Un "olvido" oportuno o cómo empresas de alquiler arrebatan viviendas a inquilinos para especular con ellas

Es 15 de febrero de 2024. Dentro del buzón hay un sobre blanco que lleva su nombre: Guillermo Vélez. En el remitente puede leerse "Alquilovers", una empresa que administra los arrendamientos de Anticipa Real Estate, filial de Blackstone en España. Guillermo rasga el sobre y despliega la carta que hay en su interior. Lee: "Estimado/a Sr/Sra (...) nos ponemos en contacto con Usted para comunicarle que, por razones estrictamente empresariales, la propiedad no va a proceder a la renovación del contrato (...)". La esposa de Guillermo, Ana Trujillo, recibirá la misma notificación en los próximos días.

Ninguno de los dos se sorprende. Cada año, antes del verano, reciben la misma carta. La primera llegó en mayo de 2020, justo cuando se terminaba el tercer año del contrato de alquiler vitalicio que el matrimonio había firmado en el 2017 con el BBVA, el banco propietario del inmueble. Según ese pacto, pasados los tres primeros años el contrato sería prorrogado anualmente, siempre que la pareja no incurriera en impago y presentaran una fe de vida –una declaración oficial de que ambos siguen vivos–. Así lo ha comprobado Público tras consultar el documento firmado entre las partes.

Este acuerdo fue subrogado por el fondo buitre Budmac Investments, que en 2014 compró al BBVA un paquete de préstamos e hipotecas impagadas –así como las propiedades vinculadas a estas– entre las que se encontraba la de Guillermo y Ana. Sin embargo, Budmac no pudo hacerse con ella definitivamente hasta el año 2017, cuando terminó el proceso judicial entre el BBVA y la pareja.

Con este nuevo esquema de la propiedad los protagonistas de la historia se multiplicaron. Budmac Investments fue la entidad jurídica que adquirió la vivienda. Es decir, la empresa encargada de ejecutar la compra. La propiedad del inmueble donde viven Guillermo y Ana es, en realidad, de Anticipa Real Estate, de la que depende la agencia de alquiler Alquilovers. Tanto Budmac Investments como Anticipa Real Estate y Alquilovers son actualmente empresas vinculadas a Blackstone. De esta red, Alquilovers es la principal interlocutora entre Guillermo, Ana y la propiedad. Una función que, según describe el matrimonio, lleva a cabo con enormes "fallos".

Cada año la compañía pide al matrimonio que abandone el inmueble y le impide pagar el alquiler

Año tras año, a pesar de su contrato vitalicio, la compañía notifica al matrimonio que deben abandonar el inmueble y les impiden pagar el alquiler. "No nos han pasado el alquiler desde agosto", asegura a Público Guillermo. Este impago pone en riesgo a la pareja, ya que es una de las razones por las que el fondo podría romper unilateralmente el contrato de arrendamiento que mantiene con ellos. "Cada año pasa lo mismo, y después de veinte llamadas nos lo vuelven a cobrar", explica el inquilino. Guillermo sospecha que la empresa lleva a cabo esta práctica con la intención de "forzar el impago" y quedarse con la vivienda. Algo que Anticipa, empresa detrás de Alquilovers, niega.

En respuesta a las preguntas enviadas por Público, el fondo sostiene que las comunicaciones periódicas con la arrendataria se derivan de la condición a la que está sujeta la prórroga anual del contrato, que consiste en "que el arrendatario presente en los 20 días anteriores a la finalización del contrato una fe de vida". Asimismo, aseguran que realizan "una gestión individualizada y muy detallada de los casos que presentan vulnerabilidad socioeconómica, llegando a soluciones responsables".

Sin embargo, las comunicaciones que reciben Guillermo y Ana quedan lejos de un recordatorio para que cumplan con su parte del trato. Además, son enviadas entre 70 y 145 días antes del plazo para que el matrimonio envíe la fe de vida, que suele ser a partir del 10 de julio de cada año. Por ello, también Gloria María de Juan Flores, abogada de los inquilinos, considera que las cartas responden a una maniobra del fondo para expulsar a los arrendatarios: "Aunque el cliente tenga la posesión legítima del inmueble, los presionan para que se cansen y en algún momento abandonen la propiedad y el fondo pueda quedarse con ella".

"Los presionan para que se cansen y abandonen la propiedad"

Es una situación que, asegura, se repite habitualmente entre los inquilinos que se encuentran en una situación similar a la del matrimonio, y con inmuebles "que realmente tienen un valor mucho más alto de lo que es la deuda". Así, la historia de Guillermo y Ana es también la de otros muchos que, debido a los coletazos de la crisis inmobiliaria de 2008, viven bajo la presión constante de los fondos buitres, que desde entonces merodean sobre los barrios populares del país.

Un buitre sobrevuela España

Son los noventa, década dorada de la economía española gracias al ladrillo. Las entidades bancarias conceden hipotecas alegremente, convencidas de la solidez del mercado inmobiliario. Guillermo y Ana, como la práctica totalidad de los españoles, compran una vivienda. Para pagarla piden una hipoteca a Caixa Catalunya, que más tarde sería absorbida por el BBVA. Posteriormente, en 2004, este banco les concede otro préstamo con el que rehipotecan la vivienda.

