Dos de cada tres autónomos se jubilan con una pensión inferior al salario mínimo interprofesional (SMI ), escasamente superior al umbral de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa en 8.011 euros anuales  -667 mensuales-, y alejada de duplicar el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el nivel al que las comunidades autónomas supeditan el acceso a servicios como la justicia gratuita.

Según las estadísticas del Ministerio de Empleo , la pensión media de jubilación de un autónomo en España es de 707,26 euros, con un aumento ligeramente inferior a los 35 desde 2013, mientras la prestación media en el régimen general, el de los trabajadores por cuenta ajena, se eleva a 1.202,30 tras haber subido 71,15 euros en ese mismo periodo.

Al cabo de un año, las catorce pagas que reciben los pensionistas suponen un desequilibrio de 6.931 euros entre autónomos y asalariados: 9.901,64 para los primeros por 16.832,20 para los segundos. Dos tercios de los trabajadores por cuenta propia -897.261 de 1.268.645, según los datos de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)- cobran esa pensión media.

Cotizar por los ingresos netos

La causa de este desequilibrio se encuentra en la formulación del sistema de cotizaciones y de pensiones, más “propia del contrato de seguro” y con una “propensión a categorizar los riesgos” que orientada a garantizar mínimos de bienestar, según el Consejo Económico y Social : terminada la vida laboral, se cobra por lo que se ha pagado antes o se accede a una prestación asistencial en función de lo que no se ha desembolsado previamente.

En el caso de los autónomos, la cotización se sitúa entre el 18,75% y el 26,5% de una base teórica de entre 893,10 y 3.751,20 euros de ingresos mensuales.

Los asalariados , cuyas bases se sitúan entre 825,69 y 3.751 euros, cotizan un 4,7% de su salario mientras la empresa paga a la Seguridad el equivalente al 23,6%, porcentajes a los que se añaden, respectivamente, un 1,55% y un 5,5% para el desempleo, al que los primeros no tienen acceso en la práctica. La pensión viene a ser el 70% de la media de esas bases en los años necesarios para completarla –hoy, 20 años; dentro de cinco, 25- con correcciones por exceso y por defecto, entre otros factores.

“Queremos ajustar las cotizaciones de los autónomos en función de los ingresos netos”, explica Eduardo Abad, secretario general de Upta , que apela a esa fórmula como “la única manera de tener un sistema justo y sostenible” ante las enormes diferencias que se dan en el sector, en el que un notario puede cotizar lo mismo que un fontanero, aunque sus ingresos y su capacidad de ahorro no suelen ser iguales.

Ahora, el 86% de los 3,1 millones de autónomos del país cotizan por la base mínima, es decir, 267,03 euros que corresponden a unos ingresos teóricos de 893,1, aunque las estadísticas de Hacienda sobre el IRPF los sitúan los reales del sector por debajo de los 800. Por otro lado, los tribunales llevan tiempo resolviendo que las actividades que generen ingresos por debajo del SMI no conllevan la obligación de cotizar como trabajador por cuenta propia.

“Economía sumergida obligada”

Su propuesta consiste en mantener esa situación para los autónomos que ingresan entre el salario mínimo interprofesional y 40.000 euros anuales –entre el 70% y el 80% del total-, duplicar “como mínimo” la cotización a quienes superen ese nivel –entre 640.000 y 900.000- y aplicar una tarifa plana de 50 euros a quienes no alcanzan el SMI.

“Se trata de dos millones y medio de personas cuyos bajos ingresos no les permiten cotizar por la base mínima completa. Es una economía sumergida obligada para la que proponemos una tarificación especial que les permita estar dentro del sistema”, explica Abad, que estima que esa medida “permitiría integrar en él medio millón de actividades cada año”.

Ese planteamiento, anota, incrementaría notablemente los ingresos del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de la Seguridad Social: 25 millones mensuales por los que no llegan al SMI -125 de aflorar todos- y entre 170 y 240 por los que superan los 40.000, que se sumarían a los casi entre 600 y 680 del grueso del sector y la mitad de esa futura aportación que ya pagan los que más ingresan.

“Con ese sistema tendríamos un ajuste prácticamente definitivo del RETA. Y, a partir de ahí, una vez que hagamos sostenible el sistema, podemos pensar en subir las pensiones en función de las carreras de cotización”, señala.

El sistema de pensiones de los autónomos supone para la Seguridad Social una factura mensual de 1.235 millones -17.290 anuales-, un 72,6% de ellos -897 al mes; 12.558 al año- para jubilaciones, mientras el resto se destina a viudedad -226 millones mensuales; 475.002 beneficiarios-, incapacidad permanente -86; 124.080-, orfandad -20; 64.913- y familiares -4; 9.382-.

El peso de las jubilaciones es ligeramente inferior –un 71,2%- en el conjunto del sistema, con una cuantía de 6.116 millones mensuales de un total de 8.660, y un volumen de perceptores de 5,78 millones sobre un conjunto de 8,66, casi la quinta parte de la población del país.

Temor a que la nueva Ley del Autónomo no salga adelante

Por otro lado, en el colectivo de los autónomos ha comenzado a extenderse el temor a que, en caso de adelanto electoral, la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo no salga adelante y el proyecto que está tramitando el Congreso decaiga.

“Sería un juguete roto. Esta ley es demasiado importante como para que quede supeditada a negociaciones de ningún tipo”, señala Abad, para quien “tampoco puede entenderse que la reforma pudiera estar condicionada a otras motivaciones políticas o a la evolución de otras normas legales que se encuentran en tramitación actualmente”.

La proposición de ley, presentada por Ciudadanos, está lista para que una ponencia de la Comisión de Empleo y Seguridad Social inicie el debate de las enmiendas, cuyo plazo de presentación fue prorrogado cuatro veces. A partir de ese momento, lo normal sería que el pleno del Congreso no tardara más de dos meses en cerrar el texto definitivo.

“No creo que nadie intente bloquearla”

El portavoz de Economía de C’s, Toni Roldá, mostró su confianza en que la ponencia pueda comenzar a trabajar en un par de semanas. “No creo que nadie intente ahora bloquearla”, señaló, en referencia al aislamiento del PP, las tensiones con su formación y la presión inicial de los conservadores para excluir del texto la parte referente a cotizaciones y pensiones, que será tratada en una subcomisión parlamentaria.

Roldá se mostró receptivo a algunas de las propuestas de Upta, como eliminar o reducir la cotización para autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo.

El texto inicial propone otras medidas como permitir cuatro cambios de cotización al cabo del año, prorrogar de seis meses a un año la tarifa plana  de 50 euros para incorporaciones al régimen y modificar el sistema de deducción de gastos.