El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la subida salarial del 2% en 2024 para los más de tres millones de empleados públicos, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y se aplicará de forma inmediata, en la primera nómina posible. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que la medida se inserta dentro del nuevo decreto anticrisis, tendente a aminorar los efectos de la inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania.

PSOE y Sumar ya habían intentado antes adelantar la aplicación de esta subida salarial, prevista en el acuerdo que firmó el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, a través de una enmienda en la tramitación parlamentaria del decreto. No obstante, hasta este momento no se había podido aplicar la medida porque ésta lleva meses en tramitación en el Congreso. 

En relación al actual estancamiento de los Presupuestos Generales del Estado y el impacto que ello puede tener en la aplicación de esta medida, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá, ha establecido este lunes que el hecho de que éstos estén prorrogados no supondrá "un problema" para afrontar el gasto de esta subida salarial. "Nunca ha habido problemas para esto. Ni la primera, ni la segunda ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de Presupuestos de Gobierno", ha declarado. Asimismo, el ministro considera que existe "un margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones". 

En el acuerdo marco a tres años firmado con los sindicatos se preveía una revalorización de los salarios públicos del 2% en 2024, a la que se podía sumar un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación. Ese medio punto adicional depende de que el IPC armonizado del periodo 2022, 2023 y 2024 supere el incremento retributivo fijo acumulado para los tres citados años. 

El sindicato CSIF, que no selló el acuerdo marco, mantiene la convocatoria de concentración de este jueves frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un nuevo acuerdo salarial. Además, esta organización considera que el rubricado con UGT y CCOO para 2022, 2023 y 2024 fue insuficiente porque desde entonces la pérdida de poder adquisitivo se eleva al 7%.