BARCELONA. En el bar, en la tienda, en la escuela, en la universidad, en el autobús, en las redes sociales, todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo sufre el mismo: la inaccesibilidad de la vivienda en Barcelona. No hay que ser pobre ni rico ni joven ni viejo para tener la preocupación (o la certeza) de que deberá creer en milagros para pensar en conseguir un piso decente a un precio decente en la capital catalana. Puede sonar demasiado dramático pero la realidad se vuelve así de cruda. Sobre todo durante el último año, cuando los precios del alquiler han llegado a cifras que no se veían desde 2008.

¿Cuáles son las razones de esta nueva burbuja inmobiliaria? ¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento para frenarla? ¿Y desde la sociedad civil? Una herramienta puede ser la que el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) lanzó en octubre: la creación de un sindicato de inquilinos como los que existen en más de 45 países para hacer presión ante los abusos de algunos propietarios y administraciones de fincas.

"Se trata de un espacio en el que, por un lado, se denuncian las dificultades de los inquilinos: ejerce como lobby, intentando participar en las administraciones e influir en la aprobación de leyes, así como denunciar los precios o los abusos que se cometen por parte de los propietarios. Por otro lado, se quiere ayudar a solucionar los problemas de los inquilinos: darles asesoramiento jurídico, ofrecerles servicios en el marco de la economía solidaria (con cooperativas energéticas como Som Energía o seguros éticos) y ayudarles a resolver incidencias cotidianas del tipo 'ahora quieren hacer obras en la cocina y me dicen que tengo que pagar yo'"· explica Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC.

A principios de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, se celebró la primera reunión con diversos colectivos y personas a título individual «contra los alquileres imposibles». En el bar de la Violeta de Gracia, se encontraron entre otros la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), el Banco Expropiado de Gracia, proyectos cooperativos como Sostre Cívic (Techo Cívico) y miembros del movimiento vecinal tradicional, con el objetivo de compartir experiencias para buscar vías de trabajo conjuntas y poner freno a las dificultades para acceder a una vivienda y a los procesos de gentrificación que están expulsando a los vecinos de algunos barrios de Barcelona.

Irene Escorihuela cuenta que, desde el mismo día en el que se hizo pública la convocatoria, mucha gente les ha llamado con dudas concretas, para las que todavía no disponen de solución, dado que el proyecto se encuentra en fase de estructuración. «De momento lo que hicdimos fue mantener una primera reunión para ver si la gente de Barcelona lo veía adecuado y después formamos grupos de trabajo. Ahora nos reunimos una vez cada quince días y la idea es salir próximamente con una propuesta clara de lo que queremos hacer», apunta la politóloga y jurista.

Una nueva burbuja inmobiliaria (o la misma de siempre)

Lo que ya tienen bien analizado, con seguridad, es el trasfondo de esta segunda burbuja inmobiliaria, que está subiendo los precios de los alquileres hasta límites inauditos y que provoca tanto la emigración de ciudadanos hacia las afueras de Barcelona como el aumento de los desahucios por impago del alquiler (el 70% de la cifra total en Catalunya).

"Para entender la crisis de la vivienda que sufrimos creo que hay tres factores a tener en cuenta: el turismo, la gentrificación y la especulación", expone Irene Escorihuela. "En primer lugar, sabemos que en las zonas con mayor afluencia turística, como puede ser Ciutat Vella (casco antiguo), para muchos propietarios sale más a cuenta un alquiler turístico por días o semanas que no alquilar a una familia más a largo plazo. En segundo lugar, tenemos el gran problema de la gentrificación, es decir, barrios que se ponen de moda y que entonces atraen a personas con mayor poder adquisitivo y los precios suben. El nuevo vecindario expulsa el antiguo y ya no sólo es gente que viene a hacer turismo sino que viene de fuera para vivir aquí o, incluso, desde otros barrios de la propia Barcelona. Por último, nos enfrentamos una vez más el crecimiento de la especulación: hoy el 40% de los pisos que se compran son para invertir, y tener la vivienda como bien de inversión significa subida de precios", denuncia la directora del DESC.

"Para entender la crisis de la vivienda que padecemos creo que hay que tener en cuenta tres factores: turismo, gentrificación y especulación"

"Como que se ha dificultado el acceso a las hipotecas, mucha gente se ha decantado por el alquiler, y entonces las empresas que hasta ahora habían trabajado en la burbuja inmobiliaria con la compraventa, en este momento ven un nicho de mercado con el tema del alquiler", concluye Escorihuela.

La regulación de los precios como camino

Sobre la mesa tenemos una discusión que cada vez gana más protagonismo en la ciudad: ¿Hay que regular los precios de los alquileres? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué criterios se deben seguir para fijar los topes? Irene Escorihuela cree que este es el punto fundamental del debate y advierte que, a pesar de que las competencias son estatales, es urgente que desde el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat se incida en el Gobierno español para modificar los estatutos. "Alemania tiene una ley que habilita a los lander [gobiernos de los estados federados] a hacer esto, no como aquí, donde no se puede mover nada a escala local o autonómica".

