"La casuística ha sido caprichosa este año", admiten en el Ministerio de Inclusión ante la situación que va a darse en unas semanas: el desmesurado nivel que la inflación ha mantenido a lo largo del último año ha abierto una puerta para convertir en inocuos los recortes de las prestaciones establecidos como penalización para desincentivar la jubilación anticipada.

Salvo en el improbable caso de que la inflación interanual de noviembre, que el INE (Instituto Nacional de Estadística) prevé estimar como avance el martes 29 y dar como dato definitivo el 14 de diciembre, cayera más de seis puntos en un mes tras haber encadenado once por encima del 6% y resultara inferior al 1,3%, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad tendrán a partir de enero una revisión al alza del 8% o más.

Y esa subida equivale a ofrecer a quienes se están planteando jubilarse de manera anticipada la posibilidad de enjugar de un mes para otro, concretamente de diciembre para enero, las penalizaciones que, según establece la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, deberían sufrir en su pensión por adelantar su retiro hasta un año y medio, lo que al mismo tiempo se convertiría en un acicate para decidirse por esa anticipación precisamente en el primer año que se endurecen sus consecuencias económicas.

Esa circunstancia ha hecho que desde hace unos meses comiencen a menudear las consultas en asesorías laborales, gestorías y sindicatos sobre las consecuencias económicas que tendría para los afectados un eventual adelanto de su jubilación a antes de que termine 2022.

Aplazar el recorte a diciembre para recuperarlo en enero

"Las estadísticas todavía no recogen que eso esté ocurriendo. De hecho, están aumentando las jubilaciones demoradas", señalan fuentes de Inclusión.
La explicación para esa calma tendría que ver, en todo caso, con las propias normas de tramitación de las prestaciones de jubilación de los trabajadores, que por una parte se conceden de manera retroactiva a la fecha de la baja en la empresa en los 90 días siguientes a la misma y cuya cuantía, por otra, se calcula en función de los meses de adelanto sobre la edad oficial de retiro cuando este comienza de manera anticipada.

Al aplicarse la subida en enero, lo previsible sería que el grueso de las peticiones extraordinarias de adelanto se realizara sobre bajas formalizadas en diciembre, ya que eso permitiría que al mes siguiente las cuantías de las pensiones se vieran incrementadas en torno a ese 8%.

Con la edad de jubilación ya por encima de los 66 años, el acceso a la jubilación anticipada requiere tener 64 años y dos meses si se han cotizado menos de 37 y medio o solo 63 cumplidos si se supera esa carrera, con más de 35 en cualquiera de los dos casos. El adelanto es de un máximo de 24 meses a partir de esas bases.

A partir de ahí, a la prestación correspondiente se le aplican unos coeficientes reductores que llegan al 8% si la jubilación se adelanta hasta 17 meses cuando se han cotizado hasta 38 y medio y si se anticipa en 18 cuando se ha trabajado más de 44.

La subida de enero compensaría por completo ese recorte en ambos casos al mismo tiempo que atenuaría las rebajas de las prestaciones previstas para los adelantos superiores a los 18 meses. Estos alcanzan en el caso de mayor presión el 21%, un descuento de algo más de un euro de cada ocho.

Para que la subida de comienzos de año superara el 8,5% previsto por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado el IPC interanual de noviembre debería pasar del 7,3%.

Aumentan los retiros demorados

El endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada es, junto con las primas a su demora y la creación de un nuevo fondo de previsión, una de las tres patas de la batería de reformas aprobada por el Congreso para hacer frente al retiro de las generaciones del baby boom tras el consumo de la hucha de las pensiones por los gobiernos de Mariano Rajoy durante la gran recesión.

Los datos de la Seguridad Social sobre la edad real de jubilación apuntan a que esta ha ido creciendo y a que están aumentando los retiros demorados.

Concretamente, la cifra de quienes se jubilan con 65 o más años superó en 2021 los 195.000 y lleva camino este año, o al menos lo llevaba hasta septiembre, de alcanzar los 200.000 si se mantiene el ritmo, un volumen entre un 7% y un 10% superior al previo a la pandemia.

Paralelamente, la edad media de jubilación ha crecido medio año desde 2014, en una tendencia que se ha ido intensificando desde entonces.
La anticipación o la demora del retiro no supone, en cualquier caso, una decisión simple ni generalizada en un país en el que la cuantía de las prestaciones es más escasa que magra y en la que los procesos de expulsión del mercado laboral conviven con una normativa que mantiene aspectos penalizadores también cuando existen largas carreras de cotización.

"Estamos en un periodo de transición"

"Hay un problema de necesidad de mano de obra. Se está produciendo un envejecimiento de las plantillas en sectores estratégicos como la universidad o la sanidad, donde no hay relevo generacional y las instituciones comienzan a dar incentivos para retrasar la jubilación, y faltan trabajadores en el sector primario y en otros", señala Ruth Vallejo, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Zaragoza.

"Cuando uno se da cuenta de que le quedan menos años de los que ha vivido se plantea muchas cosas, salvo que tenga obligaciones" familiares o económicas, indica la profesora, que anota cómo a menudo el retraso de la edad de jubilación tiene relación con otro que previamente se da, y cada vez con más frecuencia, en la incorporación al mercado laboral y que recorta las carreras de cotización.

"Estamos en un periodo de transición como sociedad, y hay que irse adaptando. Por eso es tan difícil cuadrar cuestiones como las del Pacto de Toledo: vamos con previsiones a largo plazo y las cosas cambian a mucha velocidad", añade Vallejo.