Las grandes petroleras se organizan para controlar la nueva era verde y digital que les amenaza

Las tornas han cambiado. Las proclamas sobre un Green New Deal que surgieron en Europa en la antesala de la crisis sanitaria de la covid-19 ante las insistentes reivindicaciones de la ciencia sobre la aceleración del reloj climático en la Tierra, con una hoja de ruta oficial y una taxonomía ejecutiva para gestionar los milmillonarios recursos que se ha movilizado para certificar que el Viejo Continente sea el primero en alcanzar las emisiones netas cero, parecen ahora un grito en medio del desierto. De igual modo que el optimismo con el que la Administración de Joe Biden encauzó una estrategia, que le habían ganado por la mano sus socios del otro lado del Atlántico, ha caído en saco roto.

Con la invasión de Ucrania y el juego constante del Kremlin con el flujo energético a Europa que ha caracterizado la diplomacia rusa desde casi el inicio del prolongado periplo de Vladimir Putin en el poder —y que se agudizó desde el otoño pasado, cuando el gas catapultó su cotización— los precios del crudo, la gran fuente de conflictividad en los mercados, se han instalado por encima de un espacio de confort, los 120 dólares, para los países productores.

Con la gasolina y el diésel, que ha entrado en una fase de desabastecimiento específica, superando los 4 dólares por galón en EEUU y los dos euros por litro en España, una de las economías con unos carburantes más bajos de toda la zona monetaria. Y creando un clima sumamente enrarecido. No sólo por la alta tensión en el orden geopolítico, sino también por las presiones socioeconómicas de una espiral inflacionista sin precedentes desde la crisis del petróleo de lo 70, y en el terreno financiero, con subidas de tipos y, por ende, de restricciones de crédito a la vista que amenazan con crear volatilidades en los mercados, recortar las inversiones empresariales y constreñir la capacidad adquisitiva y de gasto de los hogares.

Algunas voces del legislativo americano claman por aparcar las medidas de descarbonización

Algunas voces del legislativo americano, como la del senador Joe Manchin, claman por aparcar las medidas de descarbonización de la mayor economía del planeta e incrementar la producción doméstica de gas y petróleo. Justo los cantos de sirena que la industria fósil quería oír. Incluso en sus mejores sueños recientes, la música nunca le ha resultado tan celestial; ni sorprendente. Porque parecía que los inversores internacionales apostaban decididamente por criterios ESG en la configuración de sus carteras, las multinacionales del sector avanzaban en una especie de carrera contrarreloj para mostrar sus sellos verdes y sostenibles y la comunión sociedad-ciencia parecía haber inclinado la balanza hacia un planeta sin emisiones netas de CO2 en el ecuador de esta centuria.

Nada más lejos de la realidad. La Vieja Economía ha vuelto a recuperar las riendas de otro ciclo de negocios. Quizás, el menos proclive a contentar sus intereses. Casi siempre ocultos. Aunque con directrices claras: perpetuar las energías contaminantes. Varios análisis de especialistas del sector energético repasan en Foreign Policy claves de cómo y por qué las fuerzas negacionistas de la crisis climática se han organizado de nuevo para controlar la economía global. Y su visión conjunta no parece demasiado halagüeña.

Las compañías dominan la seguridad energética

Gregory Brew, del Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale, señala la habilidad de las firmas estadounidenses para vincular producción fósil y seguridad energética, entendida como la eficiencia política para asegurar que el suministro de carburantes se despliegue por el territorio federal a precios asequibles bajo una premisa ineludible: cuanto más crudo, gas y carbón se genere en el ámbito doméstico, menos vulnerable será el país a shocks externos de oferta. A diferencia de grandes productores como Arabia Saudí o consumidores, como China, EEUU fía a sus compañías energéticas la exploración, producción, refino y transporte de sus servicios energéticos. Y sus fines están sólo movidos por los beneficios.

Entre 2010 y 2019, la producción de crudo en EEUU ha pasado de 5,5 a 12,3 millones de barriles diarios

De manera —recuerda Brew— que su compromiso de abastecer a sus aliados europeos para que interrumpan sus negocios con Rusia y reduzcan su dependencia de la energía bajo control del Kremlin, se enfrenta a un triple dilema: dotar de suficiente oferta a su mercado, atender la nueva demanda de sus socios de la UE y combatir la emergencia climática. Todo ellos, sin causar daños a la economía nacional y mundial. Y la historia revela que las diferencias entre el interés comercial de las firmas y las prioridades federales de Washington no siempre coinciden. En especial, desde que, al término de la Segunda Guerra Mundial, varias de ellas, como Exxon, Mobil y Chevron —entre otras— se dedicaron a comprar crudo barato de Oriente Próximo, majors y varias menores, como Sinclair Oril o Marathon y Atlantic Richfield, pidieron a la Casa Blanca protección a sus importaciones.

