La pandemia expone al mercado laboral a un prolongado deterioro por el gripado de la economía

"Si no hay crecimiento de la economía se produce destrucción de empleo", resume Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, al observar la situación del mercado laboral español con la pandemia, sobre cuyos procesos hay consenso entre analistas y expertos: la crisis sanitaria y las medidas para afrontarla marcan el ritmo de la actividad económica, en paralelo a la cual, aunque con menores daños que en otros pinchazos sistémicos por las medidas del ‘escudo social’ como los ERTE y los ICO, evoluciona el empleo, cuya destrucción se intensifica conforme lo hacen los daños en el tejido productivo; todo, en un carrusel de incierta duración hasta el comienzo de una recuperación que comienza a vislumbrarse con las vacunas pero para la que sigue sin haber fecha.

Esa incertidumbre, a la que se unen otras como las que rodean la finalización, o no, de los ERTE el 31 de mayo o los efectos combinados de la crisis económica y de la campaña de vacunación en las clases medias europeas, cuya ausencia de las playas mermó en 80.000 millones el volumen de negocio del país el año pasado (dos tercios de la caída del PIB), proyecta una serie de incógnitas cuya tardanza en ser resueltas se está traduciendo, por lo pronto, en una merma de la ocupación y en la anticipación de un horizonte de precariedad.

"Las empresas van a necesitar un tiempo para levantar cabeza, y posiblemente cuando acaben los ERTE haya un aluvión de extinciones de contratos por causas objetivas tras el que, queriendo o sin querer, va a haber una sustitución de trabajadores estables por precarios, temporales y con menores salarios", apunta Luis Bandrés, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, quien, con la reforma laboral de 2012 y sus efectos en la negociación colectiva vigentes pese a los anuncios de retoques, pronostica "una precarización de los derechos laborales que va a situar a la gente ante la opción de perder el empleo o conservarlo en peores condiciones, con prácticas como las distribuciones irregulares de la jornada".

Los expertos consultados coinciden en señalar el freno a la destrucción de empleo como una de las prioridades del país, aunque no a cualquier precio. "Hay que garantizar los derechos laborales, porque existe el riesgo de que se produzca un ‘roto’ mayor que en la anterior crisis", alerta Lola Santillana, secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, que anota que "no se pueden permitir praxis como el encubrimiento de jornadas completas con contratos parciales".

Bandrés alerta sobre otro de los previsibles efectos secundarios de la ola de insolvencia que amenaza al tejido productivo español ante el desplome de las facturaciones (el beneficio bruto cayó de 281.000 a 230.000 millones el año pasado, cuatro veces más que entre 2008 y 2012) y el aumento de la morosidad: "Ojalá me equivoque, pero me temo que las indemnizaciones por los despidos van a ir a la baja, al mínimo de 20/12 (veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades), como está anticipando la banca en sus EREs".

Setenta millones de horas menos de trabajo a la semana

Tanto los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) como los de la Contabilidad Nacional, ambos del INE (Instituto Nacional de Estadística), reflejan una notable caída de las horas trabajadas: 70 millones menos por semana el año pasado, con una media de 553 que supone el peor registro desde 2008 y que equivale a la pérdida de una de cada nueve horas de ocupación (-11%). Setenta millones de horas de trabajo equivalen a 1,75 millones de empleos de jornada completa.

El descenso es notablemente mayor que el que se da en el número de ocupados, de algo más del 3%, aunque ese dato tiene matices, ya que el cómputo incluye a los 779.526 asalariados que se encontraban en ERTE al cierre de marzo. "La crisis no se refleja con tanta intensidad como en otras anteriores por las medidas de regulación de empleo", anota Alberto del Pozo, de Economistas Frente a la Crisis, que advierte que "la recesión va a ser más larga de lo que parecía" y que "hasta que no haya seguridad sanitaria no habrá recuperación".

"La cifra relevante es la de las horas, que es la que indica la cantidad de factor trabajo que consume la economía", explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), que señala que "la evolución del empleo dependerá de la que tengan otros factores sobre los que ahora hay incertidumbres como el consumo, la apertura de fronteras, el turismo, la inversión cuando lleguen los fondos europeos o la movilización del sobreahorro". Pronostica un rebote de la actividad en este trimestre y el comienzo de la recuperación sostenida a partir del tercero.

Los datos de ocupación revelan otro paralelismo con la actividad económica: cae el empleo asalariado privado, que en un año se deja 600.000 puestos de trabajo al margen de los protegidos por los ERTE, y crece el público, que gana casi 150.000 en ese mismo periodo, en un reflejo de los efectos que está teniendo en el sistema económico el gasto público, el único que crece en términos interanuales (+3,8%) mientras cae el de los hogares (-4%) y la inversión de las empresas (-5,9%) mientras las exportaciones se derrumban (-9,5%).

