'Los Ocho de Airbus' o el Proceso 1001 de la democracia
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@JairoExtre
MADRID.- “Ninguno de nosotros quiere ir a la cárcel, pero si tenemos que entrar lo haremos con mucho orgullo”. José Alcázar es tajante con esa afirmación que nadie en su sano juicio haría. Quizás sea la embriaguez de actos públicos, el sentirse arropado por sus compañeros y algunos políticos o, simplemente, el cansancio de un sexagenario que lleva varios años intentando que su caso, que también es el de otros siete, no se pierda en el silencio mediático.
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Alcázar no recuerda penas tan grandes desde el famoso Proceso 1001, que encarceló a los conocidos como Diez de Carabanchel, la cúpula de CCOO en 1973, cuando Marcelino Camacho era el líder de las Comisiones Obreras en la clandestinidad. El 2016 parece recorrer el camino a la inversa, critica Alcázar salvando las diferencias. Si aquellos diez condenados vieron como sus penas eran amnistiadas y el derecho a huelga reconocido, estos ocho parten de la legalidad, pero podrían acabar en la cárcel y ver cómo el derecho a huelga vuelve a limitarse.
Los delitos de los que se les acusa, idénticos para todos, son tres: uno contra los derechos de los trabajadores, otro por atentado contra agente de la autoridad y el último por lesiones al agente. Con estos cargos no es difícil intuir el contexto en el que se producen: una huelga. En concreto, la huelga general de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del PSOE, aunque la instrucción del caso corresponde a la legislatura del PP.
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La petición es la más la más severa de los casi 300 casos de sindicalistas encausados en los últimos cinco años
Pese a lo elevado de la petición, la más severa de los casi 300 casos de sindicalistas encausados por incidentes en una huelga en los últimos cinco años, no aparentan preocupación. José, Enrique, Rodolfo, Tomás, Armando, Raúl y Jerónimo sonríen y bromean en la puerta de la planta. Falta Edgar, el octavo en discordia, que ese día tenía turno de noche. “¿Ayudaría en algo estar preocupados?”, se pregunta retóricamente Alcázar, el portavoz del grupo y el más veterano.
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“Nunca podré explicarme por qué había dos furgones policiales en la puerta de una empresa donde no se ha había hecho una huelga desde 1998”, afirman los siete, casi a coro. La del 29-S era la primera reacción contra las incipientes políticas de recorte que habrían de aplicarse durante los siguientes años. La “desaceleración” de Zapatero ya era una “recesión” en toda regla, y los empresarios querían despedir a menor coste. La reforma laboral del 2010 abrió la puerta a ello, y la del PP en 2012 derribó la pared entera. Entonces no había mareas multicolores ni asambleas del 15-M ni movimientos sociales tan activos como los que se conocieron durante la siguiente legislatura.
Los ocho de Airbus son las personas que aparecían en las listas de las elecciones sindicales en la empresa
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Los sindicatos reaccionaron con un paro general y hubo más de cien detenciones ese día. Ninguna fue de la estos ocho, aunque hubiera sido lo normal si agredieron a la Policía. “Nadie fue detenido en este piquete”, apunta Alcázar. Casualidad o no, los ocho imputados, por una denuncia de los agentes se corresponden con los trabajadores que pasaron por “el botiquín de la empresa, para curarse las heridas de las cargas”, explica. Todos menos él, que no sufrió ninguna, lo que le lleva a plantearse otra casualidad: Los ocho de Airbus son las personas que aparecían en las listas de las elecciones sindicales en la empresa. “Al día siguiente me llegó una citación para presentarme en el juzgado a declarar. Vinieron conmigo dos compañeros que también fueron imputados sólo por acompañarme, aunque luego han quedado fuera de la causa”, afirma el sindicalista.
Doble pelea
Así, durante estos cinco años de instrucción, su lucha ha sido doble. Por un lado tratan de evitar la prisión, pero por otro, se han convertido en uno de los símbolos de la campaña sindical en defensa del derecho de huelga. No es casualidad, afirman CCOO y UGT, que durante esta legislatura de recortes sociales y pérdida de derechos laborales y civiles, la Fiscalía haya actuado de oficio contra centenares de sindicalistas. Los Ocho de Airbus encabezan cada acto público, exponen su caso en el Parlamento Europeo y son visitados por parlamentarios de IU, PSOE y Podemos.
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“La supervivencia de
los sindicatos se
juega en este proceso”
“En muchos países están pendientes de nuestro juicio, porque si nos condenan Europa entera estaría yendo hacia atrás”, afirma Alcázar, que volvió de Bruselas con esa idea en la cabeza. Enrique Gil va más allá cuando dice que “la supervivencia de los sindicatos se juega en este proceso”. Este delegado sindical de la factoría de Getafe tiene claro que el Gobierno, a través de la Fiscalía, busca asustar a los trabajadores. “Si nos condenan y la gente tiene miedo de ir a una huelga general, en ese momento se acabaron los derechos de laborales”, sentencia mientras conduce buscando aparcamiento cerca de la sede del sindicato.
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Es el artículo 315.3 del Código Penal el que quieren que sea derogado ahora que el PP ya no tiene mayoría absoluta. Ha sido el clavo al que se han agarrado los fiscales para emprender estos procesos por la vía penal. Es el que tipifica el delito de coacciones durante una huelga, por el que se puede enjuiciar a un piquete, y las penas de cárcel que contempla llegan hasta los tres años.
“Incluso los encargados de la seguridad de la empresa van a testificar a nuestro favor”
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Si va a la cárcel, a sus 65 años, irá convencido de que la Justicia no funciona. “Prueba de que algo no encaja es que el fiscal nos ha puesto sobre la mesa tres acuerdos diferentes para evitar la prisión. Pero los hemos rechazado todos. No vamos a aceptar cargos por delitos que no hemos cometido”, asegura tirando de orgullo. “Incluso los encargados de la seguridad de la empresa van al juicio como testigos a nuestro favor”, subraya.