El trato eran 68m2 de inmueble ubicado en Badalona (Barcelona) a cambio de un préstamo de 72.000 euros más intereses que la pareja abonaría en 360 cuotas mensuales de poco más de 200 euros. En 30 años saldarían la deuda. Durante casi una década, cumplieron su parte del pacto. La situación económica del país era tan buena que incluso se lanzaron a comprar una segunda vivienda. "Esa [casa] iba a ser mi jubilación, pero tuvimos que venderla", explica a Público Guillermo Vélez. Ocurrió en 2007, cuando la burbuja inmobiliaria empezaba a eclosionar.

A la deuda por impago, el banco añadió el cobro de cláusulas abusivas

Un año después, la crisis financiera estalló, y con ella, la economía del matrimonio, que llegó a acumular hasta 24 meses de impago. Por esta razón el BBVA inició un proceso judicial para expulsar a Guillermo y a Ana de la vivienda. A la deuda que adquirió el matrimonio, el banco añadió el pago de cláusulas abusivas, tales como los intereses de demora o la comisión de apertura, entre otros. Es decir, importes que les cobraba injustamente, de acuerdo con los criterios de la ley 1/2007 de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El matrimonio inició un proceso judicial contra el banco por estas cláusulas y consiguieron que se sentase a negociar. Estos abusos bancarios "son unas de las razones por las que habitualmente se archivan las ejecuciones inmobiliarias", explica De Juan. Según la abogada, esto evidencia que los bancos "negocian [con el cliente] cuando saben que pueden perder". Así, en 2017, Guillermo, Ana y el BBVA firmaron un alquiler vitalicio de 650 euros mensuales, previo pago de 25.000 euros. El matrimonio pudo conservar la casa, siempre que presentaran año tras año, la fe de vida y no incurrieran en impago.

En aquellos momentos, las entidades bancarias, cortas de cash, vendieron las hipotecas y préstamos impagados a los únicos dispuestos a comprarlas: los fondos buitres. Las entidades bancarias llamaron a todos estos productos financieros que ya no les eran rentables "activos tóxicos". La gente, simplemente, casas.

De todos los fondos que aterrizaron en España, Blackstone era el de mayor tamaño y capacidad. El fondo de capital riesgo con sede en Nueva York (EEUU) posee filiales y vehículos de inversión en todo el mundo. Uno de los muchos que estableció en España fue Budmac Investments, creado en 2014 para adquirir los activos tóxicos de los agonizantes bancos españoles. Fue este el que compró la hipoteca de Guillermo y Ana. Pero también la de Wilson, Freddy y hasta 40.000 hipotecas, según recogió el informe de Blackstone elaborado por la PAH en 2019.

A través de sus diferentes alter egos –Budmac Investmentes o Anticipa Real Estate– Blackstone aplica diferentes técnicas de presión para quedarse con las viviendas de los inquilinos. En muchas ocasiones, ambos cuentan con el brazo ejecutor de Alquilovers.

Alquilovers: el perro guardián

Apenas se puede encontrar información oficial de Alquilovers en Internet. Su web cerró hace años, su página de Facebook no se actualiza desde 2019 y  su teléfono está inoperativo. De ellos hablan, sin embargo, varias publicaciones periodísticas y foros en los que los usuarios –algunos de ellos clientes–, ponen de relieve sus malas praxis.

Muchos de los testimonios que ha podido recoger este periódico coinciden con las técnicas identificadas y recogidas por la PAH en su informe sobre este fondo. Por ejemplo, "intentar aprovecharse de la angustia y situación de desesperación de las familias ofreciéndoles un dinero por abandonar sus viviendas". Guillermo Vélez asegura a Público que vivió esa situación en sus propias carnes cuando, poco después de firmar el alquiler vitalicio, le llamó una comercial que se identificó como de Anticipa Real Estate y le amenazó con que no renovarían su contrato y que si se marchaba del piso en se momento le darían 5.000 euros. Si no aceptaba le impondrían "la cuota de alquiler que ellos creyeran conveniente". Una que, según le dijeron "no podría asumir". "No le hice ni caso", se enorgullece Vélez. Y afirma: "Lo que ellos quieren, por todos los medios, es quedarse con el piso".

Otra estrategia identificada por la PAH es la de "presionar y mentir deliberadamente a las familias diciéndoles que van a embargarles las cuentas o a desahuciarlas sin ni siquiera haber iniciado el proceso de ejecución hipotecaria". Algo que se ajusta bastante a las cartas que Guillermo y Ana reciben periódicamente y que amenazan con su desahucio y al posterior bloqueo del pago del alquiler por parte de la propietaria del inmueble.

La abogada Alejandra Ríos recomienda ingresar el alquiler en una consignación judicial de renta

Alejandra Ríos, abogada y miembro del Sindicato de Inquilinas de Málaga, declara que también en el sur de España han encontrado prácticas similares a esta por parte de otras entidades de gestión del alquiler e incluso particulares. Por ejemplo, "venir a recoger el alquiler a la puerta cada mes y dejar de hacerlo". En conjunto, se trata de "forzar el impago para poner una demanda". Por ello propone a los inquilinos "ingresar el alquiler en una consignación judicial de renta". Es decir, que acudan al juzgado y depositen en una cuenta que allí le faciliten el importe del alquiler.

De esta forma, si el propietario del inmueble demanda al inquilino por impago, este puede defenderse y demostrar que ha tratado de pagar, aunque le hayan impedido hacerlo. Y es que la propiedad, como el cartero, siempre llama dos veces, ya sea para recuperar el dinero o quedarse con el inmueble.