"El gasto público está siendo el único de los elementos que aportan al PIB que está generando actividad económica", indica el economista Eduardo Garzón, que considera que ese factor "debería haberse activado más para amortiguar la caída de la economía, que habría sido mayor sin esa intervención". "Si algo se está poniendo de manifiesto es el papel del Estado como agente económico, manteniendo la actividad y el empleo con gasto e inversión y como garante de la cohesión social con las prestaciones", refuerza Del Pozo.

No obstante, esos datos positivos, o no tan negativos, conviven con otros como que el paro de larga duración lleve camino de duplicarse tras pasar de 444.300 a 748.800 el número de personas que lo sufren (ya son el 45.7% del colectivo), que en algo más de 430.000 hogares (344.000 unipersonales) todos los miembros están desempleados o que en el primer año de pandemia hayan desaparecido casi 50.000 empresas empleadoras.

"Las empresas están muy tocadas, y hay un problema enorme de solvencia porque el dinero que tenían que recibir como compensación por haber cerrado no ha llegado", apunta Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, que añade que "no podemos seguir perdiendo tejido productivo ni permitir que se cierre el grifo del crédito antes de que arranque la recuperación, porque esos daños, que afectan de manera directa al empleo, serán muy difíciles de reparar".

"Las heridas de la pandemia en el empleo están sangrando"

"La curva del empleo está dando la vuelta porque no hemos tomado medidas de estímulo de la demanda cuando había que tomarlas, que era al salir del confinamiento, para sostener el rebote del verano y convertirlo en recuperación", expone González, que reclama "un plan puente para mantener la actividad" hasta que lleguen los fondos europeos para evitar "la perspectiva de hundimiento del empleo y de deterioro del tejido empresarial que está apareciendo".

González apuesta por tres mecanismos para evitar esa pérdida de empleo en el corto y medio plazo: estimular la demanda y el consumo para generar puestos de trabajo, mantener mecanismos que eviten despidos masivos, como el veto a los ceses hasta los seis meses de los ERTE, y crear otros de apoyo a la solvencia empresarial vinculados al mantenimiento de las plantillas. "La caída del empleo tiene un efecto de retroalimentación de la crisis, y eso hay que evitarlo por todos los medios", advierte.

"Muchas de las heridas que la crisis de la pandemia ha provocado en el empleo están abiertas, sangrando", denuncia Lola Santillana, responsable de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, que llama la atención sobre el elevado impacto que está teniendo en los jóvenes, en los que se ha concentrado la mitad de la pérdida de ocupación del arranque del año, y en quienes ya estaban desempleados, "muchos de los cuales no van a poder volver a emplearse".

"La tasa de temporalidad está cayendo porque no hay contratación", añade, en una afirmación que corrobora el Banco de España, que en un reciente estudio destaca cómo en el primer trimestre de este año, "por tipo de contrato, los trabajadores temporales mantuvieron un descenso muy superior al observado entre los indefinidos".

Santillana marca como prioridades para afrontar la destrucción de empleo que está causando la crisis pandémica la identificación de nichos de empleo y la formación y la orientación a los trabajadores para dirigirlos hacia ellos.

"Alguien debería tener una visión de conjunto"

"La gente que está en ERTE se tiene que formar. Hay que detectar qué sectores van a retroceder y cuáles van a crecer y preparar a los trabajadores para esa transición. Y hay que hacerlo con rapidez para que la gente pueda seguir trabajando", indica, en un formato similar al kurzabeit alemán, mientras remarca "la necesidad de cualificar gente para otros empleos".

"La logística está creciendo y el comercio prescinde de trabajadores para dar más espacio al comercio digital", apunta como ejemplo, mientras sectores como la construcción y el montaje ya sufrían carencias de personal especializado antes de una crisis para la que la Administración presenta como remedio la rehabilitación de viviendas y el despliegue de las energías renovables.

En su opinión, "alguien debería tener una visión de conjunto, probablemente el Ministerio de Trabajo, a la hora de analizar y tratar los planes que se presentan. Debería ordenarse lo que va a venir y tratar de localizar dónde van a estar los nichos de crecimiento. Hay que enfocar bien y decidir qué sectores y colectivos hay que digitalizar".

Santillana coincide con Garzón en la necesidad de aprovechar las ayuda europeas para mejorar el empleo y el sistema productivo. "Es necesario que el Estado estimule y lidere con los fondos de la UE sectores productivos en los que la empresa privada no va a invertir porque ahora no son rentables", propone el economista, que lamenta que "no hay un plan integral y planificado para dejar de depender tanto del turismo internacional, que es débil y volátil, y centrarse en sectores de mayor valor añadido".