El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cerrado este lunes con patronal y sindicatos un principio de acuerdo para el primer paquete de reforma de las pensiones, según aseguran a Público fuentes de UGT y CCOO.

El acuerdo, tras meses de negociaciones, conlleva que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación por ley, así como derogar expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013. También incluye diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal. 

Pero, además, el acuerdo supone de facto derogar gran parte de la reforma de las pensiones que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy unilateralmente y sin acuerdo social en 2013. El objetivo del Gobierno es sacar adelante esta nueva reforma de las pensiones este mismo año. 

No obstante, el acuerdo de pensiones no es completo y es sólo un avance, porque se han aparcado las cuestiones más polémicas. Así, queda pendiente para otra reforma fijar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, el destope de las cotizaciones máximas y, sobre todo, la revisión de las reglas de años de cómputo para fijar la pensión de quien se jubila.

Pero, especialmente, los sindicatos quieren conocer el mecanismo que ha de sustituir el polémico factor de sostenibilidad. Este mecanismo pretendía  establecer el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida, por lo que rebajaba la pensión. Escrivá, tras muchas presiones, aceptó derogar el factor de sostenibilidad, pero anuncio que será reemplazado por una nueva fórmula correctora denominada "mecanismo de equidad intergeneracional" y que no operará hasta 2027. El Ministerio de Inclusión se comprometió a presentar una propuesta antes de final de año.

Pese a ello y todas las reticencias, todas las partes mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que vuelve a recuperar el consenso social en materia de pensiones, roto por el Gobierno del PP.

El acuerdo está desarrollado en un texto normativo que se convertirá en anteproyecto de ley, donde también se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario.

Jubilaciones voluntarias y gastos impropios

En este aspecto, se incluirán modificaciones en las penalizaciones para los trabajadores que adelantan su jubilación de forma voluntaria y en los incentivos para retrasarla más allá de la edad ordinaria de retiro.

Además, el acuerdo contempla que el Estado realizará una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones, que rondará el 2% del PIB.

Finalmente, por fin se contempla una vieja reivindicación para que los denominados "gastos impropios" de la Seguridad Social (todos los que no afecten directamente al pago de pensiones), que según el ministro Escrivá ascienden a unos 18.000 millones de euros, sean asumidos por el Ministerio de Hacienda.