"Este hábito de pasarse la pelota debe terminar", han afirmado varios Relatores Especiales de Naciones Unidas en una nota dirigida a España y que hace referencia a la inacción empresas y Gobierno de nuestro país para proteger los derechos de las mujeres migrantes trabajadoras de la fresa en Huelva, que durante la pandemia han visto desprotegidos sus derechos.

Estos representantes de los derechos humanos han afirmado que todas las autoridades son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada y que cumplan con las normas internacionales.

En la nota, emanada de la oficina del Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (Olivier De Schutter), y suscrita por otros seis Relatores Especiales sobre distintas áreas de los derechos humanos, afirman que "los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo".

Y expresan categóricamente que "este hábito de pasarse la pelota debe terminar", porque el "incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos".

La nota afirma que tanto el Gobierno como las empresas españolas deben mejorar de inmediato las pésimas condiciones de los trabajadores migrantes desatendidos empleados como "trabajadores esenciales" para recoger fresas durante la pandemia de COVID-19. La misiva explica que mientras España se encontraba confinada para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes fueron puestos a trabajar sin que s tomaran ni siquiera las medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas.

El escrito afirma que a pesar de que se alertó a "las autoridades competentes", éstas han "permanecido en silencio".

La oficina del Relator sobre extrema pobreza y derechos humanos se ha puesto en contacto con los Gobiernos español y marroquí y las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones.

La comunicación, que partió de este Relator Especial, ha sumado el respaldo de otros Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidad como: Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Sr. Balakrishnan Rajagopal,Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Sr. Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

Denuncia presentada por varias organizaciones

Esta comunicación a España llega poco después de que a principios de junio ocho organizaciones de nuestro país remitieran un escrito diez organismos distintos de Naciones Unidas debido a la diversidad de violaciones que derechos que se estaban cometiendo contra estar trabajadoras altamente vulnerables.

En ella advertían que la pandemia de la covid-19 ha expuesto a estas trabajadoras a nuevas formas de explotación "debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente la violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la sanidad y a la justicia".

Estas nuevas violaciones de derechos vienen a agravar la ya tremenda vulnerabilidad y desprotección en la que se encontraba este colectivo antes de la pandemia y que se ha hecho visible en los medios de comunicación desde hace un par de años y algunos de cuyos casos fueron denunciados a los juzgados, con resultados inciertos.

Su objetivo, tal como explicó entonces a Público Aintzane Márquez, abogada de Women's Link Worldwide, organización que ha liderado la demanda, era que estos organismos emitieran una "una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas para que tomen medidas eficaces que aseguren el respeto de los derechos de las temporeras marroquíes".

Ahora "Women´s Link, como el resto de organizaciones firmantes consideramos que es un gran paso que las relatorías hayan emitido un comunicado de manera tan rápida. Nos demuestra que es un tema que genera mucho interés y preocupación entre los organismos de Naciones Unidas. Esperamos que, más adelante, tras la contestación de los estados y de las empresas, los relatores se vuelvan a pronunciar".