Funcionarios La oferta récord de empleo público se queda corta ante los recortes de Rajoy y Montoro

La oferta récord de empleo público en la Administración central que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros no va a resultar suficiente para superar los duros ajustes en materia de personal que aplicaron los Gobiernos de Mariano Rajoy (PP), con Cristóbal Montoro como ministro responsable del ramo, ni tampoco para acabar de normalizar las relaciones entre el ejecutivo PSOE-UP y los sindicatos, que vienen alertando de la cronificación de una serie de deficiencias en los servicios públicos que se han intensificado con la pandemia y cuyos efectos acaba sufriendo el ciudadano.

La OPE (Oferta Pública de Empleo) que lleva este martes a la reunión del gabinete la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluye 23.491 puestos de trabajo a los que se añaden otras 1.920 plazas de militar y 5.304 en la Policía y la Guardia Civil ya convocadas hace unos meses y con las que a lo largo del año habrán salido esas más de 30.000 ofertas para emplearse en la Administración central.

Con ellas, en cualquier caso, la plantilla de los servicios públicos estatales seguirá manteniendo un déficit de más de 60.000 empleos con respecto a la que el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traspasó a finales de 2011 al primero de Rajoy, la intensidad de cuyos recortes no ha tenido parangón en las últimas décadas.

Tendrán que pasar, al menos al ritmo actual, varios decenios antes de que esos ajustes de personal lleguen a ser compensados. De hecho, tras la incorporación de los ganadores de las oposiciones que ahora se lanzan apenas habrá variado en 2.500 miembros el tamaño de la plantilla de funcionarios y empleados de la Administración General del Estado (AGE), que seguirá por debajo de los 520.000 frente a los casi 585.000 de principios de 2012.

¿En qué consiste la OPE de 2021?

Básicamente, en la convocatoria de 23.491 puestos de trabajo para empleos civiles (al margen de los 7.224 del ejército y las fuerzas de seguridad) en la AGE, aunque eso no significa que se trate de nuevos empleos en términos estrictos sino que menos de dos tercios de ese volumen se traducirán en nuevas incorporaciones.

De hecho, la última propuesta que el Gobierno mostró la semana pasada a los sindicatos preveía la convocatoria de 20.697 empleos, aunque 8.983 eran de promoción interna, ya sea para cubrir plazas de mayor nivel para quienes ya trabajan en la Administración pública o para regularizar la ocupación de puestos en régimen de interinaje. "Solo supone una generación neta de empleo de 2.500 plazas”, dijo Miguel Borra, presidente de CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios).

¿Qué tiene de particular esta OPE?

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que asumió por completo las competencias en materia de Función Pública en la última remodelación del Gobierno, destacan que conlleva dos récords por su volumen, tanto por sí sola como en términos anuales se le suma con las de militares y fuerzas de seguridad, aunque ese ranking no incluye los registros de algunos reales decreto ley ni de los procesos de estabilización del empleo público.

¿Por qué la critican los sindicatos?

Básicamente, porque consideran que no resuelve los problemas de personal que detectan en la AGE. UGT considera  "deficiente para atender a la ciudadanía" las cifras que se venían manejando. "Necesitamos un plan integral de empleo público, ya que se ha producido una pérdida enorme en los últimos años y va a haber problemas a medio plazo, e incluso a corto. Se trata de crear empleo", señalan fuentes del sindicato.

"La oferta es mayor que la del año pasado (+8,5%), pero para nada estamos en una senda de recuperación. En 2018, con el cambio de Gobierno, hubo un acuerdo para iniciarla, pero ahora la curva de la recuperación del empleo público se está aplanando", indica Purificación Frías, secretaria general del sector de la AGE en CCOO.

"La situación es insostenible y vamos camino del colapso", coinciden fuentes de CSIF, que reclaman al Gobierno "que aparque la propaganda, que elimine de una vez la tasa de reposición y diseñe una oferta de empleo público a varios años con objetivos concretos".

¿Qué es la tasa de reposición?

Se trata de uno de los indicadores clave de la gestión de los servicios públicos, ya que señala cuántos de los empleos perdidos en un año, en su práctica totalidad por jubilaciones, se recuperan, ya sea con interinos o con ‘propietarios’ de esas plazas.
Montoro, que vetó específicamente el aumento de las plantillas municipales en los casos de rescate de servicios, la situó en los años de mayor holgura en el 50%, lo que supone que solo se recuperaba la mitad del empleo que se iba perdiendo.

La OPE de este martes, según explican fuentes de Hacienda, contempla, tal y como figura en los vigentes Presupuestos Generales del Estado, una tasa de reposición del 110% en los sectores considerados prioritarios y un 100% en los restantes, lo que equivaldría a una congelación en el segundo caso y una ligera ampliación de las plantillas en el primero, que incluye, entre otros, ámbitos como los de Hacienda, Seguridad Social, Policía, Guardia Civil, Emergencias, Inspección de Trabajo y Servicios Sociales.