Durante la siguiente década, la de los cincuenta, se instalaron con sus lobbies en el Congreso en su intención, declarada, de prohibir las compras para no perjudicar la industria nacional y hacer de EEUU un mercado crudo-dependiente. Desde entonces, este dilema permanece. Entre la idea de dar permisos de prospección en Alaska, la mayor de las reservas estratégicas del país, como puso en marcha, al final de su mandato, y sin efectos prácticos, Donald Trump. O la opción que planteó en los setenta el senador Jackson de nacionalizar la industria para servir mejor el interés público. Mientras en la década pasada se convertía, de facto, durante varios ejercicios, en primer exportador neto de crudo en 2021. Mecanismos de equilibrio del mercado. Entre 2010 y 2019, la cuota productiva estadounidense creció desde los 5,5 millones a los 12,3 millones de barriles diarios y combinado con el gas licuado, concedió a EEUU tal galardón. Por primera vez desde 1948.

Brew cree que, ante la actual tesitura de guerra en Ucrania, Biden debería inyectar más petróleo de las reservas estratégicas al mercado y suministrar crudo y gas a Europa mientras utiliza la Ley de Producción de Defensa para acelerar el desarrollo de un sistema de energía renovables. Con objeto de reducir la nueva expansión del consumo fósil y adecuar su agenda verde con la de sus socios europeos, con sus recursos y fondos para espolear el empleo a través de un modelo verde y sostenible y con avances en digitalización. Mientras se corrigen los flujos energéticos de Rusia a la UE. Porque sólo así se cortarán los lazos entre compañías fósiles y seguridad energética que siguen dictando los designios de la política energética americana. En línea con la sugerencia del presidente francés, Emmanuel Macron, de revisar y, si fuera el caso, nacionalizar, ciertas líneas del negocio energético para garantizar el abastecimiento.

El precio del barril marca los cambios en el orden global

Es la conclusión que resaltan Cameron Abadi, subeditor de Foreign Policy y Adam Tooze, historiador británico y columnista de la revista en un coloquio en podcast. En el que recuerdan que Rusia está ganando 350 millones de dólares diarios en ingresos petrolíferos, según cálculos de Javier Blas para Bloomberg. Con un barril que pasó de 90 a 130 dólares con el estallido bélico y que, de superarse esta cota, las arcas de Moscú podrían almacenar entre 450 y 500 millones. "Las sanciones contra el Kremlin se han revelado, hasta ahora, irrelevantes"; más bien resultan simbólicas. Si no fuera porque ponen en evidencia la falta de armonía en materia energética de la UE y el perjuicio económico de una dependencia más que notable: el 50% del crudo ruso acaba en Europa, frente al 42% que lo hace en Asia, área a la que pretende reconducir la demanda europea con descuentos del 20% o más del barril.

La reducción de la dependencia energética de Rusia obliga a tomar medidas a gran escala para amortiguar gastos e inversiones 

Lo mismo ocurre con el gas. Moscú recababa alrededor de 200 millones de dólares diarios. Pero, con su escalada, ha llegado a recaudar 720 millones. Sin que Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos (EAU) revelen la más mínima intención de poner 2,3 millones de barriles al día en estos momentos de contracción de oferta en el mercado. Con Irán desplazado del negocio por el veto de la Casa Blanca e Israel y sin noticias de cantidades suficientes de las reservas estratégicas de EEUU o de su capacidad de influencia sobre la OPEP y, más en concreto, sobre Riad y su príncipe heredero Mohamed bin Salman (MbS).

Tooze alerta sobre sus efectos en Occidente. Igual que en los setenta. Catapulta de su valor de mercado, con traslado a espirales inflacionistas, endurecimiento de las políticas monetarias, un creciente descontento social y empresarial, parálisis de las cadenas de valor, retroceso de ventas e ingresos en firmas y del gasto en hogares y tentaciones de fracking en EEUU y de vuelta a las inversiones fósiles en Europa, donde el gas ha llegado a cotizar al equivalente de 600 dólares el barril. Estas fases de encarecimiento de la energía dificultan, primero, y precipitan, después, la toma de decisiones encaminadas a reducir la dependencia energética europea de Rusia. Porque se requieren estrategias industriales a gran escala y una visión de gastos familiares a largo plazo que, sin armisticio en la guerra de Ucrania, podría trascender más allá del verano e instar a unas presiones añadidas de la energía entre el otoño y el invierno de los contratos de futuro del crudo.

¿Administra MbS los tempos y la estrategia de Biden?

Riad no desea que Biden restablezca las negociaciones sobre el pacto nuclear con Irán. Y guarda rencor por la calificación como paria al Reino Saudí del dirigente demócrata, en campaña electoral, y la descalificación de un informe de la inteligencia americana implicando a MbS en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi ya cuando era el inquilino del Despacho Oval. Es parte de la venganza de que Arabia Saudí no libere junto a EAU más de 3 millones de barriles de oro negro como le reclama la Casa Blanca. Frente a lo 5 millones que Rusia todavía coloca entre las economías europeas. Riad y Abu Dabi amparan su decisión en el cartel OPEP + aunque detrás hay geopolítica en estado de ebullición en el punto históricamente más convulso del planeta desde la Segunda Guerra Mundial.