Berlín y París son los modelos que el Servicio de vivienda del Ajuntament de Barcelona tiene en el punto de mira cuando habla de una reestructuración en este ámbito, dos grandes capitales que han intervenido para fijar los precios de los alquileres, con la autorización previa de una ley estatal. "Los detractores del control dicen que si se ponen topes a los precios, la gente no querrá alquilar. Pero si antes cobraban 600 euros y ahora 1.250 esto quiere decir que ya antes les salía a cuenta y, ejerciendo su derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, están ampliando su beneficio hasta tal punto que afectan a otros derechos constitucionales como el derecho a la vivienda", sostiene Irene Escorihuela.

Para llevar a cabo una regulación de precios, lo primero que haría falta hacer es un índice orientativo, elaborado por la Administración

Para llevar a cabo esta propuesta de regulación lo primero que habría que hacer, en opinión de la directora del Observatori DESC, es un índice de precios orientativo. elaborado por la Administración, muy sólido técnicamente, en el que se diga que para una determinada zona, con un determinado número de metros cuadrados, de habitantes de una edad determinada, con cierto tipo de calificación energética, el precio razonable del mercado es uno en concreto. "De esta forma el inquilino no debería pagar más y el arrendador sabría que, si arrienda por encima de este precio, tiene un margen de beneficio superior al que da el mercado. No sería todavía una ley vinculante pero al menos serviría un poco para determinar si un alquiler es abusivo o no lo es", afirma Escorihuela.

Menos pisos vacíos y más alquiler social

Otro paso que se debería dar, según la entrevistada, es en la dirección que el Ajuntament  de Barcelona ha empezado a tomar, con su iniciativa de movilizar los pisos vacíos para ampliar el parque público de viviendas. Ante la imposibilidad de crear a corto plazo todas las viviendas de alquiler social necesarios para personas vulnerables, el gobierno de Ada Colau ha propuesto la movilización de las viviendas vacías, tanto de grandes propietarios (a partir de 1.250 metros cuadrados de propiedad) como de pequeños propietarios.

El programa de captación de pisos da ventajas a los propietarios que se adhieran -una póliza multirriesgo y la seguridad del cumplimiento del contrato así como del cobro gracias al fondo de garantía creado por el Consorcio de la Vivienda de Barcelona- y, de este modo , a pesar de que el precio del alquiler de los pisos gestionados desde la bolsa municipal son ligeramente inferiores al precio de mercado -el 20% aproximadamente-, los propietarios tienen la posibilidad de disfrutar de bonificaciones y numerosas ayudas.

"Si hubiera un porcentaje elevado de alquiler público -como pasa en otros países- eso  incidiría en los precios, además de que sería la solución a la emergencia habitacional que se sufre en nuestra comunidad", añade Irene Escorihuela. "Pero todo esto es todavía muy nuevo y se deberá ver cuál es el resultado a largo plazo. En Barcelona hay unas 880.000 viviendas y únicamente el 1,5% son de alquiler protegido, entre las del Patronato Municipal de la Vivienda y las de otras entidades".

"Si hubiera un porcentaje elevado de alquiler público, eso incidiría en los precios"  

Hablando de cifras, otros datos que siguen siendo alarmantes son las de los desahucios. Catalunya lidera el número de desalojos, con más de 4.000 durante el segundo trimestre de este año 2016, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. La Generalitat anunció en julio una nueva ley para ampliar el parque de pisos sociales y frenar los desahucios después de que el pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera tres artículos de la ley 24/2015, de emergencia social, que fijaban medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social pero, en opinión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esta norma no funcionará.

"Sustituir este artículo era muy complicado porque, si se quería hacer lo mismo, es evidente que volverían al Constitucional y, si se buscan mecanismos alternativos, probablemente son muy limitados. Entonces yo creo que tener una nueva ley es una buena noticia, pero no sustituye a los artículos de la ILP. Esta ley era un nuevo modelo, para que los grandes propietarios asumieran responsabilidades. Tenían que detener el desahucio y ofrecer alquiler social, y ahora este procedimiento es diferente y se limita a unos tipos de vivienda en concreto: aquellos que provengan de ejecuciones inmobiliarias o de impago. Habrá muchas familias que se quedarán fuera", alerta Escorihuela, aunque aclara que la ley se encuentra todavía a debate y que desde el Observatori DESC, la PAH y otras entidades están presentando enmiendas para mejorarla.

Por último, la pregunta del millón: ¿qué se debe hacer con los más de 9.600 pisos turísticos legales en Barcelona? El Ayuntamiento puso multas a las plataformas digitales Airbnb y HomeAway por 600.000 euros a cada una para que dejaran de anunciar pisos turísticos ilegales, porque seguían en ello a pesar de los requerimientos que el Consistorio ya las había hecho. Pero, además de optar por la máxima penalización prevista en la Ley de Turismo de Catalunya, Irene Escorihuela piensa que es importante establecer limitaciones temporales, como se produce en Nueva York, "para que no haya tanto alquiler por días y por semanas, que es el que se utiliza más con el turismo y estimula a la especulación".