Los trabajadores españoles del aeropuerto militar de la base de EEUU en Rota (Cádiz) van a cumplir cinco años en huelga sin que aún se haya resuelto lo que se considera ya el conflicto laboral más largo de España. Ni las mociones del ayuntamiento, que llegó a declarar entidad non grata a la empresa, ni las propuestas aprobadas en el Congreso para apoyar a los trabajadores ni siquiera una sentencia del Tribunal Supremo que avaló su demanda sobre el convenio laboral han conseguido doblegar a la multinacional estadounidense encargada de este servicio, Louis Berger Aircraft Services (LBAS).

El 3 de septiembre de 2018, el comité de empresa anunció la convocatoria de una huelga indefinida por el despido de treinta trabajadores -de una plantilla de unos 170-, desde que la empresa Louis Berger se había hecho cargo de la gestión del aeropuerto de la base mediante contrato con la US Navy, la Armada estadounidense, tras haber comprado la anterior concesionaria del servicio. Esta concesionaria se ocupa, fundamentalmente, de las tareas relacionadas con la entrada y salida de aviones militares, carga y descarga, limpieza, servicio de almacenaje y viajeros.

En octubre de ese año empezó la huelga, cinco días a la semana, aunque con unos servicios mínimos que alcanzan el 90% por tratarse de un aeropuerto militar. Y cinco años después, el paro continúa y se va a endurecer aún más por la falta de soluciones, de forma que será total, siete días a la semana, según ha anunciado el comité de empresa.

El comienzo de este larguísimo conflicto se sitúa, según CCOO y UGT, en octubre de 2016, cuando en las negociaciones para aprobar un nuevo convenio colectivo la empresa hace una propuesta: elegir entre 45 despidos o solo 15, si el resto de la plantilla asume una reducción salarial equivalente al sueldo de los 30 que conservarían su empleo. "Al no aceptar el comité dicha propuesta -afirman los sindicatos en mayo de 2022-, la empresa se desmarca de las negociaciones e inicia una fase de acoso y hostigamiento a la plantilla que perdura hasta la fecha, con el fin de lograr su sometimiento en la negociación colectiva".

LBAS alega, tal como refleja en su página web, que su contrato con la Navy redujo de 4 a 3 el número máximo de aviones que había que atender de manera simultánea en el aeropuerto de la base y que, por tanto, la plantilla que había heredado de la anterior compañía era "demasiado grande para que el contrato se pudiera gestionar de manera exitosa". Y para refrendar sus argumentos contrató una auditoría a la consultora Deloitte, que concluyó que había "un excedente de 45 trabajadores con respecto a la plantilla óptima".

"Llevamos ocho años de lucha, cinco de huelga indefinida, y no damos acabado ni vemos una pequeña luz al final del túnel", dice a Público el presidente del comité de empresa, Daniel Ruiz-Henestrosa, de CCOO. Su balance de esta larga lucha incluye más de cien denuncias en Inspección de Trabajo y otro centenar de demandas de trabajadores en los juzgados por merma de derechos laborales, entre ellas alguna por acoso laboral. Un trabajador del Ayuntamiento de Rota resume la situación de la plantilla del aeropuerto de la base de otra forma cuando habla con este periódico: "Es humillante".

Militares de EEUU trabajando en la huelga

La lista de irregularidades denunciadas es casi tan larga como el conflicto: vulneración del derecho a la huelga con la sustitución de trabajadores en huelga por militares norteamericanos y personal directivo o de confianza de la dirección de la empresa; contratación de antiguos militares estadounidenses al amparo del Convenio Bilateral España-EEUU para realizar funciones de oficial de guardia que antes hacían empleados despedidos; incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de los descansos entre turnos y vulneración del derecho a la representación de los trabajadores, entre otras muchas.

