Nuevas herramientas para sobrevivir frente a la especulación inmobiliaria

BARCELONA. En el bar, en la tienda, en la escuela, en la universidad, en el autobús, en las redes sociales, todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo sufre el mismo: la inaccesibilidad de la vivienda en Barcelona. No hay que ser pobre ni rico ni joven ni viejo para tener la preocupación (o la certeza) de que deberá creer en milagros para pensar en conseguir un piso decente a un precio decente en la capital catalana. Puede sonar demasiado dramático pero la realidad se vuelve así de cruda. Sobre todo durante el último año, cuando los precios del alquiler han llegado a cifras que no se veían desde 2008.

"Se trata de un espacio en el que, por un lado, se denuncian las dificultades de los inquilinos: ejerce como lobby, intentando participar en las administraciones e influir en la aprobación de leyes, así como denunciar los precios o los abusos que se cometen por parte de los propietarios. Por otro lado, se quiere ayudar a solucionar los problemas de los inquilinos: darles asesoramiento jurídico, ofrecerles servicios en el marco de la economía solidaria (con cooperativas energéticas como Som Energía o seguros éticos) y ayudarles a resolver incidencias cotidianas del tipo 'ahora quieren hacer obras en la cocina y me dicen que tengo que pagar yo'"· explica Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC.

Una nueva burbuja inmobiliaria (o la misma de siempre)

Lo que ya tienen bien analizado, con seguridad, es el trasfondo de esta segunda burbuja inmobiliaria, que está subiendo los precios de los alquileres hasta límites inauditos y que provoca tanto la emigración de ciudadanos hacia las afueras de Barcelona como el aumento de los desahucios por impago del alquiler (el 70% de la cifra total en Catalunya).

"Para entender la crisis de la vivienda que padecemos creo que hay que tener en cuenta tres factores: turismo, gentrificación y especulación"

"Como que se ha dificultado el acceso a las hipotecas, mucha gente se ha decantado por el alquiler, y entonces las empresas que hasta ahora habían trabajado en la burbuja inmobiliaria con la compraventa, en este momento ven un nicho de mercado con el tema del alquiler", concluye Escorihuela.

La regulación de los precios como camino

Sobre la mesa tenemos una discusión que cada vez gana más protagonismo en la ciudad: ¿Hay que regular los precios de los alquileres? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué criterios se deben seguir para fijar los topes? Irene Escorihuela cree que este es el punto fundamental del debate y advierte que, a pesar de que las competencias son estatales, es urgente que desde el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat se incida en el Gobierno español para modificar los estatutos. "Alemania tiene una ley que habilita a los lander [gobiernos de los estados federados] a hacer esto, no como aquí, donde no se puede mover nada a escala local o autonómica".

Para llevar a cabo una regulación de precios, lo primero que haría falta hacer es un índice orientativo, elaborado por la Administración

Para llevar a cabo esta propuesta de regulación lo primero que habría que hacer, en opinión de la directora del Observatori DESC, es un índice de precios orientativo. elaborado por la Administración, muy sólido técnicamente, en el que se diga que para una determinada zona, con un determinado número de metros cuadrados, de habitantes de una edad determinada, con cierto tipo de calificación energética, el precio razonable del mercado es uno en concreto. "De esta forma el inquilino no debería pagar más y el arrendador sabría que, si arrienda por encima de este precio, tiene un margen de beneficio superior al que da el mercado. No sería todavía una ley vinculante pero al menos serviría un poco para determinar si un alquiler es abusivo o no lo es", afirma Escorihuela.

Menos pisos vacíos y más alquiler social

Otro paso que se debería dar, según la entrevistada, es en la dirección que el Ajuntament  de Barcelona ha empezado a tomar, con su iniciativa de movilizar los pisos vacíos para ampliar el parque público de viviendas. Ante la imposibilidad de crear a corto plazo todas las viviendas de alquiler social necesarios para personas vulnerables, el gobierno de Ada Colau ha propuesto la movilización de las viviendas vacías, tanto de grandes propietarios (a partir de 1.250 metros cuadrados de propiedad) como de pequeños propietarios.

"Si hubiera un porcentaje elevado de alquiler público, eso incidiría en los precios"  

Hablando de cifras, otros datos que siguen siendo alarmantes son las de los desahucios. Catalunya lidera el número de desalojos, con más de 4.000 durante el segundo trimestre de este año 2016, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. La Generalitat anunció en julio una nueva ley para ampliar el parque de pisos sociales y frenar los desahucios después de que el pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera tres artículos de la ley 24/2015, de emergencia social, que fijaban medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social pero, en opinión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esta norma no funcionará.