El mapa de las licencias para cultivar en España cannabis con fines de investigación o producción medicinal muestra una realidad variopinta por el tamaño de las empresas, su ubicación geográfica y el capital que las financia: hay startups de jóvenes emprendedores, grandes compañías nacionales e internacionales, organismos públicos e incluso proyectos de universidades. Se encuentran repartidas en unas pocas comunidades autónomas y una de cada cuatro de las que cuentan actualmente con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), del Ministerio de Sanidad, tiene capital extranjero.

Esa variedad refleja el creciente interés en un sector que todavía se mueve en España bajo los dictados de una ley de 1967 para la concesión de licencias temporales de cultivo, pero que camina ya hacia una regulación del uso de una producción que ahora únicamente puede ser destinada a la exportación. El Gobierno tiene un plazo de seis meses, que empezó a contar el pasado 27 de junio, para cumplir el dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso en el que, básicamente, insta a que el cannabis pueda ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para este uso y dispensado en farmacias, inicialmente las de los hospitales.

Actualmente, hay en vigor 16 autorizaciones de la AEMPS, ocho de ellas únicamente con fines de investigación. Geográficamente, las entidades que disponen de esa licencia tienen su sede en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Catalunya, Comunidad Valenciana y Madrid, que es la que más empresas acumula. Aunque algunas disponen de centros de cultivo y producción en otros territorios del Estado, como es el caso de Linneo Health, cuyas instalaciones extractivas se hallan en el municipio de Fuente Álamo, en Murcia.

Entre las empresas autorizadas a cultivar cannabis medicinal hay emergentes startups como Canamedics Labs, creada por dos hermanos en Barcelona que se han propuesto "desarrollar soluciones de cannabis de grado farmacéutico" para el tratamiento de pacientes con dolor crónico y otras dolencias; o un organismo público como el Instituto Botánico de la capital catalana, centro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que con su estudio pretende llegar al origen de la planta de la marihuana y a la recuperación de sus usos tradicionales en la historia de la humanidad. Y hay también entidades que trabajan desde el ámbito universitario, como es el caso de Worldpharma Biotech, que tiene su laboratorio en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, especializado en el aislamiento, purificación y caracterización de principios activos extraídos de fuentes vegetales.

Al calor de las autorizaciones que concede la AEMPS para cultivar cannabis en España han llegado también empresas de otros países que han invertido en entidades que ya disponían de licencia o, directamente, las han comprado. El 25% de las entidades que ahora disponen de una autorización para investigar o producir cannabis medicinal están participadas en menor o mayor medida por capital extranjero, procedente fundamentalmente de EEUU y Canadá, las dos potencias mundiales de la industria de la marihuana regulada, y también de Gran Bretaña y Australia.

De Massachusetts, estado de la costa este de EEUU, es Curaleaf, considerado el mayor operador multiestatal de cannabis en la gran potencia económica mundial y que el año pasado, al comprar la compañía británica Emmac, se hizo dueña de Medalchemy, entidad ubicada en el Parque Científico de Alicante con licencia para cultivo y producción medicinal en España. Y las estimaciones de Curaleaf, que en EEUU tiene cerca de 4.000 empleados, son ambiciosas, porque ha calculado que el mercado europeo del cannabis podrá superar en unos años los 120.000 millones de dólares.

El gigante canadiense Canopy deja Cafina

En esa misma provincia del levante español, en el municipio de Callosa de Segura, se halla otra empresa que ha disfrutado durante varios años de autorización de cultivo y que ahora ha emprendido el viaje de vuelta: Cafina. Esta firma alicantina fue adquirida en 2019 por una de las compañías más importantes de la industria mundial del cannabis, la canadiense Canopy Growth, la misma que vio cómo sus acciones en la Bolsa de Toronto subían dos puntos tras anunciar la compra de una empresa que contaba tan sólo con una superficie de cultivo de 150 metros cuadrados, pero con dos licencias de la AEMPS, una para investigación y otra para producción.

Sin embargo, parece que el desembarco del gigante canadiense en España no ha tenido mucho éxito, porque tres años después, según han informado a Público fuentes del sector, Canopy ha abandonado Cafina, proyecto que ha sido recuperado con el nombre de Cafina Levante por antiguos propietarios que ahora están a la espera de recuperar la autorización para el cultivo de cannabis tras el cambio de empresa. De esta forma, Callosa de Segura no perderá a una de sus insignias en una localidad conocida también como la Ciudad del Cáñamo por el arraigo de una industria tradicional centrada en el uso de las fibras de esta planta para barcos y redes de pesca.

De EEUU también llegó el dinero para reflotar lo que era el mayor y más moderno invernadero de rosas de Europa y convertirlo en una gran plantación de cannabis medicinal. El fondo inversor Full Moon Investments, con sedes en Carolina del Sur, Chicago y Atlanta, aterrizó hace dos años en Soria para sacar adelante una empresa que contaba inicialmente con más de 230 trabajadores en el corazón de la España vaciada. Ahora, esa empresa, Ondara Directorship, tras varios ERTE y decenas de despidos, se encuentra también a la espera de obtener la autorización de la AEMPS para poder comercializar la cosecha de 9.000 plantas que cultivó durante el primer semestre de este año con otra licencia de la misma agencia que no le permitía vender esa producción.

Las otras empresas con capital extranjero que operan en España a través de licencias de cultivo de la agencia del Ministerio de Sanidad son Linneo Health, la compañía del magnate Juan Abelló participada en un 60% por el fondo británico GHO - la única que tiene autorización para importación y exportación-; Medcann Europe, filial del grupo empresarial Medcann Pharma cuya matriz se encuentra en Canadá; y Trichome Pharma, empresa española a la que, cuatro meses después de obtener la licencia de la AEMPS, se incorporaron como accionistas y socios estratégicos Labiana Pharmaceuticals, una compañía farmacéutica con sede en Catalunya e inversiones en varios países del mundo, y Little Green Pharma, líder en la industria del cannabis medicinal en Australia.