Pero la principal batalla legal que han ganado hasta ahora los trabajadores de LBAS ha sido la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de julio de 2020 para unificar doctrina. En ella se rechaza la modificación de las condiciones de trabajo por razones productivas y organizativas que había establecido la empresa, "al no haber existido buena fe negociadora y al afectar la medida a lo recogido en el convenio colectivo aplicable", como recogía el fallo de primera instancia recurrido por la compañía.

De esta forma, el Alto Tribunal avaló la vigencia, atendiendo a la cláusula de ultraactividad, del convenio colectivo -firmado antes de la llegada de Louise Berger- hasta que no se negocie y apruebe uno nuevo, algo que todavía no ha ocurrido, debido, según el comité de empresa, a la absoluta falta de voluntad de diálogo de la parte empresarial.

Lo que ha hecho la compañía estadounidense es aplicar el convenio general del sector de servicios aeroportuarios handling, y eso ha supuesto, según las estimaciones del comité, una merma de en torno al 35% en los ingresos económicos y cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores respecto a lo que les correspondería si se aplicase el convenio colectivo de la empresa. "Ellos equiparan la actividad de un aeropuerto militar de máxima seguridad con uno civil, cuando aquí manejamos maletas, pero también maquinaria muy sofisticada, armamento, explosivos, cuando aquí ya hemos pasado por varias guerras, como las del Golfo o Afganistán", subraya Daniel Ruiz-Henestrosa.

El caso es que, de acuerdo con las cifras que maneja el comité de empresa, el número de empleados en el aeropuerto de la base de Rota apenas ha variado ocho años después de que la dirección de Louise Berger diera inicio al conflicto al anunciar el despido de trabajadores porque la plantilla "era demasiado grande". Se han hecho externalizaciones en los servicios de limpieza, autobuses y taller, y se han despedido a 36 personas, pero su puesto se ha cubierto con contrataciones a bajo coste conforme al convenio marco estatal de servicios aeroportuarios, asegura Ruiz-Henestrosa. "Se ha demostrado que era falso que sobraban 45 trabajadores", concluye.

Apoyo de las instituciones: nunca han caminado solos

Los trabajadores de Louis Berger nunca han caminado solos en todos estos años de lucha. En el Ayuntamiento de Rota, en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados y hasta en el Parlamento Europeo han encontrado apoyos a su causa mediante mociones, proposiciones no de ley o preguntas que han exigido una solución para su largo conflicto.

En diciembre de 2020, cuando la huelga ya había sobrepasado los dos años, el Pleno de Rota llegó incluso a declarar entidad non grata a la empresa LBAS. "Lejos de resolverse, el conflicto se está enquistando aún más por la actitud y la total falta de respeto de esta empresa a los derechos de los trabajadores, las instituciones, el ordenamiento jurídico español y el propio pueblo de Rota", se afirmaba en la moción aprobada por todos los grupos municipales, salvo Vox.

La teniente de alcalde roteña, Encarnación Niño, ha manifestado a Público que la Junta de Portavoces, con su alcalde a la cabeza, Javier Ruiz (PSOE), mantuvo este martes una reunión con el comité de empresa del aeropuerto de la base, en la que se acordó llevar al próximo pleno una declaración de apoyo institucional de todos los grupos municipales a los trabajadores, por los despidos que han sufrido y la merma de su poder adquisitivo que han tenido debido a la aplicación de un convenio que no es el suyo.

"A partir de ahí, habrá que esperar una respuesta de la empresa y que atiendan a lo que se está pidiendo los trabajadores, simplemente, nada más y nada menos, que sentarse a negociar, que es uno de los derechos básicos de un trabajador en nuestro país", ha subrayado la responsable municipal.

En el Congreso también se han aprobado en estos años varias propuestas para apoyar a los trabajadores del aeropuerto de Rota y exigir tanto a gobiernos del PP como del PSOE que intercedan por ellos. En una de ellas, la que se debatió en la Comisión de Defensa en mayo de 2017, antes incluso del comienzo de la huelga, la diputada socialista proponente, Miriam Alconchel Gonzaga, dijo: "Lo deseable es que la relación entre Estados Unidos y España y la alianza en torno a las bases de Rota y Morón se traduzca en la defensa de los intereses y en la generación de empleo en los territorios donde se asientan".

