La multinacional energética Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, ha solicitado al Gobierno el cierre de las centrales térmicas de carbón de Meirama (A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León), unas instalaciones que deben estar paradas en junio de 2020. Fuentes de Naturgy han asegurado que la solicitud de cierre de estas tres centrales se formalizó al Ministerio de Transición Ecológica la última semana de diciembre, y que este miércoles se ha comunicado a los comités de empresa de los centros afectados.

La multinacional se ha comprometido a recolocar en otros centros de trabajo a buena parte de la plantilla de esas centrales térmicas de carbón, y a buscar salidas individualizadas y pactadas con el resto. En el caso de Meirama, situada en el municipio de Cerceda (A Coruña) y donde trabajan 77 personas, Naturgy invertirá en la zona 80 millones para ubicar allí un parque eólico y un centro avanzado de gas renovable (biogás). Además de esa inversión, la multinacional ya tiene comprometidos otros 200 millones de euros en proyectos de energías renovables.

Por su parte, la central de Narcea (Asturias) emplea a 82 personas, y La Robla (León) a otros 80, y el compromiso de la compañía es también recolocar a la mayoría de la plantilla y a pactar salidas con el resto, al tiempo que se negocia con los gobiernos autonómicos afectados alternativas a esta actividad industrial.

En este punto, fuentes de Naturgy recuerdan que el nuevo plan estratégico de la compañía prevé una inversión de 1.000 millones en proyectos en renovables en toda España. Respecto a la plantilla empleada en empresas auxiliares, Naturgy hará lo posible para favorecer que sea contratada en las tareas de cierre y desmantelamiento de las plantas.

Las cuatro formaciones con representación en el Parlamento gallego han apremiado a tomar medidas ante el anunciado cierre de la Meirama, que supondría la pérdida de varias decenas de empleos. El portavoz del PPdeG en O Hórreo, Pedro Puy, ha considerado que esta decisión es "una mala noticia en todos los sentidos", de la que responsabiliza a la empresa, pero también al Gobierno central.

En un tono similar, el líder de En Marea, Luís Villares, también ha tachado la intención de cierre como una "mala noticia" y exige el cumplimiento de "todos los acuerdos" para llevar a cabo una "transición ecológica que necesariamente se tenía que producir" pero de forma que se mantengan los empleos.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha abogado por poner en marcha una estrategia de colaboración entre la Xunta y el Ministerio, para que hagan "todo lo posible para convencer a la empresa para que haga las inversiones que permitan la supervivencia" de la central.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que este anuncio entra dentro del "desmantelamiento industrial en nuestro país" que permite a su juicio la Xunta, que no hace caso de las advertencias que urgían exigir una modernización de las instalaciones.