El reguero de anuncios de traslados de domicilio social fuera de Catalunya por parte de varias firmas catalanas ante la escalada independentista en la región tendrá un impacto fiscal mínimo, dijo el viernes el presidente de los asesores fiscales del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín.

"Es una cuestión de imagen", dijo Jesús Sanmartín, en medio del incremento de la inquietud entre inversores y empresas en Catalunya ante la posibilidad de que el Gobierno catalán declare unilateralmente la independencia de la región tras el referéndum secesionista del pasado domingo.

"El efecto económico es ridículo, salvo que realmente trasladen sus sedes efectivas, con sus trabajadores, su actividad económica, entonces cambiaría radicalmente", añadió, subrayando el potencial desplome en ese caso de la actividad y la renta en Catalunya.

El Gobierno español tiene previsto aprobar este viernes una modificación reglamentaria para facilitar el cambio de sedes sociales, con CaixaBank en el punto de mira después de que Sabadell anunciara el jueves su traslado a Alicante.

El traslado de domicilio social es un acto administrativo y no implica el movimiento de plantilla o deslocalización de producción (lo que sí tendría importantes efectos tributarios en el reparto de la parte autonómica del impuesto sobre la renta o el IVA), pero supone un gran revés de imagen para el movimiento independentista catalán.

El Impuesto de Sociedades, el gran tributo que pagan las empresas, lo recauda el Estado, por lo que cambiar de sede dentro de España no tendría ningún efecto en las arcas de Catalunya (al menos, mientras no declare la independencia).

El traslado sí tendría consecuencias en un impuesto local, el de actividades económicas, pero Sanmartín lo consideró "insignificante" económicamente.

Tras el traslado de la crisis política a los mercados financieros, los movimientos empresariales pretenden generar confianza a accionistas y clientes ante la incertidumbre por las impredecibles consecuencias de una eventual independencia, incluida la potencial salida de la Unión Europea, dijo el experto del Consejo General de Economistas.

El Gobierno prevé recaudar este año unos 200.000 millones de euros en impuestos, de los que unos 78.000 millones corresponderían a IRPF, otros 68.000 millones a IVA y unos 25.000 millones a Sociedades.

Las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) dependen tributariamente de la recaudación del Estado, y sus ingresos por impuestos propios representaron solo el 2,2% del total en 2015, según cifras del Colegio de Economistas.