Las mismas fuentes califican de "expansivo" el planteamiento, cuyo objetivo sería transitar hacia una Administración "más profesionalizada". "Es importante el número, la cantidad de plazas que se plantean, pero también saber qué profesionales queremos seleccionar y qué talento queremos atraer", indican. En este sentido, la oferta de puestos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas crece un 37%.

¿Va a ser suficiente ese empujón?

Los sindicatos lo ponen en duda. "En la última década se han perdido más de 40.000 empleos públicos, lo cual supone un total del 22% del total de recursos humanos de la AGE", advierten desde UGT. "No se puede incidir en esa tendencia", añaden.

"Necesitaríamos veinte años para alcanzar el empleo estructural perdido en la Administración", anotan fuentes de CSIF, que recuerdan cómo "en los últimos diez años se han perdido aproximadamente 50.000 empleos", 9.120 de ellos en 2020, y llaman la atención sobre una plantillas "muy envejecidas" y el 56,3% de cuyos miembros se jubilarán "en menos de nueve años". La edad media de los empleados públicos supera con creces los 50 años.

¿Cómo se llega a una situación así?

Los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas dan bastantes pistas sobre los efectos de los recortes de Rajoy y Montoro sobre las plantillas de la AGE, en las que hasta 2018 entraba menos gente de la que salía por jubilación.

La evolución de esos registros entre enero de 2002 y de 2021 presenta dientes de sierra cuyos valles coinciden con los gobiernos presididos por el PP: Aznar suprime 22.000 empleos, Rodríguez Zapatero genera 42.000, Rajoy elimina 70.000 y Sánchez ataja la caída.

Todo ello, obviamente, con matices; algunos de los cuales pueden resultar tan sorprendentes para quien no maneja a menudo estos datos como normales para quien sí lo hace. Ocurre, por ejemplo, con la supresión de empleos en el ejército y las fuerzas de seguridad con los gabinetes conservadores (-8.000 con Aznar y -23.500 con Rajoy) y su incremento con los progresistas (+47.000 con Zapatero y +5.800 con Sánchez).

De hecho, esos dos ámbitos y el judicial son los únicos que ahora tienen más plantilla que cuando Rajoy salió del ejecutivo con la moción de censura, aunque, salvo en el caso de los tribunales, con notables mermas en relación con cómo se encontraban cuando este llegó a La Moncloa.

Tampoco los ayuntamientos han superado los efectos que las restricciones y recortes de aquellos años tuvieron en sus plantillas, algo que, por el contrario, sí ha ocurrido en unas comunidades autónomas que ya gestionan casi dos terceras partes del personal de las administraciones y que con la pandemia se han visto obligadas a reforzar los servicios sanitarios y los educativos, los cuales, con 1,39 millones de empleados incluyendo los de las universidades, ya suman más de la mitad del total. Eso tira al alza de la plantilla global.

¿Cuáles son los servicios más tensionados?

Los sindicatos consultados coinciden en señalar a algunos de los que más han visto aumentar su tarea con la pandemia y con la crisis asociada a esta, caso del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, a los que se añaden otros como Tráfico, la Agencia Tributaria o Instituciones Penitenciarias.

"Propusimos reforzar esas plantillas mediante una convocatoria extraordinaria de empleo", explica Frías, para quien "aunque con esta OPE crece el empleo, no se cumplen las necesidades de crecimiento para prestar los servicios en condiciones al ciudadano, que no puede perder el derecho a ser atendido por un empleado público".

La responsable del sector de la AGE apunta, por último, dos tendencias que le resultan inquietantes: el creciente volumen de externalizaciones de funciones y de servicios, como ocurre en las confederaciones hidrográficas hacia Tragsa y en Tráfico hacia los gabinetes privados, y el cambio de modelo hacia "un esquema de pirámide invertida con cada vez más control y gestión y menos atención directa al ciudadano".

¿Todos los empleados públicos son funcionarios?

No, para nada. El último Boletín Estadístico, el de enero de este año, reseña cómo poco más de la mitad (1,44 millones, 53,3%) tienen la plaza en propiedad, algo cuya frecuencia varía en función del tipo de administración en el que esté empleado y que supera el 80% en el Estado para no llegar a la tercera parte en los entes locales, provinciales e insulares.

Poco más de la quinta parte (605.901, 22,3%) son personal laboral, que mantiene con las administraciones un vínculo similar al del sector privado (incluye a las plantillas de las empresas estatales, autonómicas y municipales), ya sea con contrato indefinido o temporal, mientras el resto (659.700, 24,3%) aparecen en el apartado de "otro personal", que incluye a los eventuales y a los interinos, buena parte de los cuales se encuentran en puertas de una regularización que les permitirá jubilarse trabajando en un empleo público sin haber superado una oposición para acceder a él pero en el que superan los plazos de temporalidad tolerables.