El Gobierno ha acordado ya con la Comisión Europea la nueva senda de estabilidad que establece los nuevos objetivos de déficit y de deuda pública para los próximos cuatro años, según han confirmado fuentes gubernamentales.

Las mismas fuentes han destacado que en el Ejecutivo están "satisfechos" con las nuevas cifras consensuadas con Bruselas, sin precisar el mayor margen fiscal otorgado por la Comisión Europea a España.

El Ejecutivo espera haber podido reducir el déficit del 2,5% del PIB al 2% en 2019 y ha estado conversando con Bruselas en las últimas semanas para poder flexibilizar la senda de déficit con el fin de conseguir un mayor margen fiscal para este año, ya que la meta oficial aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es del 0,5% del PIB para este año y estabilidad presupuestaria ya en 2021.

Sin embargo, se trata de unas metas prácticamente inalcanzables puesto que, en un contexto de prórroga presupuestaria, el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha podido aprobar aún ninguna senda, comunicó a Bruselas que estimaba un desajuste del 1,1% del PIB este año o el 1,7% a políticas constantes, y auguraba un déficit del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

A su vez, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marca la meta de rebajarla al 94,6% este año.

Tras haber logrado consensuar la nueva senda con Bruselas, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes la convocatoria para este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de presentar a las comunidades autónomas la nueva senda, así como trasladar los esfuerzos fiscales por administraciones a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) .

A posteriori el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las administraciones al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno.

Para ello, el Gobierno dará paso a las negociaciones con los distintos grupos para recabar los votos suficientes de los distintos grupos como para poder aprobar en el Parlamento dicha senda y el techo de gasto, como paso previo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, que ve "urgente" aprobar para dejar atrás las actuales en vigor, que datan del año 2018 y fueron elaboradas por el exministro del PP, Cristóbal Montoro.

Sobre las nuevas cuentas se conoce que seguirán buena parte de las directrices del fallido proyecto presupuestario del año pasado, que contemplaban cambios fiscales como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, el aumento del IRPF para las rentas altas, la equiparación del Impuesto de Hidrocarburos del diésel al de la gasolina o la bajada del IVA a servicios veterinarios y productos de higiene femenina, así como aprobar las tasas Google y Tobin, avanzar en fiscalidad verde y estudiar pasos en materia tributaria sobre la llamada comida basura, entre otros.

Con estas y otras medidas el Ejecutivo confía en poder cumplir los nuevos objetivos de déficit acordados con Bruselas, que tras sacar al país del procedimiento de déficit excesivo reclamaba a España un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual.

Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.