Ninguna cancillería occidental ha emprendido un diálogo efectivo para permitir el suministro de crudo iraní

Ninguna cancillería occidental del G-7 se ha atrevido a criticar las 81 ejecuciones sumarísimas de Riad a mediados de marzo. Ni ha emprendido un diálogo efectivo para permitir el suministro de crudo iraní. Más bien al contrario, EEUU ha incautado una carga petrolífera del Estado persa en su travesía por Grecia. O lo que es peor. Tampoco parecen estar por la labor de que Irak pueda destronar a Arabia Saudí como mayor productor, el país con una mayor infraproducción actual, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de sus 145.000 millones de barriles de reservas probadas, y a unos costes de extracción bajos, de entre dos y tres dólares. Mientras el año avanza y la propia AIE calcula que, al término del mismo, Rusia dejará de poner en el mercado 1,5 millones de barriles. MbS será el catalizador del petróleo. Una vez más. Falta saber lo que le pedirá a cambio a Biden, explican en FP.

La democracia no se mide con materias primas

Tesis que defiende la diplomática y activista venezolana Isadora Zubillaga en la revista de política exterior. Y que viene a decir que los castigos impuestos por las democracias occidentales hacia regímenes totalitarios como el ruso, no deben contrarrestar otros como el venezolano, al que Washington le insta a colocar más petróleo en el mercado tras años de baja productividad, o a premiar o condenar al ostracismo a según qué estados de la OPEP + en función de los intereses puntuales de la Casa Blanca. "La democracia no es una materia prima" con la que se pueda negociar constantemente, sino que las represalias deberían ir dirigidas a asegurar y garantizar avances en los sistemas de libertades.

Las petroleras como paraíso de oligarcas

¿Cómo puede impedirse esta práctica habitual?, pone de relieve Alexandra Gillies, experta en corrupción del sector petrolífero y autora del libro Crude Intentions donde ya expone esta lacra, a colación de la salida de BP, Equinor, ExxonMobil o Shell del accionariado de empresas energéticas rusas tras la guerra de Ucrania. La soflama explicativa que, desde la cúpula ejecutiva de Shell, se utilizó de que "no podemos y no continuaremos en la estructura" de ninguna firma estatal del Kremlin, "no debe hacer caer en el olvido de que llevan años sosteniendo un escenario del que se han beneficiado oligarcas que han amasado ingentes cantidades de dinero y han legitimado a sus socios internacionales", que han hecho uso de unas prácticas que "han amparado la corrupción de dictadores que, como Putin, tienen una fortuna incalculable y que han hecho de la cleptocracia y del capitalismo de amiguetes un hábito con un relato que ha calado en la sociedad, la industria y las finanzas, sin que haya narrativa contraria alguna".

Las ‘supermajor’ occidentales han permitido durante décadas el asentamiento de la corrupción y la cleptocracia en Rusia

La retirada de las supermajors occidentales retraerá inversiones en Rusia. No por casualidad, BP tiene la quinta parte del accionariado de Rosneft y ExxonMobil, por ejemplo, mantiene capitales estratégicos en los campos de gas y petróleo de Sakhalin. De igual manera que mantienen lazos con autócratas del Golfo Pérsico. Pero siempre vuelven. Ya lo hizo TotalEnergies en 2018 cuando amenazó con abandonar sus intereses en Arabia Saudí tras el asesinato de Khashoggi, pero caen en el sueño de los justos.

A juicio de Gillies, si de verdad desean actuar contra la cleptocracia que rodean sus negocios en latitudes con regímenes autoritarios, deberían encauzar sus esfuerzos en tres direcciones. Con medidas de transparencia y la aplicación de guías de recomendación como las del New Natural Resource Governance, que evalúan las opciones de que una operación accionarial pueda caer o propagar casos de corrupción, así como chequear con el máximo rigor sus negociaciones de due dilligence o de fusiones y adquisiciones, no sólo para detectar anomalías contables o desviación de activos, sino para aportar información fidedigna a sus accionistas e inversores. En segundo término, y en esta línea, incrementar los datos relevantes al mercado y la adopción de criterios ESG para impulsar y acreditar proyectos digitales, verdes, de buen gobierno y repercusión social, lo que evitaría operaciones con las que se han enriquecido oligarcas como el del Ártico bajo las directrices rusas u otros recientes, gasísticos, en Azerbaiyán.

Todo ellos con vínculos nítidos que sostienen recursos destinados a seguridad energética, política exterior rusa y enriquecimiento personal de empresarios; es decir, con indicios de corrupción en las élites del país. Y finalmente la búsqueda de espacios alternativos que promuevan la democracia, los derechos humanos y las medidas anti-corrupción. Los actores políticos y empresariales tienen un importante papel que jugar en el cambio al que debería conducir el ciclo de negocios post-covid en el orden energético global.