de las normas.

El informe publicado hoy relata que con los 251,3 millones de euros que han gastado desde 2010 en Bruselas, las grandes petroleras pagan a 200 personas que, entre otras acciones de influencia, desarrollan argumentos en favor de las compañías que presentan a los actores del proceso legislativo, como los funcionarios de la Comisión Europea y los eurodiputados.

Mensink: "Estamos jugando un papel activo en la transformación hacia un modelo de emisiones más bajas y de economía circular"

Los representantes de estas empresas se han reunido con altos cargos de la Comisión Europea en 327 ocasiones, más de una vez por semana de media, desde que en 2014 Jean-Claude Juncker se convirtió en su presidente. Quien más ha acogido en su despacho a los lobistas del petróleo y el gas es el comisario español, Miguel Ángel Arias-Cañete, que ostenta la cartera de Clima y Energía.

En declaraciones a este diario, desde la Comisión Europea defienden que "es normal que los políticos y los funcionarios se reúnan con organizaciones externas que sufren el impacto de nuestras políticas para entender las posibles consecuencias de nuestras acciones" y defienden su trabajo contra la crisis climática: "la Unión Europea fue "fundamental" para alcanzar el Acuerdo de París en 2015 y las normas que lo ponen en práctica en Katowice (Polonia) en 2018".

Además, según fuentes oficiales de la institución, el número de reuniones con la industria del petróleo y el gas no es desproporcionadamente alto en comparación con las que mantienen con otros tipos de actores, como las oenegés.

Los datos utilizados en el informe proceden de las propias declaraciones de transparencia de las entidades en el registro voluntario de la Comisión Europea , en el que hay más de 11.800 organizaciones registradas, y de los calendarios oficiales de reuniones de los comisarios.

Las compañías petroleras no han gastado esos 251,3 millones de euros solo en mantener sus propias oficinas. Las oenegés han incluido en esa cifra 128 millones de euros en contribuciones de BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, y Total a asociaciones empresariales de las que son miembros, y que también defienden sus intereses, junto al de otras compañías con objetivos similares.

Mensink está abierto a  dialogar con las onegés sobre cómo  colaborar para "alcanzar los objetivos climáticos de la UE"

Una de esas asociaciones empresariales es CEFIC, el lobby de la industria petroquímica, que ha gastado 75 millones de euros desde 2010 y del que forman parte las cinco compañías destacadas. Desde CEFIC piden que la cifra se coja con pinzas porque ese dinero se destina a seguir e influir la legislación europea en varias áreas además de las políticas medioambientales, como los estándares químicos, y las políticas de innovación y desarrollo.

En declaraciones a este diario, el director general de CEFIC Marco Mensink rechaza las acusaciones de las oenegés de perseguir políticas destructoras del medio ambiente ya que defiende que la organización ha apoyado "sin ambigüedad" los Acuerdos de París y la ambición de la UE de "liderar en sostenibilidad y reducción de emisiones".

"No solo eso, estamos jugando un papel activo en la transformación hacia un modelo de emisiones más bajas y de economía circular", argumenta Mensink, quien pone como ejemplos de las acciones de las empresas que forman parte de Cefic para la construcción de paneles solares, turbinas eólicas y baterías más eficientes para coches eléctricos.

Además, Mensink dice que su puerta está "totalmente abierta" para discutir con las oenegés promotoras del informe sobre "cómo podríamos trabajar todos juntos para alcanzar los objetivos climáticos de la UE".

Tratar a las petroleras como al tabaco

Lejos de estar abiertos a que las grandes compañías petroleras y químicas puedan participar en el proceso legislativo comunitario, las oenegés firmantes piden que se restrinja su acceso a los políticos de manera similar a lo que ya se hace con el tabaco.

"Que los lobistas del tabaco negocien nuestras leyes de salud pública es impensable a día de hoy. Y es precisamente así como debemos tratar a los lobistas de los combustibles fósiles. Terminar con las reuniones privadas, los eventos elegantes y las puertas giratorias puede suponer un portazo a los intereses de las compañías petroleras para sacarlos del proceso legislativo contra la crisis climática, denuncia Frida Kieninger, miembro de Food&Water Europe, una de las organizaciones firmantes. 

En la plataforma que ha promovido la investigación están Corporate Europe Observatory -uno de los principales activistas por la transparencia de información en Bruselas-, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Food&Water Europe, y también organizaciones españolas como Attac España y Ecologistas en Acción.