"Lo que no tiene explicación -añadió la diputada- es que en el momento que hay un aumento de marines estadounidenses y un aumento de la carga de trabajo en las bases de Morón y de Rota, se están llevando a cabo despidos de los trabajadores españoles". La proposición fue aprobada por todos los grupos.

La US Navy renovó el contrato pese a las denuncias

Nada de esto debió asustar a las autoridades militares estadounidenses, porque en noviembre de 2021 la US Navy decidió renovar por cinco años más el contrato a la empresa LBAS para que siguiera haciéndose cargo de la explotación del aeropuerto de su base naval en Rota, que ocupa desde 1953 un terreno de 24 kilómetros cuadrados, casi un tercio de la superficie total de ese municipio gaditano.

Sin embargo, el presidente del comité de empresa del aeropuerto tiene claro que Rota y sus ayuntamientos limítrofes deben disfrutar de una compensación por albergar en su suelo unas instalaciones militares que sitúan a la zona en el punto de mira. "Algún provecho tenemos que sacar de tener aquí la base. No podemos tener un empleo de baja calidad y que únicamente quieran bajar el coste de la plantilla a cualquier precio", recalca Ruiz-Henestrosa.

En su web, LBAS, que asegura que "no ha abandonado la esperanza de llegar a un acuerdo justo y productivo con el comité de empresa", afirma: "Humildemente, pensamos que nuestra contribución general, no solo al cliente, sino a la vida de nuestros trabajadores y a la vecindad general de la base es positiva, y nos sentiríamos honrados de continuar apoyando a la Marina y a nuestros vecinos".

El papel del sindicato Solidaridad y Vox

Los cambios en la empresa también se han hecho notar en la configuración de la representación de los trabajadores, ya que en las últimas elecciones sindicales celebradas el pasado diciembre resultó elegido como delegado un miembro del sindicato Solidaridad, próximo a Vox, junto a 5 de CCOO y tres de UGT. Según el presidente del comité, Solidaridad fue la candidatura fomentada por la dirección de la empresa y votada por sus empleados de confianza y quienes se han beneficiado con sus medidas laborales.

Vox fue, precisamente, la única formación municipal que votó en contra de la moción del pleno de Rota que en 2020 declaró non grata a la empresa LBAS por su actitud con los trabajadores del aeropuerto de la base. Y el pasado mes de julio, el delegado sindical de Solidaridad se reunió con candidatos de la formación de ultraderecha en las elecciones generales, tras lo cual ambas partes emitieron un comunicado en el que acusaron al comité de empresa de "dificultar" la negociación y "no apreciar" la oferta que había hecho la dirección de Louise Berger.

Próxima a cumplir cinco años, la extensión de esta huelga supera con creces la duración media de los paros laborales en España, que es de 772 jornadas no trabajadas, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social de 2022. Y Andalucía no es tampoco de las comunidades autónomas con mayores conflictos, ya que se sitúa en la novena posición en número de jornadas no trabajadas por huelga, con 4.745, a mucha distancia de las primeras, Euskadi (137.337) y Catalunya (124.722).

Hasta este conflicto, la huelga más duradera que se conocía fue la que mantuvieron los trabajadores de otra multinacional estadounidense, Coca-Cola, en su planta de Fuenlabrada, en Madrid. Estuvieron de huelga durante casi cinco años tras el anuncio de un ERE, hasta que llegaron a un preacuerdo que puso fin al conflicto en noviembre de 2018.

Daniel Ruiz-Henestrosa recalca que solo ha sido posible mantener la huelga durante cinco largos años por el "sacrificio y la unión" que han mantenido los trabadores para defender sus derechos. "Sin eso hubiera sido imposible", concluye el presidente del comité de empresa de Louis Berger.