El ejemplo de Portugal que ven desde Extremadura

Desde el Polo Tecnológico del Cáñamo en Extremadura, ente en el que participan 25 entidades públicas y privadas con el apoyo del gobierno de esa comunidad para desarrollar este sector en España, no ven con malos ojos la inversión extranjera en nuestro país. Muy cerca de allí, al otro lado de la frontera, en la región portuguesa del Alentejo, están viendo cómo crece día a día la industria del cannabis medicinal con la inversión de empresas de Canadá y también de España. Y les gustaría que algo parecido sucediera a este lado de la raya, donde aún no se ha regularizado el uso terapéutico de la marihuana y son muchas las trabas legales que, a su juicio, impiden el desenvolvimiento del sector.

José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX), del que depende el Polo Tecnológico del Cáñamo, se lamenta de las oportunidades que se están perdiendo en España por la falta de regulación y de una apuesta por un sector que, a su entender, puede reportar un gran beneficio económico a comunidades como la extremeña. "Tenemos el mismo clima que en Portugal, pero lo que hace falta es que se agilicen más los trámites para que España sea también un foco de inversión. Ojalá que el capital fuese español y extremeño y de mi pueblo, claro, pero lo importante es que venga capital, que el Gobierno y la Agencia Española de Medicamentos tomen ejemplo de lo que ocurre en el país vecino, donde hay invernaderos que están generando hasta 120 empleos. ¿Por qué aquí no acaba de romper esto?", se pregunta.

De manera muy distinta lo ven en el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos en diferentes ámbitos de este sector. Su portavoz, Hugo Madera, sostiene que el capital extranjero ha provocado, en parte, una brecha en el mercado del cannabis en España entre los que sólo tienen objetivos especulativos, obtener más dinero con sus acciones en bolsa, y los que únicamente se preocupan de ganarlo con su trabajo y mediante un proyecto empresarial real.

"Se habla mucho de dinero, de negocio con el cannabis, pero creo que se está poniendo el carro delante de los bueyes, antes de que haya una regulación. Y el mercado mundial está muy convulso, está sobredimensionado; no hay tanto dinero en esto como se quiere dar a entender. La forma de ganar dinero no es cultivar y luego exportar; la forma es regulando totalmente el recreativo, el medicinal, todo. Esa es la forma de hacer dinero, lo demás son cuentos. Regular únicamente para el oligopolio de las farmas sólo va a traer problemas", advierte Madera.

El Observatorio Europeo ha denunciado reiteradamente la, a su entender, falta de transparencia de la AEMPS con las concesiones de licencias para cultivar cannabis en España, con los criterios por los que decide aprobar unas solicitudes y rechazar otras. Y esa opacidad se produce también, según Hugo Madera, en el caso de las empresas extranjeras que se hacen con una autorización para producir en España tras comprar a una entidad española que disponía de una licencia de cultivo. "No acabamos de entender qué criterios se siguen. Se lo preguntamos al Gobierno cuando Linneo Health se quedó con la licencia que tenía Alcalíber –la empresa de producción de morfina que era propiedad de Abelló- y nos dijeron que las licencias no se intercambiaban, que eran nominales. Pero el caso es que esa licencia se valoró en 9,3 millones de euros en la aportación de capital cuando se constituyó Linneo", subraya.

Una producción de seis toneladas este año

El hecho es que España ha multiplicado este año por diez las previsiones de producción de cannabis medicinal que debe comunicar anualmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha notificado al órgano fiscalizador mundial una previsión de seis toneladas de cannabis, cantidad que multiplica por diez los 600 kilos que refirió en 2021. Esa estimación engloba la producción de los dos medicamentos hechos con compuestos cannábicos autorizados en nuestro país –Epidiolex y Sativex- y los cultivos de las entidades que disponen de licencia para plantar marihuana con fines de investigación o de producción medicinal.

El grueso de las estimaciones que hace la AEMPS para este año se concentra en la producción de extractos de cannabis destinados a la exportación, ya que su uso, aunque se haya cultivado en nuestro país, no está permitido en España hasta que se apruebe la regulación solicitada por el Congreso en el dictamen de la Comisión de Sanidad. Esa producción se prevé que alcanzará las cuatro toneladas este año, es decir, el 66% de toda la cantidad prevista para el presente ejercicio que ha notificado España a la JIFE.

Esas estimaciones de producción se hacen con las previsiones que realizan las propias entidades en el informe que deben presentar anualmente en la AEMPS para poder renovar su licencia, que es de carácter temporal. En ese informe deben reflejar lo que prevén que van a producir en el nuevo año y lo que produjeron en el anterior.

Otras son las estimaciones que hacen empresas y consultoras internacionales sobre el volumen de negocio del cannabis. Un estudio de Prohibition Partners, que elabora informes periódicos para informar a clientes interesados en invertir en este sector, refleja que Europa podría ser en 2025 el mayor mercado del mundo de marihuana legal, por encima incluso de EEUU. Sus cálculos sitúan el volumen de negocio europeo en los 3.200 millones de euros dentro de tres años, lo que supondría el 37% del mercado global, en su mayor parte de uso medicinal.

En lo que respecta concretamente a España, la consultora internacional estimó que se podría llegar a generar en 2025 un volumen de negocio de más de 60 millones de euros, con una producción superior a los 1.700 kilos de flor para tratar a más de 30.000 pacientes al año, en el caso, claro está, de que se legalizase ese uso en nuestro país.